Colaboración eficaz y prisión preventiva

Humberto Campodónico
24 Abr 2019 | 0:29 h

El acuerdo criminal inicial supone que ninguna de las dos partes tiene algún incentivo para delatar a la otra. Pero cuando una es descubierta y enfrenta prisión, la cosa es distinta

En diciembre del 2016 el Departamento de Justicia de EEUU anunció que Odebrecht admitió su culpabilidad y aceptó pagar una penalidad de US$ 3,500 millones a EEUU, Brasil y Suiza para resolver los cargos originados por los sobornos a funcionarios de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros.

Este “Plea Agreement” le da la estocada final al ya preso Marcelo Odebrecht: él y 70 altos funcionarios aceptaron hablar y pidieron a cambio reducciones de condena y que no se disuelva la empresa, que incluso sería monitoreada en su “nuevo rumbo” por el Departamento de Justicia de EEUU.

Aquí comienzan la llamada colaboración eficaz (delación premiada, en portugués) que ha provocado enormes discusiones. ¿Hasta dónde se puede creer en la confesión de alguien que ha delinquido y que quiere salvar su propio pellejo? 

Si se necesitan dos para bailar el tango, ¿por qué uno de los dos delincuentes ve reducida su pena, mientras que al otro se le condena a muchos años de cárcel? ¿Cómo saber si el delator dice toda la verdad o “solo” la parte que le interesa? 

La delación premiada tiene algo de perverso: el acuerdo criminal inicial supone que ninguna de las dos partes tiene algún incentivo para delatar a la otra (pueden tener, incluso, una relación de amistad). Pero cuando una es descubierta y enfrenta 15 o 20 años de prisión, la cosa es distinta: el delator cambia las reducciones de su condena por la pérdida de libertad del exsocio/amigo.

Los argumentos a favor y en contra son interminables. Por eso es indispensable tomar posición: si queremos saber toda la verdad acerca de la corrupción (cómo ocurrió, quiénes son los responsables, cuánto robaron) para curar la moral del país, entonces se acepta la colaboración eficaz. Eso sí: se exigen pruebas, correos electrónicos, grabaciones, registros de depósitos en cuentas bancarias, etc. 

Aquí entra la prisión preventiva, como estrategia de las fiscalías, no solo para evitar la fuga o el entorpecimiento de la pesquisa, sino también como un medio de obtener más pruebas para llegar a la verdad –delgada línea roja difícil de cumplir en toda ocasión–, lo que también puede llevar a nuevas delaciones premiadas. 

Hay distintos tipos de delitos: una cosa es financiar partidos políticos (práctica común mucho antes de Odebrecht; a propósito, ¿ningún grupo peruano financió alguna campaña?). Y otra es la coima para obtener una obra, forzar una adenda o comprar árbitros. Eso fue lo que Barata ratificó ayer: que las consorciadas peruanas sabían de los sobornos por el Metro de Lima y la Interoceánica.

La corrupción sistémica de Odebrecht –que revienta el 2016– relatada por Francisco Durand es distinta de la corrupción colonial, oligárquica y dictatorial analizada en el indispensable libro de Alfonso Quiroz –fallece en el 2013–. La colaboración eficaz de examigos (ahora también se acogen las empresas) y la prisión preventiva de la autoridad judicial se revelan de súbito. Esa es su novedad.

Debemos tener cuidado con la polarización que algunos azuzan a raíz del suicidio de Alan García. Como dice Antonio Maldonado: “Las víctimas no son los expresidentes investigados, sino las naciones y países donde se dieron los casos de corrupción. No son esquemas que apuntan a proyectos determinados, sino que afectan un concepto de derechos humanos y la expectativa de un desarrollo nacional. Es tener a toda una Nación como víctima” (La República, 22/04/2019).

Video Recomendado