Argentina: Glovo ni Rappi podrán hacer delivery en bicicleta

La República
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Una de las razones es porque cerca del 70% de los repartidores realizaba esta actividad sin seguro alguno.

Un duro golpe sufrieron las aplicaciones que ofrecen el servicio de delivery en Argentina, luego que la Justicia de ese país le ordenara al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que a partir de la fecha se prohíba la actividad de las empresas de Rappi, Glovo y Pedidos Ya.

Esta medida tendrán que acatar los repartidores que no cumplan con las medidas de seguridad que exige el código de tránsito y transporte de la ciudad. 

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El juez que dictó esta medida fue Andrés Gallardo, titular del Juzgado N°2 en lo contencioso administrativo y tributario, quien añade que el Ejecutivo porteño "subsidie" a los repartidores durante el tiempo que estén impedidos de prestar servicios.

En la resolución se indicó que de los más de 400 repartidores en bicicleta, el 77% circulaba con el portaobjetos en la espalda, el 70% realizaba la actividad sin seguro alguno y el 67% laboraba sin casco. Asimismo, el Ministerio de Salud de la ciudad señaló que en un mes se atendieron 25 víctimas de accidentes de tránsito en la vía pública mientras se desempeñaban como delivery.

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Se detalló que las otras faltas que incurren estas empresas es que no están inscritas en el Registro Único de Transporte en Motovehículo y/o Ciclorodados (RUTRAMYC).

"Resulta paradójico entonces, que aún reconociendo que ninguna empresa está habilitada a prestar el servicio en cuestión, y a pesar de expresa prohibición contenida en la ley, las calles de la ciudad están plagadas de conductores de bicicletas que sin casco y sin protección adecuada realizan reparto a domicilio a nombre de las empresas Rappi, Glovo y Pedidos Ya. También sorprende que a casi un año de la vigencia del decreto reglamentario 198/18, las autoridades locales continúen limitándose a reunirse con los dueños de dichas empresas, en lugar de exigirles el estricto cumplimiento de la ley", se aprecia en el fallo.

Cabe indicar que las personas que ofrecen este servicio no son empleados sino colaboradores, por lo que no trabajan para ellos. En este sentido, el ingreso que dejarán de percibir por salir a repartir, deberá ser asumido por el Gobierno Porteño, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, según el Clarín.