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Decreto Nº 1442 impide la negociación en materia salarial dentro del Estado

La Republica

Laboral. Para abogado laboralista Javier Neves, estamos ante un decreto inconstitucional. Normativa fue dispuesta por el Ministerio de Economía.

El Gobierno publicó el pasado domingo un Decreto Legislativo (DL) que, además de eludir su responsabilidad encargada por el Congreso para regular la negociación colectiva, anula el justo derecho de los trabajadores públicos a negociar mejores salarios.

El DL 1442 implementa la Planilla Única de Pago del Sector Público, un registro con los ingresos de cada uno de los trabajadores públicos. Dicha planilla se encuentra bajo el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos.

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Precisamente, para seguir las reglas de la Planilla Única, se establece que las entidades deben cumplir con entregar a sus trabajadores 12 remuneraciones al año, una bonificación por escolaridad, una gratificación por Fiestas Patrias y otra por Navidad.

Se precisa que los montos son fijados por la Ley de Presupuesto. Además, deben ser reglamentados mediante Decreto Supremo del MEF.

No obstante, la afrenta contra el trabajador estatal radica en el artículo 16. En este se obliga a las entidades públicas a cumplir con los lineamientos de la Planilla Pública o, de lo contrario, se comunicará a la Contraloría General de la República mediante un informe "donde se detalle el impacto fiscal". Dicho informe busca que la Contraloría "actúe dentro de sus competencias". De este modo, ningún gobierno regional o local, Essalud y demás entidades públicas podrán cumplir con algún pedido de sus trabajadores quienes, a través de negociaciones colectivas, exigen aumentos salariales.

Inconstitucionalidad

Para el abogado laboralista, Javier Neves Mujica, el DL 1442 representa un acto de inconstitucionalidad.

"El DL 1442 se ha ocupado únicamente de los incrementos remunerativos unilaterales del Estado, dando la impresión de que no hay otra vía para disponerlos. Estamos ante una flagrante inconstitucionalidad", señaló.

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Recordó también que existe un mandato claro del Tribunal Constitucional para regular este ejercicio sindical. "El mandato del Tribunal Constitucional al Congreso, y de este al Gobierno, fue el de regular la negociación colectiva en el Estado. Vencido el plazo, ninguna norma ha cumplido ese encargo", acotó.

En tanto, para el laboralista Germán Lora, el DL no tiene por qué entenderse como aquel que debe regular la negociación colectiva.

"El encargo al Gobierno debe materializarse en una ley especial. Toca esperar a que el Congreso cumpla con la legislación del Tribunal Constitucional", agregó. 

Entidades del Estado que están incluidas

- La norma especifica que el Decreto Legislativo 1442, publicado por el Gobierno, aplica para los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, ONPE, Reniec, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la SBS y demás entidades públicas del sector no financiero.

- Incluye también a los gobiernos regionales y locales, universidades públicas, organismos públicos a nivel regional y local.

- Las empresas en el ámbito de Fonafe también están incluidas y también la Caja de Pensiones Militar Policial y Essalud. En el sector financiero se incluye al Banco Central de Reserva del Perú, entre otros.

- El DL lleva la firma del presidente Vizcarra y del ministro Carlos Oliva.