Lucía Dammert: “El populismo punitivo es parte del problema, no la solución”

Lucía Dammert es una reconocida académica, especialista en temas de seguridad ciudadana en América Latina. Acaba de publicar, tras dejar el cargo de jefa del equipo de asesores del presidente chileno Gabriel Boric, el libro Contra el populismo punitivo. Retrato de un país inseguro y la inutilidad de las políticas de “mano dura” (Planeta, 2022), donde analiza un tema que padecemos a diario y nos puede llevar a la desesperanza: el de la inseguridad, la violencia, el crimen.

La socióloga y doctora en Ciencia Política llama “populismo punitivo” al mecanismo que utiliza la política para tratar de enfrentar los problemas de violencia y criminalidad, “una política que no sirve para enfrentar el crimen ni la violencia”. El libro es un llamado de alerta a no normalizar la violencia delincuencial.

¿El populismo punitivo suele aparecer en tiempos electorales? Porque en las últimas elecciones acabamos de conocer propuestas como capturar 200 ladrones al día, comprar 10,000 motos, utilizar policías terna…

Suelen aparecer, sí, pero en el libro también mostramos que, en el caso peruano, frente a la desesperación de no saber verdaderamente cómo atacar el problema o no ser capaces de implementar políticas un poco más sofisticadas, uno encuentra que el populismo punitivo está presente a lo largo del tiempo. Por eso las discusiones en el Congreso sobre el tema de seguridad se concentran casi únicamente en el aumento del castigo. Por supuesto, en los periodos electorales buscan responder a la ansiedad ciudadana, que es real, la gente tiene miedo y quiere que alguien le resuelva el problema y la respuesta más sencilla cala en la gente, no necesariamente la más efectiva.

¿Al populismo punitivo le conviene la banalización de la violencia y que se vea la inseguridad ciudadana como algo normal?

Yo diría que el populismo punitivo es como una reacción desde el desconocimiento. Cuando tú realmente no sabes qué hacer frente a un fenómeno, como el de la violencia, el aumento de robos, de violaciones, etc., asumes que la única forma de resolverlo es aumentando los castigos. Creen que de alguna forma mágica aquel que comete los delitos va a sentarse y decir “ah, bueno, si tengo que ir a la cárcel, entonces no cometo el delito”. En el fondo, el populismo punitivo tiene consecuencias muy costosas para la sociedad. Es parte del problema y no de la solución.

En el libro dice que del 2001 a agosto del 2022 hemos tenido 40 ministros del Interior y que de 1991 al 2013 el Código Penal se ha modificado hasta 481 veces, ¿eso habla de nuestra incapacidad para resolver los problemas de la seguridad ciudadana?

Sí, revela que los temas de seguridad son temas mucho más complejos. Hoy en día la seguridad es un tema mucho más político que uno únicamente técnico. Y el libro está estructurado reconociendo las debilidades institucionales; la incapacidad para resolver los problemas que lleva a esta abundancia de cambios en el Código Penal. Decimos que la crisis política, de debilidad de las instituciones, de los gobiernos, de aumento de los hechos de corrupción, no permite enfrentar el crimen de una buena forma. O sea, la violencia y la delincuencia requieren políticas de largo plazo. Con tantos ministros que llegan con equipos enteros y cambian las directrices casi por completo lo que se tiene es un constante despertar en la línea cero, mientras las organizaciones del delito van sofisticando su accionar, aumentando niveles de violencia, complejizando redes.

¿Este populismo punitivo se identifica con algún sector político?

Supuestamente, está mucho más vinculado con las derechas. Pero eso ha escapado hace dos o tres décadas en América Latina a la visión de derecha y te diría que lamentablemente es una herramienta utilizada por prácticamente todo el espectro político.

¿Esta idea de la “mano dura” atraviesa todos los niveles políticos? Recuerdo que Keiko Fujimori la planteó en las elecciones y a nivel distrital igual lo hicieron muchos candidatos.

Sí, bueno, hay un problema real de inseguridad, de impunidad, de presencia de organizaciones, de violencia contra las mujeres. Y ante esos problemas reales, la respuesta del Estado en las últimas tres décadas ha sido una respuesta ultra insuficiente. Entonces, cada vez que hay una elección, ante la necesidad de decir algo ante estos problemas reales, todos terminan diciendo ‘voy a poner más policías’ o ‘voy a dar la oportunidad para que los ciudadanos se armen’. O ‘la pena de muerte’. Lo peligroso es que los políticos juegan con fuego, porque al no enfrentar la violencia, esta aumenta.

En el libro se sostiene que el problema de la inseguridad, de la criminalidad, debería verse como un problema global.

Sí, pero además es un problema complejo que te obliga a reconocer bases sociales estructurales. Cuando tú vas a un país con altos niveles de violencia en general, con altos niveles de violencia contra las mujeres o en el hogar, con problemas de consumo de drogas, con nivel de deserción escolar enorme, con niveles de analfabetismo funcional, todo eso genera un mundo donde la ilegalidad es la normalidad, y en Perú la ilegalidad como norma no es solamente la delincuencia del choro de la esquina, también se ve en la corrupción, en las colusiones, en una cantidad de otros procesos donde al final parece que el tarado, el que no sabe, es el que cumple con la ley y el vivo es el que no la cumple. Es un fenómeno mucho más grande y esperaría que el mundo de la política en vez de responder desde lo fácil aproveche para dar respuestas estructurales a problemas estructurales, no está pasando.

¿A la clase política le conviene que esa narrativa se mantenga, porque ante el temor proponen populismo punitivo?

Puede que a alguna gente sí. Pero al final del día se pone en riesgo la calidad de vida y la sobrevivencia democrática del país. Porque yo te digo estamos jugando con fuego. El camino hacia la construcción de estados mafiosos, hacia la violencia como norma de socialización, hacia la normalización de la justicia a mano propia, te hace sentir que en realidad el castigo es la solución y verdaderamente no lo es. En el largo plazo tiene implicancias más estructurales, en relación a la calidad misma de la democracia que se está construyendo o del proceso político que se construye.

¿También contribuye al populismo punitivo la desconfianza en las instituciones, ya sea el Congreso o las que participan directamente en la seguridad como la Policía?

Por supuesto, porque la sensación que hay es que nada funciona, que todo es lento, que todo es poco eficiente, incluso corrupto. La aplicación de la puerta giratoria -que está muy instalada como realidad y como percepción- te lleva la desesperación a decir, “mira, resuelvan de alguna forma, ya no me importa cómo, pero resuelvan este fenómeno”. Por eso es que es tan malo la rotación permanente de mandos policiales, de ministros, porque genera inseguridad en la población.

Entonces, ¿cómo se debe pensar la seguridad ciudadana?, ¿en términos de seguridad humana, de desarrollo social, de prevención?

Mira, todos los anteriores. Tenemos que pensar que en países con la complejidad delictual que hay en el Perú necesitamos enfocar la seguridad desde los temas sociales más estructurales que requieren ser intervenidos. Y, por otro lado, también en capacidades policiales y de justicia, mucho más efectivos para lidiar con las organizaciones criminales, con los mercados ilegales, y se necesita concentrarse en lavado de activos, tener más capacidad de inteligencia, de investigación y, paradójicamente, la mano dura te permite concentrarte en el ladrón de la esquina, pero te inhibe de fortalecer la respuesta a los temas más complejos. El tema de la seguridad requiere de esas dos miradas y en las dos miradas tiene que haber castigo. No estoy diciendo que el castigo sea per se malo, lo que digo es que concentrarse solo en la lógica del castigo lo único que hace es fortalecer la lógica de la violencia.

¿En este tema de la seguridad podemos ser pesimistas? Porque lo cierto es que la solución está en manos de los políticos, y sabemos qué tipo de políticos tenemos.

Creo que tenemos que empezar a reconocer que en una ciudad donde un porcentaje importante de la población no tiene cobertura policial, donde es imposible hablar de una política de seguridad de verdad, al final los que viven seguros son aquellos que se compran seguridad aumentando los niveles de desigualdad. También la política tiene que reconocer que en este jugar con fuego ya como que nos andamos medio quemando, porque nada de lo muy poco que se ha hecho en los últimos 25 años ha sido efectivo o eficaz para limitar el problema de las violencias y la criminalidad. Para el ciudadano que es extorsionado y que siente que no tiene a quien recurrir, lo peor que uno le puedo decir es que la solución es aumentar la pena a la extorsión, lo que se necesita es una capacidad institucional para tomar preso al extorsionador y eso no está sucediendo con más o menos penas. Y se necesita un sistema de justicia que funcione mejor. Y creo que es imposible tener seguridad en un país donde, por ejemplo, el financiamiento de la política es permanentemente puesto en cuestión. Si eso ocurre, el ciudadano se siente abandonado.