Ideas para combatir el horror

Cada día que pasa, quince niños, niñas y adolescentes son abusados sexualmente en el Perú. Algunos son después asesinados. Enterrados. Quemados. Otros sobreviven para iniciar una vida de dolor incesante. El caso de la niña de tres años ultrajada por Juan Antonio Enríquez García en Chiclayo nos recordó esta tragedia. Cada día, quince menores de edad peruanos deben enfrentarse al horror. La respuesta del Gobierno a esta problema ha sido presentar un proyecto de ley para aplicar la castración química a los violadores de personas de más de 14 años apenas hayan cumplido su condena. Según los expertos, es una medida que no ataca el fondo de la cuestión.

Primero, dice la abogada Beatriz Ramírez, porque el sistema no tiene cómo asegurarse de que los agresores excarcelados acudan a ponerse la inyección que disminuirá su libido. Pero más importante aun, porque las violaciones sexuales no son un problema de exceso de libido o de sexualidad irrefrenable. –Las violaciones son un problema de ejercicio del poder y de aprovechamiento de la vulnerabilidad de las personas –dice Ramírez. Expertas como Susana Chávez, directora de Promsex, y Rosa Vallejos, especialista de Save the children, tienen la misma mirada. No es un tema de castración o de pena de muerte. Hay que ir al fondo del problema. Estas son algunas de sus propuestas a corto y mediano plazo.

1) Qué se sepa quiénes son los abusadores

Según la abogada experta en temas de género Beatriz Ramírez, para proteger mejor a nuestros niños, el Gobierno podría comenzar transfiriendo una partida presupuestal al Poder Judicial para que ponga en marcha la web del Registro Nacional de Condenas y, en consecuencia, el subregistro de agresores, aprobado por ley en el 2018. De ese modo, cualquier persona podría entrar a esa web y consultar si el profesor de su hija o el vigilante del condominio, por poner dos ejemplos, fueron condenados alguna vez por homicidio, violencia familiar, violaciones y otros delitos sexuales.

Asimismo, el Gobierno podría disponer que el Ministerio del Interior dote a las comisarías del país de la capacidad de responder a la norma, aprobada en 2020, que permite que cualquier ciudadano o ciudadana solicite los antecedentes policiales de su pareja y otros familiares para saber si alguna vez fueron denunciados por violencia o delitos sexuales. Nada complejo. Solo recursos y decisión política.

2) Procesémoslos rápidamente con funcionarios especializados

La mejor manera de disuadir a un agresor sexual de cometer su delito no es prometerle una condena alta. Es demostrarle que si lo hace, será atrapado y condenado rápidamente. Por eso, Beatriz Ramírez considera que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben seguir ampliando las fiscalías y juzgados especializados en violencia contra las mujeres y otros miembros de la familia. Pero, sobre todo, el Ministerio del Interior debe crear ya la especialización policial en esta misma materia. –Con una policía especializada, la investigación mejora, las pruebas mejoran y mejora la probabilidad de obtener una condena –dice.

Es bueno obtener una condena, pero es mejor hacerlo rápidamente. Y eso se podrá lograr, dice la abogada, si los jueces del país aplican el llamado “proceso inmediato” a los casos de violación sexual de menores cuando se tienen pruebas suficientes. Y si corrigen la costumbre de no dictar condena contra un violador o agresor en segunda instancia cuando descubren que había sido absuelto incorrectamente en primera. Los jueces, dice Ramírez, podrían condenarlo en ese momento, pero prefieren que todo regrese a fojas cero. Los procesos se vuelven infinitos. Las víctimas pasan años atadas a un juicio que solo les causa dolor.

3) Eduquemos a hijos (y padres) sobre cómo protegerlos

Susana Chávez, directora de Promsex, dice que hay un equívoco. En el Perú, las altas tasas de violación no se explican porque haya más varones “enfermos”, “que no pueden contener sus instintos”, que en otros países. Se explican por la desigualdad de género. Y porque hay muchas niñas y adolescentes en situación vulnerable.

Por eso, plantea que se fomenten escuelas para padres en los colegios en las que se informe a papás y mamás sobre las situaciones de riesgo que hay que evitar y las medidas que pueden adoptar para proteger a sus vástagos. Y, a los papás, tíos, abuelos, se les ayude a cambiar las miradas tradicionales sobre los roles de género y el papel de las mujeres.

Por supuesto, hay que educar a los chicos. Rosa Vallejos, coordinadora de Incidencia Política de Save the Children, dice que la educación con enfoque de género y la Educación Sexual Integral (ESI) pueden empoderar a niños, niñas y adolescentes para que tengan claro que nadie puede tocar su cuerpo y que pueden denunciar por sí mismos cualquier situación de violencia.

El enfoque de género contribuye a interiorizar preceptos de respeto entre niños y niñas, eliminar las prácticas sexistas y esa mirada machista de que la mujer es un objeto sexual con la que crecen los futuros agresores –dice.

4) Acompañemos a las víctimas

Pocas experiencias deben ser más atroces en la vida como ser víctima de una violación, mucho peor si se trata de un niño o una niña.

El infierno no acaba cuando se encierra al culpable (si se le encierra). El impacto en la vida de las víctimas es enorme y puede durar mucho tiempo, y el Estado está haciendo muy poco para hacérselo más llevadero.

Por eso Susana Chávez considera que se debe crear un programa de atención a las víctimas de violencia sexual contra menores, que podría estar a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero que se articule con otros sectores, como los ministerios de Salud y de Educación, para ocuparse de que cuenten no solo con asistencia legal sino con asistencia psicológica y que en caso de abandonar la escuela, por haber quedado embarazadas, se creen las condiciones para que pueda regresar lo más pronto posible. Haber sido violadas y, peor aun, haber salido embarazadas, no puede significar la destrucción de sus vidas.

5) Entender el problema y destinarle recursos

Según Rosa Vallejos, de Save the Children, hoy en el Perú no existe un registro único de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de la Mujer tiene sus cifras. La Policía tiene las suyas, lo mismo que el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hoy en día no sabemos cuántos niños han sido violentados hasta la fecha, cuál es el rango de edad con más casos, en qué regiones es más grave el problema. No sabemos cuántos casos de violencia contra menores comenzaron con una denuncia policial y acabaron con una condena efectiva.

Disponer de un registro con toda esa información permitiría, dice Vallejos, entender mucho mejor la problemática e identificar claramente los factores de riesgo. También ayudaría a dirigir más eficientemente los recursos. Recursos que, según la especialista, tienen que ser incrementados necesariamente.