Mujeres acorraladas

Los llamaremos “Mercedes” y “Julio” para proteger su identidad. Cuando Mercedes denunció a su esposo por intento de violación no sabía que estaba abriendo una puerta que la conduciría a un fatigoso proceso de denuncias y contra denuncias que se dilató por seis años.

Julio respondió a la imputación denunciándola por violencia física y, luego, sustracción de un menor (el hijo de ambos). Al poco tiempo, ella le entabló un proceso por pensión de alimentos. A lo que él respondió con una demanda por tenencia y custodia. Ella alegó fraude procesal. Él la denunció por violencia psicológica. Así, entre el 2014 al 2020, el agresor de Mercedes abrió, en total, seis procesos judiciales en su contra. Y para rematar, el sistema de justicia determinó juntar todas las denuncias hechas por ambos bajó el rótulo de “agresiones mutuas”, como si la violencia hubiera venido de ambas partes.

El caso de Mercedes ha sido reseñado en el informe Violencia contra las mujeres: cuando las herramientas judiciales son utilizadas indebidamente por los agresores (2021) de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo en el que se enumeran 19 dramas de mujeres quienes, tras haber sufrido una agresión física, sexual o psicológica, o decidido terminar con su matrimonio, reciben como respuesta de sus exparejas una seguidilla de denuncias que las hacen entrar en un laberíntico proceso legal que termina consumiéndolas.

Un equipo de la Defensoría analizó 19 expedientes judiciales -que contenían más de 60 carpetas fiscales- de exparejas que se habían denunciado más de dos veces y encontró un patrón: “Se trataba de dos personas que tuvieron una relación sentimental que se rompe, la mayoría de las veces, por decisión de la mujer a causa de violencia, y una vez que se separan, el agresor comienza a utilizar las herramientas del sistema de justicia para denunciar hasta lo más mínimo”, dice la abogada de la Adjuntía Patricia Sarmiento.

“Que no me quisiste entregar a mis hijos, te denuncio; si me pides subir la pensión de alimentos, te denuncio; si quiero pasar un día más con mis hijos, abro una demanda por régimen de visitas; que no me gustó cómo me contestaste, te denuncio por violencia”, cita la comisionada la estrategia legal que usan algunos hombres y que consiste en “empapelar” a sus exparejas hasta el agotamiento.

Esta modalidad de hostigamiento se llama acoso a través del proceso judicial, y cobra actualidad porque hace unos días el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lo incorporó en el reglamento de la ley 30364 como una forma de violencia contra las mujeres.

“A través de la interposición de denuncias y demandas se ocasiona un desgaste emocional y económico contra las mujeres víctimas de violencia que limita sus posibilidades de producir y laborar”, indica la Dirección General Contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer.

Es un avance pues el acoso judicial se daba de forma sistemática y, según Patricia Sarmiento, es una práctica muy conocida entre los abogados y operadores de justicia. El propio Poder Judicial reconocía que existía esta problemática llamándola “litigación vejatoria”, que son los “procedimientos judiciales que tienen el claro objetivo de molestar, avergonzar, causar gastos legales a la verdadera víctima con la finalidad de causar daño”, indicaron fuentes del sector Mujer.

* * *

La española radicada en Perú Natalia Manso (48) nos cuenta de primera mano a qué se refieren los informes de las autoridades cuando hablan del desgaste emocional y económico que origina esta forma de hostigamiento. En los últimos tres años, su exesposo le abrió 11 procesos judiciales tras haberse disuelto el matrimonio y en respuesta a la denuncia por maltrato psicológico que hizo ella.

Desde entonces, la docente universitaria y empresaria tiene que repartir su tiempo entre las idas y venidas a comisarías, fiscalías y juzgados, su trabajo y el cuidado de sus dos hijas: “Tienes que acudir a las audiencias, cumplir con las pericias, enviar documentación. El desgaste es brutal, y hay que cumplir con todas las diligencias, no importa si tienes que salir en horario de trabajo o si tus hijas tienen cita en el pediatra”.

Manso asegura que su exesposo le llegó a interponer la misma denuncia en dos comisarías de distritos diferentes, es decir, cada una siguió su curso en paralelo y la obligó a hacer las mismas declaraciones y diligencias por duplicado: “Tienes que probar que la denuncia está duplicada, tienes que pagar extra a tu abogado, tienes que declarar e ir a evaluación psicológica muchas, varias, reiteradas veces”.

Señala, además, una serie de situaciones sospechosas que dilatan sus procesos judiciales: “Las notificaciones nunca llegan; el expediente no llega el día de la audiencia y se tiene que reprogramar […] una vez llevé a mis hijas a pasar un peritaje en medicina legal a las 8 a.m. -un lugar no muy agradable de visitar- y el fiscal no se apareció”.

Al desgaste psicológico se le suma el desembolso económico. Hay que pagar los honorarios del abogado, los gastos de movilidad para acudir a las audiencias, las visitas al juez, a los juzgados para la lectura de expedientes, una larga lista que el informe de la Defensoría cita, haciendo hincapié que estos costos adicionales consumen los ingresos de la mujer así como su tiempo, que ya no podrá invertir en relajarse, estudiar e incluso atender a los hijos, porque, usualmente, ellas se hacen cargo del cuidado.

“Felizmente tengo la suerte de trabajar y soy capaz de solventar los gastos que son enormes, pero imagino a las mujeres que han empapelado como a mí y dependen de un abogado de oficio […] en menos de seis meses, este sistema de acoso legal las habrá noqueado, no hay bolsillo, ni nervios que lo soporten”, dice Manso.

Al reconocer al acoso judicial como forma de violencia contra la mujer, finaliza la comisionada Sarmiento, los operadores de Justicia podrán identificar casos típicos, darles un tratamiento con perspectiva de género, y evitar la sobrecarga procesal.