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Las sombras de Baker McKenzie

El mayor despacho de abogados de Estados Unidos juega un rol clave en la economía offshore. Una investigación global arroja que asesora a magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios para ocultar sus riquezas o evadir impuestos. Esta es una versión resumida del informe de ICIJ.

440 empresas offshore contaron con asesoría del bufete. Foto: difusión
440 empresas offshore contaron con asesoría del bufete. Foto: difusión

Por Sydney P. Freedberg, Agustin Armendáriz y Jesús Escudero (ICIJ)

Cuando los multimillonarios, las multinacionales y las personas con conexiones políticas pretenden ocultar su riqueza o evadir impuestos, recurren con frecuencia a Baker McKenzie, el bufete de abogados corporativos más grande de Estados Unidos, con sede en Chicago, que cuenta con 4.700 abogados en 46 países y percibe ingresos de 2.900 millones de dólares anuales. ”No hacemos negocios con personajes de mala reputación”, dice en su código de conducta empresarial, sin embargo, detrás de estas declaraciones tan solemnes hay una realidad evidente: Baker McKenzie es una pieza clave de la economía en la sombra, a menudo llamada offshore, que son empresas registradas en paraísos fiscales.

Una investigación realizada y publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) -y la plataforma Convoca, su socio en el Perú- revela cómo Baker McKenzie ha ayudado a las multinacionales y a los adinerados a evadir impuestos y evitar el escrutinio mediante el uso de sociedades instrumentales, fideicomisos y complejas estructuras en paraísos fiscales. Estos instrumentos, envueltos en el secreto, albergan enormes riquezas: casas, yates, acciones y dinero que, en ocasiones, tiene un origen turbio.

Entre sus clientes figuran personas y empresas relacionadas con la corrupción política, regímenes autoritarios y prácticas empresariales fraudulentas:

Por ejemplo, el prófugo Jho Low, quien fuera asesor de Najib Razak (el entonces primer ministro de Malasia) recurrió profusamente a las filiales de Baker McKenzie. Actualmente, es acusado de pergeñar un saqueo multimillonario de un fondo de inversión público y es reclamado por Malasia, Estados Unidos y Singapur.

Rostec, un fabricante de armas ruso, sometido a sanciones internacionales por conducta indebida, es una de media docena de empresas rusas controladas por el Estado que han adjudicado contratos a Baker McKenzie.

Hasta Apple, que se definía como el “mayor contribuyente del mundo”, recurrió al poderoso bufete para que le ayudase a encontrar un paraíso fiscal, covirtiéndose así en el preclaro ejemplo internacional de la evasión fiscal de las empresas en paraísos fiscales.

Más de 600 periodistas han explorado millones de nuevos documentos, llamados ‘Pandora Papers’, filtrados por catorce proveedores de servicios financieros. Y en el listado de banqueros, contables, abogados y agentes de creación de empresas instrumentales, sobresale Baker McKenzie. El ICIJ descubrió que el bufete desempeñó un papel en los asuntos de más de 440 empresas offshore. Generalmente, conectaba a los clientes con proveedores de servicios en paraísos fiscales.

Los documentos filtrados revelan, por ejemplo, que el bufete ayudó a crear sociedades instrumentales en Chipre para el gigante de la alimentación y el tabaco RJR Nabisco. Para Nike, ayudó a crear un refugio fiscal neerlandés. Sus abogados difundieron borradores de acuerdos y se reunieron con representantes de Facebook, que dirigió miles de millones de dólares en beneficios a Irlanda, país de baja tributación.

Frente a estos datos, el bufete señaló a ICIJ que procura prestar el mejor asesoramiento jurídico y fiscal para ayudar a sus clientes a orientarse en el marco de unas normas mundiales “sumamente complejas, en constante evolución y a menudo contradictorias”. “Nos esmeramos en garantizar que nuestros clientes se adhieran tanto a la ley como a las mejores prácticas”, aseguró su portavoz John McGuinness. La investigación de ICIJ señala, además, que Baker McKenzie ha ejercido presión, incluso, en las leyes y reglamentos en todo el mundo. En nombre de los grandes bancos y las grandes empresas tecnológicas, se ha opuesto a las propuestas de los países destinadas a reforzar la supervisión de la regulación financiera y las leyes fiscales.

En Emiratos Árabes Unidos, influenció en la creación de zonas libres, áreas de bajos impuestos y normativas permisivas que propiciaron las actividades ilícitas. En Australia, se opuso a una medida que atajaría la evasión fiscal en paraísos fiscales por parte de las grandes compañías. Y en Estados Unidos, mediante presiones para favorecer a bancos multinacionales, quiso eximir a más clientes extranjeros de las reglas de comprobación en contra del blanqueo de capitales.

En conjunto, el ICIJ descubrió que más de 300 abogados de Baker McKenzie han asesorado o representado a organismos estatales, nacionales o internacionales en asuntos como la legislación fiscal internacional y las reformas anticorrupción. Más de 220 empleados en 35 países han ocupado puestos en organismos gubernamentales como los ministerios de Justicia, las oficinas tributarias, la Comisión de la UE o las oficinas de jefes de Estado.

El análisis del ICIJ destaca también que Baker McKenzie –que se fundó en 1949– fue uno de los primeros defensores de las estrategias de planificación fiscal que permiten a las grandes empresas y a las personas adineradas mover sus beneficios a paraísos fiscales sin tener que trasladar sus operaciones allí.

Destacadas organizaciones internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional, afirman que la escasa regulación de los abogados es un factor clave en la delincuencia financiera mundial.

A diferencia de los banqueros y otros intermediarios en paraísos fiscales, los abogados han escapado al escrutinio, debido al privilegio abogado-cliente, una doctrina que les obliga a mantener la confidencialidad de la información de su cliente. En algunos países, ese privilegio legal exime a los abogados de informar sobre actividades como el blanqueo de dinero a los reguladores gubernamentales.

“Los abogados tienen el deber de hacer algo más que encontrar lagunas legales para el cliente y cobrar cuantiosos honorarios. Que algo no sea ilegal no significa que esté bien”, comenta Richard Painter, catedrático de Derecho de la Universidad de Minnesota.

Como descargo de la conducta del bufete, McGuinness señaló que realiza las comprobaciones debidas de los antecedentes de sus posibles clientes. “En ocasiones, encontramos que realizan posteriormente actividades que no concuerdan con nuestra comprobación inicial, o salen a la luz nuevos hechos que nos llevan a dejar de representarles”.

Baker McKenzie no respondió directamente a muchas preguntas sobre su papel en la economía offshore o por qué su nombre aparece tan frecuentemente en los registros de proveedores de servicios en paraísos fiscales.

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