Desaparecidas

Cada día, 36 mujeres, niñas y adolescentes desaparecen en el Perú. Podrían ser víctimas de violación sexual, trata o feminicidio. Activistas proponen que la desaparición de mujeres sea considerada violencia de género y el protocolo de búsqueda sea modificado para darles prioridad.

La actriz Anaí Padilla participará en “48 horas para encontrarte”, una performance que narra la historia de una madre que busca a su hija desaparecida. Crédito: Amnistía Internacional
La actriz Anaí Padilla participará en “48 horas para encontrarte”, una performance que narra la historia de una madre que busca a su hija desaparecida. Crédito: Amnistía Internacional
Juana Gallegos

Katherine Soto es socióloga de la universidad Federico Villareal, allí conoció a Solsiret Rodríguez, la joven madre que desapareció en 2016 y cuyos restos fueron encontrados cuatro años después, y tras un accidentado proceso policial, en la casa de su expareja. Este hecho marcó profundamente a Soto, que en 2016 fundó la organización Mujeres Desaparecidas Perú, que es muy activa en las redes sociales y recibe a diario mensajes de familias partidas que no saben el paradero de sus hijas, nietas, sobrinas, madres.

“Recibimos entre dos a tres casos al día. Les damos asesoramiento sobre qué acciones deben tomar, cómo deben tomarles la denuncia, qué foto deben llevar”, dice la también activista feminista, que recuerda que hasta hace un año no teníamos cifras oficiales hechas públicas de cuántas mujeres desaparecen en el país a diario.

Recién en 2020 se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renidep), que arrojó cifras preocupantes: el año pasado, en plena cuarentena, se reportaron 11,828 desaparecidas (71% eran menores de edad). Cada día, un promedio de 36 mujeres, niñas o adolescentes, no volvían a sus hogares. Es más, según estas estadísticas, que provienen de las denuncias registradas en la Policía Nacional, desaparecieron más mujeres que hombres, a una proporción de 63% y 37%.

Sonia Paredes, directora de campañas de Amnistía Internacional, considera que la desaparición de mujeres debería valorarse como violencia de género y que su búsqueda debe ser prioridad en la Policía como en la Fiscalía: “Tengamos en cuenta que las mujeres nos encontramos en una situación de violencia permanente y que somos potenciales víctimas de explotación sexual, violencia de género o feminicidio”.

Su opinión se sustenta en el seguimiento que hace la Defensoría del Pueblo a los casos de feminicidio: “De los 107 que reportamos entre enero y agosto de este año, 12 fueron víctimas que habían sido señaladas como desaparecidas”, indica Isabel Ortiz, de la Adjuntía de los Derechos de la Mujer.

Este patrón se cumplió fatídicamente en el caso de Solsiret Rodríguez, cuyos restos mutilados fueron hallados en la vivienda de la familia del padre de sus hijos tras meses de búsqueda. En agosto último, en Jicamarca, Huarochirí, fue hallado el cuerpo de una menor de 17 años que había sido secuestrada y a quienes sus padres buscaban con desesperación. El sujeto que la asesinó ya había estado en prisión por retener y abusar a otra adolescente.

“Mucha gente puede decir que da lo mismo que sea hombre o mujer, que la búsqueda debe ser por igual, y es que no hay conciencia sobre el peligro que conlleva la desaparición de una mujer, esto es algo que debemos internalizar”, comenta Paredes.

Desde el 2020 existe un Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas –coordinado por los ministerios del Interior, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el de Justicia–, que determina el procedimiento que seguirán las autoridades para emprender una búsqueda. Sin embargo, las activistas señalan que hay ciertos aspectos que deben ser modificados para que la policía actúe con urgencia cuando una mujer, niña o adolescente lleva horas sin dar noticia.

Horas perdidas

El protocolo hace hincapié en dos indicaciones que es clave subrayar: primero, que no es necesario que pasen 24 horas para tramitar una denuncia por desaparición; y segundo, que cualquier persona puede ir a la comisaría más cercana a presentarla. A la madre de María Isabel Márquez –joven desaparecida en Chala, Arequipa, en 2018– los policías le dijeron que no podía hacer la denuncia: “Que tenía que hacerlo su pareja, que era con quien vivía, y nosotras sabíamos que él era violento con mi hija”, le dijo Doris Márquez a Amnistía en su informe Las Mujeres que nos faltan.

Como este testimonio hay muchos. Con frecuencia, los familiares de mujeres desaparecidas tienen que enfrentarse a un sistema pobremente sensibilizado, que ignora los procedimientos reglados y que se mueve con lentitud grosera.

Gastón Alvarado carga con el proceso de búsqueda de su hermana desde hace dos años, más de setecientos días sin verla. Karin –de 39 cuando desapareció— fue vista por última vez en el jirón Ayacucho, Centro de Lima, a donde fue a comprar golosinas. En la comisaría de Canto Rey, Gastón tardó más de una hora en poner la denuncia porque no querían aceptársela: “La señora es una mujer adulta, ya sabe lo que hace”, le dijeron. En la División de Personas Desaparecidas de la Dirincri tuvo que hacer presión para que recién a los siete días le asignen el agente que llevaría el caso.

El hermano pedía que realicen la geolocalización -la ubicación del celular de su hermana-, el levantamiento de las comunicaciones y la revisión de cámaras de seguridad, pero pasaron tres meses más y no hubo avances: “El policía a cargo me dijo: Esto lo pueden hacer desde arriba ‘si tú los motivas a los muchachos’. En otras palabras, me estaba pidiendo algo a cambio”, dice Alvarado.

“Cada hora que pasa es crucial, las primeras son fundamentales para empezar la búsqueda”, señala la directora ejecutiva de Flora Tristán, Liz Meléndez.

Se sabe que cuando se registra una denuncia por desaparición la policía emite una nota de alerta –un documento que contiene información detallada de la persona desaparecida–, lo que pocos conocen, y así figura en el protocolo, es que, cuando desaparecen niños, adolescentes o mujeres en situación de violencia de alto riesgo, se activa una alerta de emergencia, por lo que la policía tendrá que actuar rápidamente en las próximas 72 horas.

“Se alerta de la desaparición a todas las dependencias policiales a nivel nacional y se prioriza esa búsqueda”, señala Ortiz. “La trampa está en que se activa solo si la mujer denunció violencia familiar o fue usuario del CEM, pero, ¿qué pasa con las mujeres que no lo hicieron? Su caso se convierte en uno más”, señala Paredes.

Soto considera que esta ambigüedad en el protocolo tendría que ser modificada: “No se debería cumplir con esos requisitos, se debería considerar que una mujer, al vivir en un contexto altamente violento como el peruano (un país en el que 6 de cada 10 son tolerantes a la violencia) está corriendo riesgo al reportarse como desaparecida, es importante que se emita una alerta de emergencia en el caso de todas”.

“Los Estados donde el feminicidio existe y la violencia contra la mujer está a la orden del día tienen que esforzarse el triple y generar medidas oportunas para atender las desapariciones de mujeres”, señala Meléndez, que recuerda cómo el Estado mexicano fue demandado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 por su desidia frente a la desaparición de tres jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez.