El peso del uniforme

Horas antes de que Evo Morales dimitiera a la presidencia de Bolivia, en noviembre de 2019, un comandante de las Fuerzas Armadas le recomendó abandonar el cargo para “pacificar” el país en llamas. Al día siguiente, Morales se asiló en México y semanas después voló a Argentina, donde estuvo hasta hace un mes. El abandono de las fuerzas armadas no solo tumbó su gobierno: sentenció también el maratónico camino del expresidente, en una prueba emblemática de que los militares –históricamente ligados a intromisión en el sistema político, golpes y dictaduras– no han perdido protagonismo en la gobernabilidad de América Latina.

Brasil, el gigante de la región, es presidido por Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército cuyo gobierno incluye a diez militares en 23 ministerios y unos tres mil oficiales en las altas esferas de la administración pública. A mediados de 2020, el mandatario ultraderechista encomendó a las fuerzas armadas combatir la destrucción de la amazonía brasileña, de modo que 5.5 millones de kilómetros de bosque quedaron en manos del ejército bajo el supuesto de batallar contra la deforestación, la minería ilegal y los incendios forestales. En Venezuela y Cuba, los militares ocupan un sinnúmero de cargos relevantes en el Estado. México, mientras tanto, exhibe un panorama insólito.

Al asumir uno de los gobiernos con más respaldo popular de la historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) les destinó funciones inéditas, como la remodelación de 32 hospitales, la distribución de gasolina y de medicamentos, la vigilancia de las fronteras para contener el paso de migrantes hacia Estados Unidos y el apoyo a programas sociales. La marina mexicana ya no solo vigila la seguridad de los puertos mercantiles y aduanas marítimas, ahora también tiene funciones administrativas. Estos roles contrastan notablemente con la discreta presencia que mantuvieron durante casi todo el siglo XX, cuando se limitaban a brindar apoyo social en casos de emergencia.

La tendencia se repite, señala Lucía Dammert, especialista en seguridad ciudadana en América Latina y profesora asociada de la Universidad de Santiago de Chile. “Efectivamente, lo que hay en la región es un proceso de militarización de la seguridad pública”, continúa. El fenómeno viene ocurriendo en casi todos los países, pero es muy criticado principalmente en México y Centroamérica “porque ha generado un aumento de hechos de corrupción y violación de derechos humanos”.

Policía militarizada

De acuerdo a Dammert, “la crisis de las policías ha llevado a que las fuerzas armadas, en especial el ejército, se involucre en tareas incluso de patrullaje (militarización de la seguridad), y que las policías fortalezcan sus capacidades de tipo militar, lo que se llama la militarización de la policía”. Las relaciones entre los militares y el proceso democrático no han sido fáciles, en gran medida por el estatus especial que se atribuyen dentro de las sociedades: no solo se sienten responsables de la defensa de la patria, sino también garantes de la estabilidad del sistema político. Las FF. AA. latinoamericanas aspiran a roles y misiones dentro de un contexto de legalidad y constitucionalidad.

En Perú, sin embargo, han evidenciado un rol prudente, pero puntual, apunta el internacionalista Ramiro Escobar. Martín Vizcarra cerró el Congreso y fue respaldado por las fuerzas del orden. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, condenó las llamadas telefónicas de Manuel Merino a los altos mandos antes de la fragosa vacancia. En marzo pasado, Sebastián Piñera sacó el ejército chileno a la calle para controlar las restricciones por el coronavirus. Los militares aseguraron la distribución de alimentos, aplicaron toques de queda y controlaron el tránsito de personas.

El país revivió imágenes de la dictadura y la discusión en torno a las relaciones cívico militares. La combinación de esa memoria histórica profundizó la distancia entre ciudadanos y uniformados, pero también lo hizo la corrupción, como señala Nicole Jenne, profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Un caso sugestivo en este país es el de los 800 militares que recientemente recibieron órdenes de arresto por un fraude de 3.000 millones de dólares. “La autonomía militar y falta de control civil ha favorecido que este tipo de fraude y desviación de fondos ocurra”, cree la experta.

A pesar de que los efectivos salieron a las calles para evitar aglomeraciones y garantizar las restricciones, América Latina es la región más golpeada por la pandemia. Tampoco han disminuido los índices delictivos. En los últimos diez años, las fuerzas armadas fueron gradualmente involucradas en misiones de seguridad interna, especialmente en el contexto de combate al crimen organizado y la lucha contra las drogas. Aunque legalmente solicitadas, estas nuevas tareas son consideradas como una ‘militarización necesaria’. Sin embargo, van adquiriendo una normalidad viciosa que abre camino a una presión continua para restaurar el orden público con mano dura, de preferencia altamente armada