Abogados contra el encierro

El mismo día que Manuel Merino de Lama asumió la presidencia y empezaron las protestas en su contra, hubo un incidente que alertó a la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), de que la situación podía ponerse difícil: su colega Carlos Rodríguez, de la misma institución, fue detenido en la comisaría de Alfonso Ugarte cuando se acercó a tratar de dar apoyo legal a los detenidos. Si eso pasaba con alguien que conocía sus derechos, ¿qué podía pasar con los jóvenes detenidos? Era apenas el primer día de las movilizaciones.

Ella estuvo trabajando desde ese día, 10 de noviembre, junto a otros profesionales de distintas instituciones con los que organizaron el colectivo Abogados por la Democracia. Estuvo permanentemente en la comisaría de Alfonso Ugarte, pues allí llegaban la mayoría de detenidos del llamado grupo Terna y a muchos se les tomaba su manifestación sin la presencia de un fiscal. Sus colegas estaban en otras comisarías del Centro de Lima y también en varios hospitales.

“El grupo Terna ha tenido un papel nefasto en las protestas. Ha habido jóvenes detenidos por llevar un cartel, o cuando marchaban tranquilos, o solo por asistir a la marcha. Hay muchos registros de detención arbitraria, hay videos en las redes. Ellos son los que han estado involucrados en hechos como la intervención a una imprenta, violencia sexual contra una joven, o la detención de Luis Fernando Araujo, todos ocurridos durante las movilizaciones”, explica.

En todo momento, ella y sus colegas estuvieron pendientes de las detenciones y de los heridos que, en varios casos, eran ingresados como NN a algunos hospitales. Abrieron canales en redes para que la población o familiares les hicieran llegar información. Mucha gente se comunicaba y dejaba los nombres y datos de parientes o amigos que habían salido a marchar y después de muchas horas aún no habían regresado. Ese registro se actualizaba en tiempo real.

El día que más de esas comunicaciones recibieron fue el sábado 14 de noviembre. Ese día las movilizaciones fueron más grandes y el accionar de la policía más violento. Esa noche perdieron la vida Inti Sotelo y Jack Pintado. En la madrugada del 14 para el 15 de noviembre, Mar y su colega Carlos Rodríguez dieron a conocer una lista de personas no ubicadas hasta ese momento.

Violencia oficial

“El nivel de represión fue grande. Esa noche empezamos a recibir muchas denuncias de personas angustiadas que no sabían nada de sus familiares que habían salido a marchar. Nosotros los buscamos y creamos la lista”, cuenta Mar Pérez. Ella y el abogado Rodríguez sistematizaron todos los reportes y los hicieron conocer entre organismos internacionales vinculados a la defensa de los derechos ciudadanos. Organismos como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron sobre el exceso en el uso de la fuerza policial contra la población.

Con la renuncia de Merino de Lama las protestas disminuyeron y se conoció el saldo dejado por los excesos policiales: 114 heridos, varios de ellos de gravedad. Los jóvenes no ubicados fueron apareciendo. Y la mayoría de detenidos fueron liberados sin acusación. El único cargo era “infracción a las normas sanitarias”.

Mar Pérez comenta que lo que ha pasado en Lima ocurre desde hace muchos años en el interior del país y es importante que la opinión pública sepa que hay una represión de la protesta en las regiones. “Desde el 2003 a la fecha hay cerca de 200 muertos en el interior, la mayoría población de comunidades indígenas. Ellos sufren violencia racista en muchos casos”, reflexiona. No lo olvidemos.