Territorios de miedo: los otros defensores ambientales que necesitan protección en el país

La última vez que Efer Silvano Soria fue amenazado de muerte ocurrió hace solo un mes. El jefe de la comunidad shipiba Santa Clara de Uchunya, en Ucayali, volvía de recorrer sus tierras cuando, al bordear el río Aguaytía, se encontró con un grupo de forasteros. Los de siempre.

“Oye, indígena, ¿para qué quieres las tierras?”, “¿por qué no dejas trabajar?”, “tú vas a ser el próximo, vas a ver”, fueron algunas de las frases que recuerda haber escuchado.

Silvano y el resto de dirigentes están convencidos de que esas personas son traficantes de tierras que operan alentados por la empresa de palma aceitera Ocho Sur P, que pretende expandir sus cultivos sobre territorios comunales. Hace años que lidian con ellos. Los han denunciado sin éxito. Mientras tanto, en su vida diaria, deben vivir con ese tipo de agresiones.

Se podría decir que Efer Silvano ha tenido suerte, hasta ahora. Su predecesor, el líder shipibo Carlos Hoyos, fue atacado a balazos dos veces: la primera en diciembre de 2017, junto a una comitiva que integraba uno de los abogados que los asesora, y la segunda, en junio de 2018, mientras patrullaba sus bosques junto con su hermano.

En setiembre de 2017, seis agricultores que trabajaban cerca de allí, en el caserío Bajo Rayal, fueron asesinados cruelmente en una disputa por tierras. La gente de Santa Clara conocía a algunos de ellos.

La muerte es una posibilidad real en este lugar. Efer Silvano lo recuerda cada vez que se cruza con los invasores o que lleva a las autoridades a intervenir en una zona deforestada y oye que murmuran a sus espaldas: “¿para qué tienes que venir?, la próxima no vas a poder venir”.

–Tengo miedo. En mi familia tenemos miedo– le dijo a DOMINGO hace unos días, por teléfono, –porque la próxima vamos a ser como nuestro hermano Edwin Chota, como nuestro hermano Arbildo Meléndez y los seis agricultores muertos.

Coca y muerte

Casos como el de los dirigentes de Santa Clara de Uchunya se repiten por todo el país. El reciente asesinato de Roberto Carlos Pacheco, en Madre de Dios, nos ha recordado que, más allá de la pandemia, hay peruanos y peruanas en riesgo de morir por defender sus bosques de mafias de traficantes de tierras, mineros ilegales y narcotraficantes.

No muy lejos de Santa Clara, en el distrito de Callería, los dirigentes de la comunidad shipiba Flor de Ucayali han sido amenazados de muerte por haber llevado a fiscales y policías a constatar la tala ilegal que invasores habían llevado a cabo en su territorio con el propósito de sembrar hoja de coca.

Hicler Rodríguez, el apu de Flor de Ucayali, dice que los invasores han corrido la voz de que tomarán venganza en contra de las autoridades comunales. Hace unas semanas, uno de los dirigentes recibió una llamada telefónica en la que un desconocido le dijo que ya sabía que él había sido “el chismoso” y que “iba a ver” lo que le pasaría.

–Esa parte son cocaleros, son hombres armados, todo eso es zona roja y más allá no se puede caminar.– le dijo el apu a DOMINGO. –Esto viene de antes. Nosotros le hemos dicho a la fiscalía y a la policía que nuestro territorio está amenazado y nunca nos han hecho caso.

–La situación en Flor de Ucayali es bien crítica– dijo, por su parte, Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU). –Los policías pueden hacer su operativo en la zona, pueden hasta desalojar, pero ¿quién garantiza la seguridad de la comunidad cuando se vayan? Van a estar propensos a represalias y pueden ser exterminados.

Diques está pidiendo que se instale un puesto policial en la zona y que se le otorguen las garantías de protección a las autoridades comunales. Porque está convencido de que las represalias son inminentes.

De todas las regiones del país con problemas de deforestación por actividades ilegales, Ucayali es una de las más violentas. Exactamente, el área que colinda con Huánuco y Pasco. Allí hay una suerte de corredor, que va de Campoverde a Constitución, donde defender el bosque puede costarte la vida.

Le sucedió al líder indígena cacataibo Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad nativa Unipayacu, en Huánuco, que fue asesinado en abril de este año.

Y estuvo a punto de sucederle al líder yanesha Germán López, a quien intentaron matar a balazos en su domicilio, en la comunidad Nueva Austria del Sira, en junio del año pasado.

Defensor del bosque

–Queremos que nos ayuden a defender estos bosques. ¿Por qué el Estado no nos ayuda? ¿Por qué no nos defiende?

Quien habla es Manuel Inuma, apu de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayaku, en la región San Martín.

Hace dos años, Inuma fue golpeado por uno de los numerosos colonos que han llegado a las tierras de su comunidad a extraer madera y sembrar cultivos ilegales. Meses después, fue sacado de su vivienda por un grupo de comuneros y encerrado durante 11 horas en la oficina comunal con el fin de obligarlo a que entregara el cargo. Según Inuma, los comuneros son alentados por los colonos, que se oponen a que Santa Rosillo obtenga un título comunal.

–Yo no tengo miedo– dice el apu– porque yo defiendo una causa, que es la defensa del bosque. Por eso estamos peleando. Yo soy un defensor del bosque.

Las palabras de Manuel Inuma bien podrían haber sido dichas por Roberto Carlos Pacheco, el defensor ambiental que fue asesinado, el pasado viernes 11, en su concesión forestal colindante a la Carretera Interoceánica, en Madre de Dios.

Pacheco y su padre, el respetado conservacionista Demetrio Pacheco, entablaron pelea durante años a las mafias de minería ilegal, tala ilegal y tráfico de terrenos que invaden la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

La lucha de esos defensores es liderada por el histórico conservacionista Víctor Zambrano, quien, a pesar de su notoriedad, también es víctima de agresiones: hace unas semanas, desconocidos prendieron fuego a una zona del bosque colindante con su concesión. Zambrano, de 74 años, pasó casi cuatro horas intentando apagar el fuego.

–La labor de los líderes sociales que defienden los bosques es muy riesgosa– dijo Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para Medio Ambiente y Pueblos Indígenas. –Están expuestos a amenazas contra su vida. Y la presencia del Estado en sus territorios es casi inexistente.

En diálogo con DOMINGO, Abanto recalcó que el Gobierno central debe actuar para que se otorgue la protección a los defensores ambientales que hayan sido amenazados.

Este suplemento le preguntó al director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Edgardo Rodríguez, qué se estaba haciendo al respecto. El funcionario informó que desde junio de este año existe una directiva del Ministerio del Interior para que las prefecturas dispongan que ante las amenazas a los defensores la protección sea inmediata.

Rodríguez indicó que desde 2019, su despacho ha recibido 14 pedidos para activar protocolos de seguridad a defensores de DDHH, de los cuales cuatro son por temas medioambientales. Tres de ellos ya cuentan con medidas de protección, entre ellos los familiares de Arbildo Meléndez y los líderes de la comunidad Nueva Austria del Sira.

El director de Derechos Humanos del Minjus reconoció que falta mucho por hacer. El registro de ataques a defensores aún está en construcción, dijo, pero no será lo suficientemente completo sin la colaboración de todos los sectores involucrados, entre ellos ministerios, gobiernos locales, ONG y empresas.

–Sabemos que es una situación preocupante. Durante años no se hizo nada. Ahora estamos actuando.