Tres meses sin Congreso

Quisieron encontrarle semejanzas con el 5 de abril de 1992, pero con el nuevo proceso electoral en cuenta regresiva, queda claro que la disolución del Congreso del 30 de septiembre tuvo otras motivaciones, maneras y efectos. ¿Recuperarán legitimidad los nuevos padres de la patria? Nada lo asegura.

Sin más opciones, Vizcarra se ciñó a la
Constitución.
Sin más opciones, Vizcarra se ciñó a la Constitución.
Renzo Gómez

Cinco y cuarenta y un minutos del lunes 30 de setiembre de 2019. El presidente Martín Vizcarra acaba de pronunciar una palabra hasta entonces maldita en televisión nacional.

En el hemiciclo del Congreso muchas caras palidecen entre algunos gritos jubilosos. En las pollerías de la avenida Abancay la gente eleva los brazos frente a los televisores (sin necesidad de que esté jugando Perú). En redes sociales, los constitucionalistas se convertirán en rockstars de 280 caracteres con el pasar de las horas.

El Congreso ha quedado disuelto. Di-suel-to. Apenas una hora y media atrás, el primer ministro Salvador del Solar había formalizado la cuestión de confianza luego de haber ingresado al hemiciclo casi a los empujones, porque le habían cerrado todas las puertas.

Si bien ese mismo Congreso obstruccionista le otorgó la confianza después, a las correrías, el mandatario amparó su discurso en el rechazo fáctico. Una zona gris que erizó el debate.

Después de su Mensaje a la Nación, un grupo de bancadas, encabezadas por la mayoría fujimorista, suspendieron a Vizcarra por un año, alegando incapacidad temporal.

A las nueve de la noche, y mangoneada por el ya destituido presidente del Congreso, Pedro Olaechea, Mercedes Aráoz juramentó como presidenta en funciones del Perú a pesar de que a las afueras, en las calles del Centro de Lima, le gritaban de “Miss Bagua” para arriba.

Ni la cruz ni la Biblia intercedieron en su destino: al día siguiente, visiblemente desencajada, se arrepintió de su decisión, y reconoció que fue un error de su parte.

Un mandato efímero que terminó por fortalecer la decisión de Vizcarra que contaba con la aprobación del pueblo (84% según el Instituto de Estudios Peruanos y 89.5% según la empresa CPI), de varios partidos políticos, y de las Fuerzas Armadas.

Algunos opinólogos, alineados a los partidos desterrados, compararon el 30 de setiembre de 2019 con el Autogolpe del 5 de abril de 1992, catalogando a Vizcarra de dictador. Es más, hablaban del inicio de una “dictadura vizcarrista comunista”.

Lo cierto es que a diferencia de Alberto Fujimori, el preso más caro del país (S/36.667 soles por mes), Martín Vizcarra no mandó a detener a opositores, no tomó las instituciones públicas por la fuerza, tampoco sacó los tanques a las calles para amedrentar a la población y evitar cualquier brote de protesta, así como tampoco censuró a la prensa que no le era afín.

No hubo cacería alguna. No hubo ninguna operación militar, aunque ambos pronunciaran las mismas palabras. Al día siguiente, nada más, el martes primero de octubre, sesionó la Comisión Permanente, compuesta por 23 integrantes, en señal democrática.

La Organización de los Estados Americanos emitió un respaldo implícito e instó al diálogo entre todos los actores políticos. Un abismo con el 5 de abril, hecho que mereció la condena internacional.

En el bando opositor, no se quedaron tranquilos. Un grupo de congresistas (Salvador Heresi, Marisol Espinoza y Ángel Neyra) presentaron acciones de amparo contra la disolución. Exigían, de hecho, que se suspendieran sus efectos.

Las tres demandas fueron declaradas improcedentes finalmente. Pedro Olaechea ha hecho lo propio frente al Tribunal Constitucional con una demanda competencional, donde pide la nulidad del acto.

Olaechea preside hasta la fecha la Comisión Permanente. Sin embargo, su nuevo cargo ha limitado sus facultades y su figura. Como escudero del fujimorismo, se ha desgastado.

La función de esta comisión es evaluar los Decretos de Urgencia que emita el Ejecutivo. El 18 de diciembre, hace dos miércoles, este organismo aprobó una serie de medidas para la realización de las elecciones para el nuevo Congreso.

Sí, en efecto, uno de los anuncios del presidente Vizcarra en aquel momento fue llamar a nuevas elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020. Un Congreso que concluirá su breve período el 28 de julio de 2021 para no alterar el ciclo democrático que se inició en el 2016 con el defenestrado Pedro Pablo Kuczynski.

Ahora bien, cuando se creía que este sería un Parlamento renovado en su totalidad, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (para ser exactos fue el Jurado Electoral Especial de Ica) decidió en la quincena de noviembre que los excongresistas disueltos tengan la posibilidad de participar en los comicios de enero. Una resolución que dejó congelado a más de uno.

El 18 del mismo mes se cerraron las inscripciones de las nuevas listas. Hasta un día antes solo se habían inscrito tres partidos políticos (Alianza para el Progreso, Partido Popular Cristiano y Todos por el Perú), pero al límite de la fecha se registraron 19 partidos más. En total, fueron 22 agrupaciones.

¿Qué ha generado todo esto? Que muchos de estos partidos sean una especie de vientre de alquiler, acogiendo a los congresistas disueltos que, naturalmente, no pueden postular por sus mismos frentes.

Hay que destacar, en ese sentido, a quienes han escogido el camino derecho, como Acción Popular y Frente Amplio, que están postulando a nuevos rostros.

El cierre del Congreso, como lo ha resaltado la última encuesta de Ipsos, ha sido el evento más positivo del año. No perdamos esta oportunidad.

El evento histórico del año. Por Eduardo Dargent, Doctor en Ciencia Política.

La poca legitimidad del Congreso es algo que debería preocuparnos a todos. Pero en este caso se sumó la percepción de que el Congreso se había convertido en un espacio de impunidad, donde se trababan investigaciones en curso. El cierre dio lugar a toda una discusión sobre los márgenes constitucionales de la medida, pero demostró que por más que las leyes recojan diversos escenarios, siempre habrán espacios para los grises.

Es el evento histórico del año por la poca resistencia posterior, la nula defensa del Congreso, la debacle de una Comisión Permanente que intentó plantarse políticamente, pero que fracasó rápidamente, por la opereta de Mercedes Aráoz jurando y después renunciando.

Sin embargo, la impresión que tengo de este gobierno es que ha tenido reflejos políticos y capacidad de hacer cosas que no se hacían. Pero al mismo tiempo no ha aprovechado estos espacios de legitimidad política para hacer reformas más profundas.

Digamos que se ha quedado un poco en sobrevivir, a veces ayudado por el caso Lava Jato, que le ha dado oxígeno en varias ocasiones, pero no se ha planteado metas hacia el largo plazo.

¿Era la única salida para el presidente Vizcarra? Era un momento clave, y se le fueron agotando las opciones. Tenía la popularidad para efectuar la medida, no necesariamente la legitimidad. Pero la forma en que se condujo el Tribunal Constitucional le abrió las puertas.

¿Es un dictador, Vizcarra? No ha mostrado señales de concentrar poder, pero sí es criticable que no haya construido gabinetes más sólidos ni enfrentado problemas más grandes. Ha terminado atrapado en un círculo de confianza, persistiendo en el error de ciertos ministros.

Se avecina un escenario muy simpático donde podríamos tener un Congreso y un Ejecutivo planteándose agendas de mediano y largo plazo durante un año. Pero se requiere un espíritu reformista y una composición interna que pueda jugar en pared con el Ejecutivo. Es una situación ideal. Veremos qué sucede.