Acoso sexual en instituciones públicas

Llamémosla "Rosa".

“Rosa” trabaja en una institución del Estado. De acuerdo a la jerarquía de su oficina, depende de un coordinador. Un hombre que durante un año la hostigó con comentarios, actitudes y propuestas de índole sexual. Que le dedicaba miradas lascivas todo el tiempo. Que le soltaba piropos alusivos a su cuerpo. Que le propuso directamente que se acostara con él a cambio de asignarle más horas extras. Y que le dijo que no se detendría hasta estar con ella.

“Rosa” denunció este acoso ante la oficina de Recursos Humanos de su institución, pero sintió que no le tomaron importancia. Así que cogió el teléfono y llamó a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

La entidad inició una acción de supervisión y encontró que la oficina de “Rosa” no había cumplido los plazos que establecen la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y la Ley del Servicio Civil para atender estas denuncias.

Servir monitoreó el caso hasta que se dictó una sanción: el coordinador de “Rosa” fue suspendido por un año de sus funciones, sin goce de haber.

Fue un triunfo, un triunfo del sistema, pero también un síntoma del estado de cosas. El acoso sexual laboral sigue siendo un grave problema en el país. Lo es en las empresas privadas y quizás lo es más en las instituciones públicas –ministerios, juzgados, gobiernos regionales, municipios, etc.–, con sus jerarquías, sus pequeños reinos burocráticos, sus complicidades.

Hace 12 años hubo un caso emblemático. Jovino Cabanillas era un poderoso magistrado al que le gustaba abrazar por la espalda a sus asistentes, decirles que eran bellas como la diosa de la justicia y besarlas por la fuerza. Nadie sabe durante cuánto tiempo sometió al personal femenino de su despacho a estos padecimientos. Pero un día, una de sus secretarias se armó de valor y lo denunció en televisión. El escándalo fue muy grande y Cabanillas fue destituido. En ese momento era el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima.

¿Cuántos coordinadores como el de “Rosa”, cuántos “Jovinos Cabanillas”, están acosando en este momento a sus subordinadas, “elogiando” su vestimenta, invitándolas insistentemente a salir, en algunas de las aproximadamente 2,600 instituciones públicas del país?

Pensando en esta situación, Servir ha iniciado una campaña de sensibilización que, a través de videos difundidos en redes sociales, pretende explicar al millón y medio de servidores públicos que hay en el país qué actitudes adoptadas por sus jefes y compañeros de trabajo pueden ser denunciadas como hostigamiento sexual laboral.

“ELLAS TIENEN LA CULPA”

En uno de los videos se ve a un funcionario diciéndole a su subordinada que ella “tiene la culpa” de que le dedique tantos piropos porque va a la oficina “con esas falditas”. La escena refleja una idea machista y muy extendida en los ámbitos laborales: si las mujeres van con prendas cortas o ceñidas están provocando el ser acosadas.

–El solo hecho de que hables de mi forma de vestir, si vine bonita o tengo un escote pronunciado, es acoso– dice Romy Martínez, ejecutiva del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos de Servir.

Menciona otro video en el que se ve a un funcionario abordando por detrás y pegándose a la espalda de otra servidora.

–Las personas tienen que entender que hay un espacio personal que se tiene que respetar–agrega Martínez. –No puedo ir de frente a cogerte el hombro o a pegarme mucho. Para mí de repente eso no es acoso, pero tengo que respetar lo que la otra persona puede creer o sentir.

La campaña trata de disipar varias creencias equivocadas sobre lo que es acoso. Ideas machistas, sexistas, muy difundidas en las instituciones públicas, como se puede comprobar en el informe sobre el hostigamiento sexual laboral que presentó la Defensoría del Pueblo en junio del año pasado.

La Defensoría del Pueblo encuestó a voceros de las oficinas de Recursos Humanos de los gobiernos regionales y de las sedes regionales del Ministerio Público y el Poder Judicial.

Encontró que ocho de los 14 varones que respondieron la encuesta opinaron que “los piropos debían ser analizados de acuerdo al contexto para ser considerados actos de hostigamiento sexual laboral o no”.

Recogió frases como estas:

“Mientras no se falta el respeto, podría considerarse como un estímulo para la persona que lo recibe”.

“(...) el piropo es una forma de halagar la belleza de la mujer, pero con respeto”.

“Ante los piropos son responsables tanto el que lo da como el que lo recibe”.

La mayoría de los encuestados consideró que los casos de acoso sexual no eran frecuentes, y eso parecía verse reflejado en las cifras que reportaron: desde el año 2003, los gobiernos regionales solo registraron 5 casos, el Poder Judicial otros 5 y el Ministerio Público, 10.

A la Defensoría le pareció preocupante el reducido número de casos denunciados y mucho más que la mayoría hayan terminado archivados y solo dos terminaran en sanciones.

Esas bajas cifras contrastan con lo que indican investigaciones como la de Naciones Unidas, que señalan que entre el 40% y el 50% de las mujeres en la Unión Europea han experimentado algún tipo de hostigamiento sexual en sus lugares de trabajo, y entre el 30% y el 40% de mujeres de la región Asia - Pacífico han sentido lo mismo.

En el Perú, un estudio realizado por Aptitus en el año 2015 reveló que el 19% de las mujeres peruanas se han sentido acosadas sexualmente en sus centros de labores. Una de cada cinco.

¿Por qué hay tan pocas denuncias, entonces?

La Defensoría cree que el tema de la sexualidad como un tabú persiste en nuestra sociedad y que antes que denunciar el acoso, importa salvaguardar el honor. Otra explicación, dice, es la poca relevancia que se le da a la problemática de la violencia hacia las mujeres. Y otra, que las víctimas desconocen los procedimientos que deben seguir para denunciar el acoso.

PASOS PARA DENUNCIAR

Romy Martínez, de Servir, dice que su institución ha establecido los lineamientos que deben seguir alguien que es víctima de hostigamiento sexual en las dependencias del Estado.

Primero, presentar su denuncia ante la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, que comunicará del hecho al área de Recursos Humanos. A partir de ese momento, esta oficina debe dictar medidas de protección a la acosada –por ejemplo, rotar de su puesto al presunto acosador. En 15 días debe presentar un informe de precalificación: si se determina que hubo acoso, se debe iniciar un procedimiento administrativo que debe terminar en una sanción. Al mismo tiempo, se debe informar a la Policía Nacional y al Ministerio Público de los hechos.

En caso de que el organismo público no cumpla con iniciar este procedimiento o hacerlo en los plazos establecidos, la víctima debe comunicarse con Servir. En unas semanas, esta entidad presentará nuevas plataformas de atención, telefónicas, virtuales y presenciales.

–Los servidores públicos pueden llamarnos a decirnos “me está acosando mi jefe” –dice Martínez. – Lo que le vamos a decir es “denuncia primero en tu entidad”. Y haremos seguimiento hasta que se atienda la denuncia y se llegue hasta el final.