Walter Albán: “La Constitución no le impedía hacer nada de lo que él ha hecho”

Los constitucionalistas fueron, esta semana, los rockstars de la coyuntura y los vimos, mañana, tarde y noche, dando su opinión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra. Walter Albán, ex defensor del pueblo, fue probablemente el único que apelaba al sentido común en medio del desmadre. En esta entrevista, se reafirma en que, a estas alturas, hay que entrar ya en el terreno de la real politik.

Fuera del fujimorismo, hay un sector de gente razonable que pide al presidente dar un paso al costado e incluir su cargo en las próximas elecciones. ¿Es viable?

Jurídicamente, no. El presidente no puede renunciar si no hay Congreso. Solo podría hacerlo ante el nuevo Congreso, cuando ya esté elegido. O sea, después de enero del 2020. Pero ese nuevo Congreso, a su vez, habría sido elegido hasta el 2021. No se les puede decir para recortar el mandato. Lo que no entienden estos señores es que la oportunidad la creó el presidente Vizcarra el 28 de julio…

Pero Rosa Bartra ha dicho que, si le aceptaban a Vizcarra que recorte su mandato, cabía que un día le acepten que lo alargue. ¿Ese argumento tiene algún sentido?

Ninguno. Lo que el presidente precisamente quiso fue buscar una salida constitucional a un impase político, y ese impase él solo lo podía resolver a través de una cuestión de confianza y una disolución. Como ese es un paso traumático, dijo: “De pronto, si yo mismo ofrezco irme, ellos aceptarán irse”.

Además, se dice que esta propuesta era hasta positiva para su lideresa, que podía postular al Congreso y tener inmunidad...

Claro. Y podrían haber negociado la bicameralidad, para que los que quisieran ser reelegidos pudieran presentarse. Ellos cerraron esta posibilidad. En términos políticos, era lo razonable. Pero lo que no estábamos viendo es lo que está detrás. ¿Cuál ha sido el eje de las decisiones de esta mayoría en el Congreso en los últimos tres años? Yo diría que tres líneas de trabajo: una, defender intereses de organizaciones, en algunos casos hasta mafiosas, vinculadas a ellos. Aprobaban o se oponían a leyes que pudiesen atentar contra algunos de los que ellos protegían...

¿Y las otras líneas?

La otra era la de proteger a su líder y a todos los socios que, en este caso, incluyen al Apra… Mi tesis es que, si bien el señor Chávarry tenía excelentes relaciones con la señora Keiko, su llegada al cargo estaba más bien promovida por el Apra, que quería recuperar la titularidad de la fiscalía de la Nación, que le había sido tan útil en la época de (José) Peláez Bardales. Y lo tercero ya era el mantener esta situación, porque estaban haciendo grandes negociados. ¡Estaban forrándose! Pero había que mantener inmunidad e impedir las investigaciones…

De hecho, hay varios no solo investigados, sino procesados…

Así es. Entonces, que no les toquen la inmunidad y tener al Ejecutivo reducido a su mínima expresión desprestigiándolo, desgastándolo, para que pudieran ganar las siguientes elecciones. En ese comportamiento, llegaron a situaciones extremas cuando saltan, por un lado, las investigaciones del caso de las brasileñas, sobre todo Odebrecht, y luego lo de los audios.

Usted es uno de los que opinan que la disolución del Congreso es constitucional, pero un sector señala que no. ¿Es algo tan opinable?

En algunos aspectos es perfectamente lógico que haya interpretaciones distintas y yo no puedo calificar de “locos” o “gente ignorante” a quien discrepa de mi interpretación. Pero hemos llegado al punto en el que ya hemos tocado el umbral. Estamos parados sobre la Constitución. A partir de ahora, ya hay que dar el paso en términos de razonabilidad, de lo que es más conveniente para el país.

¿Pero validar los hechos consumados no es un poco laxo?

Es que ya no es validar hechos consumados. El presidente tenía toda la autoridad para hacerlo. Es como si yo tuviera una enfermedad y me dan dos diagnósticos. Yo escojo el que me puede curar, no uno que me condena a morirme. Entonces, lo que el presidente tenía que hacer era asumir la interpretación de que sí tenía las atribuciones y no la otra, que nos condenaba a continuar en esta situación, que no sabíamos cómo podría acabar.

¿El presidente se ha ceñido a la Constitución al milímetro?

Se ha ceñido a lo que la Constitución dice. La Constitución no le impedía hacer nada de lo que él ha hecho. La única interpretación jurisprudencial válida sobre este tema la dio el TC a propósito de que, cuando (los fujimoristas) se dieron cuenta que habían quemado ya una de sus dos balas, al quitarle la confianza al gabinete Zavala, se preocuparon. Entonces, el señor Mulder, gran operador en este asunto, los convenció de hacerles cambiar el reglamento del Congreso y, en base a eso, le recortaron facultades al Ejecutivo, una abierta violación a la Constitución. Cuando se pronunció el TC, dejó claramente establecido que era inconstitucional. Nunca ha habido una sentencia que diga que algo que ha hecho Vizcarra sea inconstitucional. En cambio, el Congreso sí tiene estas manchas.

¿No se ha forzado la Constitución al interpretar que, al votar por un integrante del TC, ya se estaba rehusando la confianza a Vizcarra?

La Constitución no dice que (la confianza) tiene que ser rechazada a través de un voto. La cuestión de confianza me la pueden rechazar de varias formas. Y hay algo que dejar claro: quienes han venido opinando a favor de quienes se oponen al señor Vizcarra debieran poner sus cartas sobre la mesa. ¿Quiénes son abogados de estos sectores? ¿Cuántos casos tienen litigando en el Tribunal Constitucional?

Incluso ha salido una carta que varios constitucionalistas firman…

Esa carta, por ejemplo, la firman varios que todos los días están llevando casos en el TC y que, por tanto, tenían un interés muy claro de que este zarpazo al Tribunal Constitucional se consagre. Solo me explico que algunos se puedan aferrar a la otra interpretación y a excluir cualquier posibilidad de que otros también tengan razón, aunque opinen distinto, porque tienen intereses detrás.

¿Y cuáles serían?

De hecho, hemos visto, el día que se sustentó el habeas corpus de la señora Keiko Fujimori, al señor (Aníbal) Quiroga, quien permanentemente está en estos temas. Y el doctor Domingo García Belaúnde, hace tiempo que ejerce ante el TC, y él, por ejemplo, defendió al señor (Gerardo) Etto (ex miembro del TC que habría recibido presuntamente 80 mil dólares del ex alcalde de Chiclayo para apoyarlo en un proceso judicial). Ese señor trabaja muy de cerca ahora con él. ¿Qué nos indica esto? Que el doctor García Belaúnde tiene intereses en situaciones que están en el conflicto real, no el jurídico. Que, si queremos rescatar al país de la corrupción y de las mafias, él no está neutro. Entonces, que no aparezca académicamente como si estuviera moviéndose en el Olimpo. ¿Y quiénes caminan al lado de Chávarry cuando estaba yendo al Congreso, donde lo respaldan y hasta aplauden? Ángel Delgado, que es otro de los firmantes. ¿Quién es el señor Amprimo? Un ex congresista que hace rato se dedica a litigar, examinen en qué casos está él en el TC.

Una de las dudas de la gente es si el Congreso que va a ser elegido para completar el período constituye un período en sí, y si eso permitiría a los actuales congresistas postular el 2021.

El que tiene que zanjar eso es el Jurado Nacional de Elecciones, que es el órgano competente. A mí me parece clarísimo que no, no es un período y, por tanto, no cabe que haya reelección. Pero me preocupa menos, porque creo que el país esta vez va a votar de otra manera. Quisiera ver si, por ejemplo, Mulder va a salir reelegido. O Becerril. O la señora Bartra. De hecho, todas las organizaciones van a tener que participar, porque, si no, pierden el registro. Mi apuesta es que el Apra no va a pasar la valla.

Gonzalo Ortiz de Zevallos (el único miembro del Tribunal Constitucional elegido por el pleno antes de su disolución) ha ido al TC a pedir fecha y hora para su juramentación. ¿Qué debe hacer el TC ante eso?

Rechazarlo de plano. Me habían dado buenas referencias del señor Ortiz de Zevallos, pero ya no puedo tener una buena imagen de alguien que quiere entrar por la puerta falsa al tribunal, en una elección que está cuestionada frente al país. Si este señor fuera una persona íntegra y respetable, lo que tendría que hacer es esperar a que se instale el nuevo Congreso, se convoque a concurso, se presente y seguramente tendría posibilidades de ser elegido.

Usted dice que la Comisión Permanente no tiene atribuciones para presentar una demanda competencial al TC, ¿quién sí puede hacerlo? ¿Serviría de algo?

Yo creo que lo que más le sirve al país es voltear la página…

¿Pero se puede?

No se puede. Es cierto que el refrán dice que el que pide al cielo y pide poco es un loco… Cualquiera puede ir y plantearle algo al tribunal. Ahora, creo que no hay fundamento jurídico para que eso tenga trámite y se vea procedente siquiera entrar a discutirlo…

¿Se debe rechazar de plano?

Claro, porque el TC tiene establecidas cuáles son sus competencias. ¿Qué es lo que se quiere discutir, por ejemplo?

Si es o no constitucional la disolución del Congreso…

Eso ya no se puede discutir en este momento, porque, ¿quiénes pueden plantear una acción de inconstitucionalidad? Eso se da sobre leyes. ¿Cuál es la ley acá? Es un decreto supremo de disolución que está basado en la propia Constitución. Hay situaciones que ya llegan a tal punto de la realidad política del país que la única manera de salir ya no es forzando las cosas para que todo se adecúe a lo que a alguien le parece que tiene que ser el diseño jurídico…

¿Y esa posición la compartirá el TC en pleno?

Tampoco. Es evidente que en el TC no hay a cada rato opiniones unánimes. Coloquémonos en el supuesto negado de que esto es un golpe de Estado. Entonces, ¿para qué llorar por ir al TC? ¿En un golpe de Estado pueden ir al tribunal? Obviamente, no. El presidente, desde la Constitución, ha abierto la puerta y ha dado este paso, lo que ya es salirse un poco de lo que es el soporte constitucional, porque estoy dando un paso que podría ser de pronto peligrosísimo. ¿Estoy en condiciones de hacer eso y que eso nos lleve a una salida o esto de pronto coloca al país en una situación que puede ser peor que la que teníamos? Pero si doy el paso, ya estoy en la intemperie, en un terreno que la Constitución no ha podido prever, porque justamente hasta aquí llegaba el diseño jurídico. A partir de ahora se produce lo que algunos llaman la real politik.

Ética. El ex Defensor del Pueblo señala que, si aún hubiera estado en ese cargo, hubiera llamado la atención sobre un Congreso que no sólo no ayudaba a luchar contra la criminalidad, sino a afirmar valores éticos, en lugar de optar por una de las líneas de interpretación, como hizo el actual defensor.