Una lucha sin Solsiret

Por: Juana Gallegos y Nicol León.

Tuvieron que pasar dos años, más de setecientos días desde la desaparición de su hija, para que el señor Carlos Rodríguez obtuviera al fin una respuesta comprometida de las autoridades. Antes, todo había sido indiferencia. Solsiret Rodríguez Aybar de 23 años, estudiante de sociología y madre de dos niños, desapareció un 23 de agosto del 2016.

Salió del departamento ubicado en la avenida Colonial en el Callao donde convivía con el padre de sus hijos, Brian Villanueva, y la familia de éste, y no se supo más de ella. A las horas, su pareja sentó una denuncia por abandono de hogar. Los días siguientes, sus padres, además de padecer la angustia de su desaparición, se dieron de bruces contra una pared mayor: la inoperancia y el machismo de la policía.

“Su hija debe estar con la cabeza caliente. Se debe haber ido con otro”, le dijo el superior Pastor Bocángel al señor Rodríguez en el Departamento de Investigación Criminal del Callao. No aceptó su denuncia por la desaparición de Solsiret. La familia insistió y retornaron a pedir que por favor se diseminara la alerta de la desaparición de la joven en las comisarías de Lima y el aeropuerto Jorge Chávez.

El padre comprobó al día siguiente que tal alerta no existía cuando fue a las comisarías a preguntar y se dio por enterado de que nadie sabía del caso. La Policía no mostraba empatía por su pérdida. Parecía que una mujer menos, importaba poco.

Desde entonces, Carlos Rodríguez, quien vive en San Martín de Porres y se vio obligado a reducir sus horas de trabajo para llevar la búsqueda de su hija, tuvo que soportar comentarios desafortunados como: “Yo tengo una hermana que se va a tomar tres días y desaparece”, asegura que le comentó con ligereza un técnico del departamento de homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri); incluso, añade Rodríguez, cuando los efectivos hablaban de Brian, el conviviente de su hija y principal sospechoso de su desaparición, lo llamaban ‘el cachudo’ entre bromas.

A la fecha, el caso de Solsiret, que además era activista feminista y días antes de su desaparición salió en televisión convocando a la primera marcha Ni Una Menos – Perú, ha dado giros importantes.

Un sistema que ignora

Su padre asegura que Sol le confió a su madre Rosario Aybar que era acosada sexualmente por el gemelo de su pareja, Kevin Villanueva quien también vivía en el departamento de la avenida Colonial. Ni bien desaparece, su conviviente le comunica al señor Rodríguez que su hija le había enviado un mensaje diciéndole que estaría en el terminal terrestre Plaza Norte pues se iría de viaje.

A los meses, al obtener el padre la geolocalización del celular de Solsiret, se comprobó que la joven nunca abandonó el departamento donde vivía con Villanueva. Este dato no fue tomado en cuenta por las autoridades, asegura Rodríguez.

Tras padecer los vicios de un sistema que lo ninguneó y fue indiferente a su desesperación, tras dos años de tocar puertas sin ser escuchado, el padre de Solsiret encontró soporte en un nuevo equipo de agentes de la Dirincri que pronto revelará sus últimas pesquisas. “Estamos muy cerca de conocer la verdad”, dice Rodríguez cabizbajo, adivinando que su martirio terminará pronto. Pero todo asegura que el desenlace no trae buenas noticias. Probablemente nunca volverá a ver con vida a su hija.

¡Nos están matando! es una de las consignas más coreadas en las multitudinarias marchas de Ni Una Menos Perú, que ayer sábado convocó por cuarto año consecutivo, a nivel nacional, a mujeres de todas las edades. La foto de Solsiret nuevamente fue exhibida como uno de los símbolos de la protesta.

“Las mujeres salimos a marchar porque ya han matado a más de cien”, dice Isabel Cortez, presidenta del Sindicato de Trabajadores/as Obreros/as de la Empresa Innova Ambiental (Sitobur), colectivo que reúne a las mujeres de limpieza pública de Lima, a las uniformadas de mamelucos naranja, quienes con tenacidad están negociando mejores condiciones de trabajo con la Municipalidad de Lima. Cortez participó de forma activa de los preparativos de la marcha de ayer y estuvo allí con pancarta en mano. Ni Una Menos empoderó a su grupo, dice, y les dio valor para hacer escuchar sus demandas pues antes se sentían invisibles: “A las trabajadoras de limpieza nos atropellaban, nos baleaban en la calle, y nadie se hacía responsable. Éramos vistas como objetos descartables", dice.

A pesar de las discrepancias que puedan existir en el núcleo local del Ni Una Menos (consigna que es usada en Argentina por primera vez el 2015), este movimiento global inspira a mujeres como Isabel Cortez. Como ella muchas otras se suman a colectivos femeninos, espacios abiertos donde las mujeres se reunen, dialogan, participan de la vida pública e impulsan reformas.

Que no sea letra muerta

“¡Nosotras no deberíamos marchar!”, dice la activista feminista y egresada de Bellas Artes, Nadia Rondón. “Si en verdad se respetara los derechos de las mujeres, no habría necesidad de marchar, lo hacemos porque vivimos inmersas en la violencia institucionalizada. El sistema sólo pone paños fríos cuando los casos [de violencia de género] son mediáticos”, añade. La familia de Solsiret Rodríguez vivió esa violencia institucional al ser ninguneados por la Justicia.

“Este es aún un sistema machista, si una mujer denuncia se va enfrentar, primero, al policía que le va preguntar: ¿qué habrás hecho?, y luego a todo un sistema que no la va proteger”, dice Rondón. Para revertir este escenario, el Estado ha venido aprobando una seguidilla de normas contra la violencia de género. Los colectivos feministas han impulsado estas reformas. Las masas que se han volcado a las calles en las marchas Ni Una Menos, tras los sucesivos casos de violencia, también han ejercido cierta presión.

La abogada feminista Jeannette Llaja cita como un hito jurídico el año 2015 pues se aprueba la ley 30364 y, por primera vez, la legislatura peruana usa la expresión “violencia contra las mujeres” y no “violencia familiar”. El Estado es consciente que las mujeres son maltratadas por el solo hecho de serlo, porque existe un sistema que las infravalora. Ese mismo año, tras la denuncia de Magaly Solier, quien fue víctima de tocamientos en un bus del Metropolitano, se aprobó la Ley del acoso callejero.

Otro logro importante es el Plan Nacional Contra la Violencia de Género, aprobado por decreto supremo el 2016, en plena efervescencia de la primera marcha Ni Una Menos, que reconoce 16 tipos de violencia contra la mujer. Existe una ley contra el hostigamiento sexual, la 27942 aprobada el 2003, que sanciona la coacción contra las mujeres en el trabajo; la 30709 aprobada el 2017, que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres; el término feminicidio fue incorporado en nuestra legislación el 2013, y la ley 30609 elimina los beneficios penitenciarios para los feminicidas.

Y podemos seguir pero “¿Cómo vas a hacer que una ley funcione si el sistema es el mismo?”, dice Rondón. Al cierre de esta edición, 102 mujeres han muerto en manos de sus parejas en lo que va del año. Ni Una Menos salió a las calles, hay leyes que nos amparan, pero nos siguen matando. El panorama aún es negro.