“No estamos dando carta blanca a que vuelvan a hacer un nuevo Frankenstein”

Maritza Espinoza
13 Abr 2019 | 21:00 h

Miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la U. del Pacífico. Ph.D. y M.A. en Ciencia Política (Government) por la Universidad de Texas y bachiller en Ciencias Sociales por la PUCP.

Integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, presidida por Fernando Tuesta Soldevilla, Paula Muñoz vio esta semana cómo el Ejecutivo enviaba al Congreso el fruto de dos meses enteros de esfuerzo conjunto sin una de sus extremidades: la Bicameralidad. En esta entrevista, la académica echa una mirada pragmática al futuro de las doce propuestas que Martín Vizcarra ha dejado en manos del Congreso y explica algunos de sus alcances.

Ustedes se reunieron con el presidente (el miércoles) y él anunció que la bicameralidad se sacaba de la propuesta al Congreso. ¿Lamenta esa decisión?

El escenario ideal, maximalista, hubiera sido que el Ejecutivo adopte toda nuestra propuesta, pero parte de la realidad política es que tenía todo el derecho de procesarla, evaluarla. Se han tomado el tiempo para ver cómo caían las propuestas que habíamos hecho, incluyendo la bicameralidad, que era el tema más polémico…

Pero también el más trascendente. Fernando Tuesta (presidente de la comisión) dijo que era “la madre” de todas las reformas…

Es una frase sacada del contexto: la había dicho como Fernando Tuesta, no como comisionado, antes de las reformas. Y entendemos la situación en la cual ha estado el Ejecutivo y la idea de no hacer suya la propuesta de la bicameralidad es una decisión más política, porque, en las conversaciones que hemos tenido con el presidente, el ministro de Justicia, el antiguo premier y este premier, políticamente están a favor de la bicameralidad…

Y la plantearon en un inicio…

Exacto. Su evaluación política es que, en el contexto político actual, post referéndum, no es pertinente volver a abrir el tema. Sabíamos que era una propuesta que iba a generar resistencias. Pero hay un acuerdo bastante generalizado, al menos en los actores políticos más organizados, de la necesidad de la bicameralidad. Incluirlo en el informe, a pesar de que corría el riesgo de no ser incorporada como propuesta, era la forma de hacer que el tema quede puesto en la agenda púbica…

Han puesto la valla en todos los aspectos: financiación, inscripción, elecciones internas… ¿La van a tener difícil los partidos?

La pregunta es: ¿Qué partidos? ¿Y qué partidos deseamos tener? Muchos de los “partidos” que hoy existen lo van a tener difícil y esa es un poco la idea. En realidad, nosotros no planteamos la propuesta de reforma política como algo que va en contra de los partidos o pensando en debilitarlos, sino todo lo contrario: que sea una forma de generar partidos más fuertes, más representativos, más organizados, más duraderos, y un poco tratar de romper o desincentivar esta dinámica perversa que se ha institucionalizado en el país.

La propuesta pone énfasis en que, para la inscripción de un partido, lo importante son los militantes, no las firmas. Pero, en la elección de candidatos, los militantes ya no tienen voz y voto, sino la ciudadanía en general. ¿No es una contradicción?

Lo que sobrevive a pesar de la salida de la bicameralidad es todo este paquete de propuestas de ley que tienen que ver con la inscripción, cancelación de partidos políticos y la selección de candidaturas. Pero, en este paquete, una cosa que buena parte de los políticos y la ciudadanía no han terminado de entender es exactamente qué estamos proponiendo como elecciones internas. Muchos oyen "elecciones internas" y se imaginan que cada partido va a organizarlas en su local...

Entiendo que las va a organizar la ONPE, ¿no?

Exacto. No nos estamos metiendo con las decisiones partidarias. No decimos, por ejemplo, los requisitos que cada partido debe establecer para criterios de membresía. Tampoco cómo deben organizarse hacia adentro. Incluso ellos mismos van a definir qué candidaturas enviar y quiénes pueden ser candidatos dentro de su partido. Y los militantes tienen decisión en quiénes van a ser candidatos, porque también van a votar…

Pero, proporcionalmente hablando, su peso será mínimo…

Sí, pero una de las críticas principales que se hace a los partidos existentes es justamente lo mal que vienen seleccionando candidaturas. Por eso, la idea es que ciudadanía participe en este proceso previo de filtro de candidaturas, para que contribuya a hacer una mejor selección. Y esto abre la caja de Pandora. Ahorita, ¿qué sabemos de cuáles son las prácticas reales para seleccionar candidatos? Los partidos más organizados tienen procedimientos de selección interna más establecidos. Algunos han solicitado alguna vez el apoyo de ONPE

De hecho, el Frente Amplio en su momento hizo una elección abierta de candidatos…

Pero con lo que implica, por ejemplo, asumir los costos de organizar estas elecciones y con los problemas que eso a veces tiene para la institucionalidad partidaria… Todo eso se dejaría de lado, porque no habría una cúpula partidaria que toma las decisiones, sino que habría transparencia, para comenzar, porque el padrón de militantes sería público. También sabríamos quiénes son el pool de candidatos, que son los militantes del padrón que podrían aspirar a puestos de elección popular, con una cuota de 20% de invitados. Ahora sucede lo contrario. Se juega con la figura de invitados, pero, muchas veces, la mayoría no es gente del partido…

Como Fuerza Popular: sólo 11% de sus congresistas es del partido...

Cierto. Y eso desvirtúa el sentido de una organización que quiere permanecer en el tiempo, pero también abre la puerta a estas cosas que sabemos que pasan: negociaciones de candidaturas, que en la práctica es la venta de candidaturas; cambios de puestos en la lista por quién da más plata… Ahora, las elecciones las organiza ONPE. Es una votación más, con el requisito de la participación obligatoria.

La propuesta que puede resultar controversial es la financiación estatal de los partidos.

El financiamiento estatal ya existe en la práctica. El Estado le da plata, ojo, no a todos los partidos, sino a los que tienen representación en el Congreso. Estos acceden a un financiamiento público directo para costear los gastos que implica hacer política.

¿Cuál es la diferencia?

Que la ley dice que solo lo pueden gastar en gastos ordinarios relacionados con el funcionamiento partidario regular y actividades de capacitación e investigación. Entonces, se dan situaciones paradójicas de partidos que usan los fondos estatales para pagar su local partidario, pero, después, en elecciones, no pueden usar ese local para hacer campaña. El Estado se está metiendo a financiar en parte las actividades partidarias para que justamente los partidos no tengan la excusa de “como no tengo plata, debo aceptar las condiciones de quienes quieran aportar a mi campaña” y es la puerta para el ingreso de dineros oscuros.

Lo que se vio con Odebrecht...

Eso. Entonces, no es que esto elimina, pero sí debería reducir la posibilidad con dos medidas: una, que ya ha sido aprobada a nivel constitucional, y que nosotros estaríamos desarrollando en parte, que es la prohibición de que los partidos paguen directamente propaganda en radio y televisión durante campañas. Eso era lo que más encarecía las campañas electorales y lo que más propiciaba esta necesidad de buscar plata como locos y aceptarla de quien sea.

¿Y se van a limitar a la franja electoral?

Sí. Eso también equilibra las posibilidades de comunicación de los partidos, porque también pasaba que aquellos candidatos que tenían más plata eran los que podían darse a conocer más.

Se ha dicho que para que estas reformas sean viables tendrían que aprobarse este año. ¿Considera que con este Congreso se pueden aprobar?

Con voluntad política se pueden hacer muchas cosas. Estamos llegando a un punto de hastío generalizado donde la ciudadanía está demandando cambios. Entonces, es importante que los congresistas tomen nota de estas demandas de un cambio que pueda realmente abrir las puertas a que, a partir del año 2021, podamos empezar un nuevo capítulo y tengamos un cambio de reglas lo suficientemente significativo como para hacer, como dice mi colega Martín Tanaka, un reset y empecemos a hacer una política diferente para el nuevo siglo.

El Congreso terminó deformando las cuatro propuestas del presidente para el referéndum. ¿Qué garantiza que estas propuestas que ustedes han trabajado no sean desnaturalizadas?

No hay nada que lo pueda garantizar, pero algo que puede ayudar a que así no sea es que justamente tengamos un ojo atento, una presión desde la sociedad, los medios, la ciudadanía… No estamos dando carta blanca a que vuelvan a hacer un nuevo Frankenstein, como se ha hecho en el pasado, sino queremos que salga algo nuevo. Obviamente se puede debatir, se pueden cambiar cosas, pero que no cambien el sentido de fondo, sobre todo de algunos paquetes de reformas que son integrales. Algo a lo que deberíamos apelar es a que este Congreso no se va a reelegir. Entonces, ellos tienen que pensar qué legado quieren dejar al país. No sé si sea muy ingenuo, pero todavía esperamos poder apelar a ese objetivo.

Un problema es que se ha generado una apatía del ciudadano frente a la política. ¿Esta reforma contiene algún mecanismo destinado a neutralizar esta apatía?

Definitivamente, eso es parte de nuestro diagnóstico: que parte de un problema grande de este círculo vicioso de la política es esta desconfianza ciudadana y una creciente desaprensión que puede llegar a la apatía. Es basados en ese factor que decidimos no incluir el voto voluntario. Creemos que, en este contexto de apatía, sería peligroso facilitar que los ciudadanos descontentos se alejen aún más del sistema, porque sería una minoría del país muy activa en los extremos políticos e ideológicos la que terminaría tomando las decisiones.

¿Cuál ha sido el punto más difícil de ponerse de acuerdo entre los miembros de la comisión?

Ha habido varios. Lo bueno es que no ha habido muertos, solamente heridos [risas]. En realidad, sobre algunos temas que realmente sentimos que no había posibilidades de llegar a un consenso, lo que decidimos fue no abordarlos… Por ejemplo, descentralización es un tema que debería ser debatido de forma más amplia y con más tiempo que los dos meses que tuvimos. Otro tema que también valdría la pena repensar es el diseño de los organismos electorales y ven si lo que tenemos es lo mejor o si hay una mejor forma de repartir funciones y todo para que el sistema funcione mejor. Algunas cosas ya quedaron para el futuro.

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