¿Qué pasó en el penal El Frontón y por qué hasta ahora no se ha reabierto?

El penal El Frontón fue un centro reclusorio que empezó a funcionar en 1917 hasta fines de la década de los 80. Albergaba principalmente a los criminales más peligrosos del Perú, principalmente a los condenados por homicidio y violación. No obstante, debido a un motín provocado por los reclusos en el que también estuvo involucrado la Marina de Guerra, fue cerrado definitivamente hasta el día de hoy.

Más de 100 reclusos murieron durante las acciones militares perpetradas por los marinos, quienes en la actualidad siguen enfrentando juicios por este suceso, al cual se le denomina La Matanza en El Frontón. Conoce a continuación qué ocurrió en el centro penitenciario durante aquella época y cómo va el caso en la actualidad.

Sobre el penal El Frontón

El desaparecido penal El Frontón estuvo ubicado en una pequeña isla también denominada El Frontón, la cual está cerca al Callao. Por muchos siglos, estuvo deshabitada, pero en 1917, durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, se construyó una cárcel con el fin de albergar a los más peligrosos criminales del país.

Uno de los políticos que pasó por esta cárcel fue Fernando Belaúnde Terry, expresidente del Perú, quien fue detenido por encabezar una protesta contra el Gobierno de Manuel Prado Ugarteche en 1962.

En la actualidad, El Frontón, más que ser recordado como un penal de los más peligrosos, muchos lo rememoran por las masacres más sangrientas que tuvo en el país.

El motín en los penales de El Frontón, San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara

La madrugada del 18 de junio de 1986, los reclusos de El Frontón iniciaron un motín en el pabellón Azul. Al mismo tiempo, en los penales de San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara, los presos también empezaron a amotinarse para escapar.

Mientras tanto, en Lima, se llevaba a cabo la conferencia mundial de la Internacional Socialista, a la cual asistieron 22 presidentes, decenas de representantes de partidos políticos y alrededor de 500 periodistas extranjeros. El jefe de Estado de entonces, Alan García, así como otras autoridades peruanas, también se encontraban en el evento.

Sin embargo, mientras diversos líderes del mundo se reunían en el país, la situación en los penales se agravaba. Los prisioneros tomaron de rehenes a los guardias de las cárceles y periodistas con el fin de que las autoridades hagan caso al pliego de demandas que presentaron, pues buscaban que se eliminaran las requisas y revisiones, así como el cierre del penal Canto Grande, su negativa a trasladarse a otros centros penitenciarios y mejores condiciones carcelarias.

Ante esta situación, el Gobierno de Alan García envió una comisión negociadora llamada Comisión de Paz, conformada por César Samamé, Augusto Rodríguez Rabanal y Fernando Cabieses. Sin embargo, las negociaciones fracasaron y el mandatario promulgó el Decreto Supremo n.º 006-86-JUS con el fin de declarar a los centros penales como “zonas militares restringidas”.

Poco después, García y su Consejo de Ministros se reunieron para llegar a un acuerdo sobre el motín en los penales. Una vez finalizada la sesión, el viceministro del Interior, Agustín Mantilla, anunció que, si los amotinados no se rinden, usarían la fuerza para detenerlos.

“El viceministro ordenó la suspensión del diálogo con los internos pese al reproche de las autoridades judiciales. El director de dicho establecimiento protestó ante el jefe del servicio penitenciario, pero este le respondió tajantemente que era una orden del presidente de la República”, se lee en el informe de “La Matanza en El Frontón” publicado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Matanza en El Frontón

A las tres de la mañana del 19 de junio, empezó la matanza, que, según el reporte de la CVR, “la Marina utilizó no solo el armamento tradicional, sino, además, se utilizaron bazucas, morteros, dinamitas y explosivos de alto poder como el C-3, con los que lograron demoler el llamado pabellón Azul”.

Una vez que se rindieron, algunos internos fueron llevados a una zona de la isla llamada ‘Los Baños’, donde, según testigos, fueron asesinados con disparos y bayonetas. Otros fueron torturados y, posteriormente, ejecutados. En total, se reportó que 118 reclusos fallecieron. También fueron registrados varios desaparecidos.

Según dos efectivos de la Marina que testificaron a la CVR, a pesar de que los terroristas se rindieron, estos de todas maneras fueron ejecutados a balazos y con armas blancas.

Varios de los reclusos que fallecieron se encontraban detenidos en calidad de inculpados, incluso muchos de ellos fueron declarados inocentes en los procesos posteriores, como son los casos de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera, quienes después de ser asesinados en la masacre, fueron absueltos por cargos de terrorismo que se les había imputado.

El caso de El Frontón en la actualidad

Aunque Alan García ordenó que se realicen investigaciones sobre El Frontón, los únicos sancionados fueron los ejecutores directos y no los que dieron las órdenes. A pesar de que en los últimos años se presentaron recursos para reabrir el caso y no quede en el archivo, hasta hoy las autoridades no lo han aprobado. Asimismo, después de los incidentes, el reclusorio jamás volvió a recibir reos ni hay planes en la actualidad para que vuelva a funcionar.

Incluso, en febrero de este año, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que restituye el fallo de 2013, el cual establece que el crimen perpetrado presuntamente por marinos no podía calificarse como lesa humanidad, a pesar de que el caso el Frontón inició como parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de las víctimas Durand y Ugarte.

Reapertura del caso El Frontón

El 16 de agosto del 2000, la Corte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo responsabilizando al Estado peruano por el caso de la matanza de los penales, así como por la la muerte y desaparición de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte. La entidad de DD. HH. ordenó que debían de esclarecerse los hechos y sancionar a los culpables. Ante esta sentencia, la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas abrió una investigación para determinar cómo se originó el motín y a la vez, hallar la verdad detrás de esta masacre.