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Pedro Castillo: ¿por qué el Ministerio Público amplió la investigación contra el presidente?

La Fiscalía ha notificado de los sucedido al mandatario, quien tiene garantizado su derecho a la defensa.

La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ya había abierto una investigación contra el jefe de Estado por la presunta injerencia en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas. Foto: composición/La República
La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ya había abierto una investigación contra el jefe de Estado por la presunta injerencia en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas. Foto: composición/La República
La República

Este domingo 29 de mayo, el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, tras un análisis técnico-jurídico ante la seriedad y gravedad de las imputaciones en el marco de la investigación iniciada contra el exministro de Transportes Juan Silva y seis congresistas.

El anuncio fue difundido a través de la cuenta de Twitter de la Fiscalía, en la cual se garantiza que el jefe de estado podrá ejercer el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política.

El organismo autónomo también resaltó que Pedro Castillo fue notificado de la disposición, y se ha ordenado su declaración indagatoria a las diligencias ya estipuladas en la pesquisa contra Silva.

¿De qué se le acusa al presidente?

El mandatario ha sido incluido en la investigación que se abrió inicialmente contra el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva, así como a seis congresistas de la bancada de Acción Popular sindicados como integrantes de Los Niños, tras la declaración de Karelim López ante la fiscal Luz Taquire.

Las averiguaciones iniciaron el último 5 de mayo por orden del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, como autor de la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal, y también comprometen a los seis legisladores acciopopulistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López por el delito de tráfico de influencias agravado.

Zoraíada Ávalos, exfiscal de la Nación, ya había abierto una investigación contra el mandatario ante la presunta injerencia en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas, así como la compra de biodiésel en Petroperú y por supuestas visitas clandestinas a la casa de Sarratea (Breña), donde habría mantenido reuniones extraoficiales cuando ya habitaba en la Casa de Pizarro.