Lupe Muñoz

Equipos del sur disputaron encuentro con dos tiempos de 40 minutos. Rojinegros se enfrentan el sábado a Alianza Lima en otro amistoso.

Cartel malicioso. Son 35 las empresas y 28 los ejecutivos implicados en la adjudicación dolosa de 112 licitaciones de obras de Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por más de 13 mil millones de soles, en los gobiernos de Toledo, García y Humala. Entre las compañías hay 5 que financiaron clandestinamente a la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

Plan piloto realizado en noviembre y diciembre pasado generó malestar y protesta de los vecinos.

A la cárcel. La fiscal del Equipo Especial, María Salazar, le imputa al exburgomaestre y a su socio político José Luna Gálvez los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, y solicita prisión preventiva por 36 meses.

Contradicción. Mercedes Cabanillas, Javier Velásquez y Carlos Roca comentan el histórico fracaso del partido de la estrella.

Por lo bajo. Con el pretexto de supuestos incumplimientos de contrato, las empresas reclamaban pagos adicionales al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Provías Nacional, mediante la modalidad del arbitraje. La Procuraduría del MTC lo impidió.

Requisa documental. Empresas del excongresista investigadas por lavado de activos suscribieron contratos con la universidad cuando la manejaba su tío Fidel Ramírez. Según la tesis de la Fiscalía, el dinero se destinó al financiamiento de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016, por eso allanaron local de la UAP.

Yerro. En el operativo contra ‘Los Capos del Diésel’, el mayor Emilio Albújar fue arrestado y fueron allanados su cuarto en el cuartel del BIM Zepita N° 7, su vivienda familiar en Cajamarca y la casa de sus padres en Lima. Pero no era el hombre que buscaban.

Sustentación. Defensor César Nakazaki dijo que testigos ya declararon, por lo que cesó la presunta amenaza que ejercía el empresario. Fiscal Juan Carrasco informó que ha sido amenazado.

Entrevista con el abogado defensor del empresario y expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo Picchotito, en el caso ‘Los Wachiturros’.

Operativo. Pese a haber sido liberado hace unos días, los inmuebles de Humberto Abanto Verástegui, abogado de Jaime Yoshiyama Tanaka, también fueron comprendidos en el operativo.

Decisión dividida. En una apretada votación –4 a 3–, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró fundado el hábeas corpus que anula la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Según Eloy Espinoza, a Ernesto Blume y a la mayoría les costará argumentar.

Escalada incriminatoria. El fiscal José Domingo Pérez acusa a la excandidata presidencial de asociación ilícita y organización criminal, sustentándose en nuevas y gravísimas declaraciones como las de Jorge Yoshiyama, Rolando Reátegui y Luis Mejía Lecca, que indican que no solo estaba informada de los aportes clandestinos, sino también que participó en acciones para obstruir la labor investigadora del Ministerio Público sobre el caso.

Viaje al origen. Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) demanda a entidad financiera que conglomera al Banco de Crédito, Prima AFP y Pacífico Seguros, entre otros, documentación sobre el origen del dinero donado secretamente a Keiko Fujimori y si tuvo autorización del directorio para hacer el millonario desembolso en 2011.

Sorpresivo. Fue para verificar documentalmente si eran ciertas las declaraciones de los empresarios que admitieron haber entregado dinero a la institución o a la candidata del fujimorismo en las elecciones presidenciales del 2011.

Entrevista al exjefe de la SBS.

Entrevista al tributarista.

Señalamiento. Declaró ante el Equipo Especial que la excandidata de Fuerza Popular “mandó a preparar personalmente” los proyectos de ley con la expresa finalidad de truncar la investigación que se le sigue por lavado de activos.

Uno de los postores observó el proceso de selección, pero OSCE no le dio la razón y ordenó seguir con el procedimiento. Sin embargo, el Gobierno Regional suspendió la contratación.

El Tribunal Constitucional reiteró que los procesos administrativos sancionadores seguidos por la Contraloría General de la República contra 15 mil funcionarios y servidores públicos por presuntos actos de corrupción, son inconstitucionales y deben ser declarados prescritos.