Doris Aguirre

Evidencia. Exministras de Justicia, Delia Muñoz, y de Comercio Exterior, María Seminario, exigieron a expresidente en sesión del 15 de noviembre que se dejara constancia de que no se había informado sobre las operaciones policiales para sofocar las protestas.

Oídos sordos. Alta comisionada Michelle Bachelet pide a la PNP que reconozca sus errores, pero la fiscalía ni siquiera ha citado a los principales responsables, generales Jorge Lam y Luis Cayas.

Malas noticias. Fiscal del caso de Bryan e Inti tuvo que ser cambiado por su extrema lentitud: ni siquiera había citado a los generales responsables de la represión.

Entrevista al titular del Ministerio del Interior, quien se refirió a los casos de corrupción en dicha institución y sobre el retiro de los generales de la PNP.

Letrado afirma que ha presentado al fiscal del caso, Eduardo Cueva, documentación que probaría que los fondos invertidos en la empresa Limasa son de origen lícito.

En evidencia. Efectivo policial comandó brutal represión a manifestantes que exigían mejoras salariales en las empresas agroexportadoras y donde fue asesinado el obrero Jorge Muñoz, pero él rechazó la imputación diciendo que su revólver no funcionaba desde años. Peritaje balístico echó por tierra su coartada.

La pista de la bala. Vestido de civil y con chaleco antibalas, el suboficial de primera PNP Víctor Bueno Alva, chofer de la Unidad de Escuadrón de Emergencia de Trujillo, fue fotografiado cuando disparaba su arma hacia el cuerpo de los ciudadanos. Se le ha requisado la pistola CZ 83 de 9 mm, para establecer si es el autor de la muerte de un adolescente de 16 años y un adulto de 27 años.

El policía Víctor Bueno Alva se encontraba vestido de civil al momento de su captura, con chaleco antibalas y se le incautó una pistola CZ 83 de 9 mm.

La pista del dinero. Fiscalía sospecha que empresa Limasa sirvió para lavar fondos de Alberto Fujimori procedentes de Japón.

Nueva ruta, nueva modalidad. Viajaron especialmente hasta el puerto de Avilés, en Asturias, para descargar cocaína que había sido infiltrada en un buque mercante que había salido del Callao. Efectivos fueron inmediatamente dados de baja al comprobarse que salieron del país sin permiso de la institución.

Mala práctica. Proceso de contratación en la Séptima Región Policial de Lima bajo sospecha de corrupción porque las empresas proveedoras fueron elegidas sin ningún tipo de evaluación.

Delincuente dispararon una ametralladora PK calibre 7,62 mm. desde el margen izquierdo del río Apurímac.

Desde el primero de enero reemplazarán a los 20 generales que fueron dados de baja por el Gobierno de Francisco Sagasti. Ocho son de la ex Policía de Investigaciones del Perú, Cinco de la ex Guardia Civil y tres de la ex Guardia Republicana.

Contundente. Los únicos que portaban este tipo de armas en la escena de los crímenes fueron efectivos de la Policía. Quedó descartado que se usaron escopetas artesanales o “hechizos” y se ha probado que la Policía sí contaba con perdigones de plomo.

Comprobado. Informe de investigación de organización internacional Human Rights Watch detalla que existe suficiente evidencia de que el contingente policial aplicó excesiva e indiscriminada violencia durante las protestas contra el presidente de facto Manuel Merino y recomienda identificar y sancionar a los responsables.

También dispuso que equipo de peritos contables sigan la ruta del dinero ilícito que constructora brasileña entregó a las campañas de la candidata fujimorista, por intermedio de cuentas en Panamá y en Lima del empresario Gonzalo Monteverde.

Insostenible. Son 30 de un total de 37 generales. Cuando el Gobierno pasó al retiro a 20 generales, salieron 10 de los investigados. Sin embargo, todavía quedan otros 20 generales bajo escrutinio fiscal. La mayor parte está implicada en compras y contrataciones irregulares de equipos biomédicos durante la pandemia.

Dolor de cabeza. Con el argumento de que la decisión presidencial vulneró la Constitución, varios de los 20 generales de la Policía Nacional que fueron dados de baja el 24 de noviembre han comenzado a interponer acciones de amparo con el propósito de retornar a la institución policial.

Desacato. El último viernes 4, el exministro se reunió en su oficina del Ministerio del Interior con 3 tenientes generales y 7 generales de un total de 20 que fueron dados de baja por renovación. Prometió que diría al presidente Sagasti que las resoluciones del exministro Rubén Vargas eran ilegales.

Fue durante una reunión el lunes, cuando la primer ministro llamó a Cluber Aliaga para que explicara por qué rechazaba el pase al retiro de 20 generales de la PNP, medida con la que estuvo de acuerdo cuando aceptó asumir el Ministerio del Interior.

Decisión. Por cuestionar la baja por renovación de 20 generales PNP y afirmar que policías no usan balas de plomo.