Arequipa: Desaparecen 70 certificados de antecedentes penales

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03 Nov 2014 | 11:40 h

Carlos Herrera.
Arequipa.
 



El certificado de antecedentes penales prueba si un ciudadano tiene sentencias por delitos.  Una auditoría en la Oficina de Registro de Condenas de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), reveló la pérdida de 70 de estos documentos en un periodo de seis meses.

La desaparición de los formularios abre el campo a la especulación. O están traspapelados o sirvieron para certificar información falsa, como ocurrió el 31 de julio pasado con el extrabajador de Corte, Idar Canazas Pari.  Este exservidor falsificó un certificado a favor de Ronald Postigo Delgado, santificándolo a pesar que tenía una sentencia por robo agravado.

El informe se elaboró la primera quincena de agosto a raíz de la adulteración de Canazas.

En la resolución tres del expediente administrativo 57 – 2014 se sanciona con un llamado de atención por escrito a la ex jefa de la Oficina de Registro de Condenas Marcia Zea Ramírez. No solo por esta falta sino por una serie de anomalías.

La primera está referida a que las operaciones de procesamiento de información para la atención a los usuarios, se efectuaban indistintamente por trabajadores que tenían estas funciones y por otros a quienes se les encomendaba temporalmente la labor. Estos últimos no daban cuenta qué tipo de trabajo habían efectuado ni de los certificados que imprimieron.

El segundo hallazgo está referido a que Zea tenía en la computadora, que le asignó la Corte para su trabajo, archivos personales, que nada tenían que ver con su labor. Se encontró por ejemplo, una tesis, discursos para otras entidades, material que probablemente usaba en su labor como docente en la Universidad Alas Peruanas.

El tercer hallazgo, refiere que se desconoce el paradero de 70 de los 622 certificados emitidos entre el primero de enero y el 31 de julio de este año.




LE SALVARON LA VIDA
Trabajadores de la Corte de Arequipa, que evitaron identificarse, señalaron que pese a las faltas graves de Marcia Zea, el Gerente de Administración  de la Corte, Javier Rospigliosi Vega, le impuso una de las más bajas amonestaciones, como es el llamado de atención por escrito

Sostuvieron que cuando ellos cometen una falta se les suspende por días, incluso se les despide. Aunque habría que aclarar que a Zea, por estos incidentes, la removieron del cargo y la ubicaron en otra posición.

Afirmaron que los 70 certificados que supuestamente se extraviaron, habrían sido mal utilizados y que la funcionaria nunca realizó una labor de control de los formularios que se emitían. Además maltrataba  al personal que estaba a su cargo.

El gerente de la Corte, Javier Rospigliosi, negó a La República un favorecimiento a Zea por la sanción leve. Afirmó que un llamado de atención por escrito es grave, ya que ingresa al file personal de la servidora.

“La sanción se enfoca en dos puntos, en la falta de supervisión y monitoreo  que ocasionó la pérdida de 70 formatos de certificados. La segunda imputación es por el uso indebido del computador asignado a su cargo, donde se encontró documentos personales”, señaló.

Consultado si su despacho investigó el destino de los formularios y si los anularon para que no sean mal utilizados, Rospigliosi, señaló que no se pueden cancelar. Añadió que tampoco se puede especular sobre su uso. “No se puede decir que se hizo un mal uso, no hay como probarlo”, sostuvo.

En su defensa la servidora dijo que se traspapelaron, pero no pudo probar su afirmación.



DENUNCIA PENAL
En la resolución donde se sanciona a Zea, también se refiere que un grupo de trabajadores del Registro de Condenas y otras áreas, enviaron un memorial (el 25 de agosto a la gerencia y presidencia de la Corte) donde denunciaban maltratos, además del mal uso que Zea haría de los bienes de la Corte. Sobre ello, la servidora sostiene en sus descargos que todas esas afirmaciones carecen de medios probatorios, y solo son dichos.

En el análisis realizado por Rospigliosi en la resolución, se indica que parte de los dichos de los trabajadores del memorial tienen sustento, ya que en la auditoría realizada por la Corte Superior de Justicia se evidenció que sí se mal utilizó la computadora que se le asignó.

Rospigliosi dijo que por ello el 3 de octubre pasado, se presentó ante la Primera Fiscalía Provincial Penal, una denuncia por Peculado de Uso en contra de Marcia Zea Ramírez. Se le imputa el mal uso de los bienes de la sede del Poder Judicial. La denuncia se sustenta en el informe de auditoría y el memorial enviado por los servidores.

“Será la Fiscalía la que determine si existe o no un ilícito. Nosotros no podemos calificar ello”, concluyó.  



CLAVES

El gerente de la Corte, Javier Rospigliosi, afirmó que en la sede judicial hasta el momento no reciben solicitudes de parte de la Tercera Fiscalía Provincia Penal, ni un requerimiento de documentación sobre el caso. Afirmó que su despacho está dispuesto a colaborar.

Afirmó que la Corte nunca trata de encubrir a ningún servidor que haya cometido un acto irregular.



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