Unión civil: derecho de las parejas del mismo sexo

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8 M11 2013 | 18:30h

El Proyecto de Ley Nº 2647/2013-CR que crea la Institución de la Unión Civil No Matrimonial para personas del mismo sexo está basado en diversos argumentos legales tales como el numeral 2 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú que señala: “Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”. Según la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Carta Magna este artículo debe ser interpretado de conformidad con la Declaración de Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre la materia ratificados por el Perú.

En el caso de los derechos de la comunidad homosexual, de modo específico, en el Artículo 10 de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, se norma que los Estados “Reafirman su decisión de combatir toda forma de racismo, discriminación, xenofobia y cualquier forma de intolerancia o de exclusión en contra de individuos o colectividades por razones de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, orientación sexual, condición migratoria y por cualquier otra condición; y, deciden promover legislaciones nacionales que penalicen la discriminación racial”.

Más allá del raciocinio jurídico, se sostiene por sectores  tradicionalistas, que esta iniciativa legal no debe ser aprobada, porque la Unión Civil No Matrimonial para personas del mismo sexo es de manera “camuflada” de matrimonio, no cumple con los dos requisitos esenciales de esta institución que son: hacer vida en común y procrear. Según este razonamiento, los matrimonios heterosexuales que no tienen hijos tampoco deberían ser considerados como tales y las personas que los conforman deberían ser despojados de los derechos gozados por tal institución.

A estos se suman las críticas, no de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el papa Francisco, quien respecto a la homosexualidad ha señalado que un gay debe ser considerado como una persona. Los cuestionamientos provienen de la autoridad nacional de la Iglesia Católica en nuestro país, monseñor Cipriani quien sostiene: “El que quiera tener una relación tiene el derecho civil para que haga su contrato, pero no hace falta realizar una caricatura de matrimonio para luego destrozarlo”, es decir, afirma que las parejas homosexuales deberían realizar toda una serie de contratos a fin de preservar sus derechos patrimoniales, hecho que por sí mismo resulta discriminatorio, sin considerar además que dicha fórmula deja de lado los demás derechos no patrimoniales.

Sin embargo, tales argumentos discriminatorios basados en una visión conservadora parecen olvidar que en la Iglesia existió una vieja institución llamada “Hermandad de Juramento”, pacto de lealtad que realizaban parejas de hombres o de mujeres ante un sacerdote. Esta institución, según el literato Gregorio Martínez, conforme lo señala en su libro Diccionario Abracadabra, era muy común en los poblados del Perú, más en los Andes que en la Costa. Dicho rito religioso en nuestro medio, tal vez fue derivado del conocido en Europa como Adelphopoiesis que se encuentra extensamente documentado por el historiador estadounidense John E. Boswell.  

Hoy que el Obispo Auxiliar de Ayacucho se encuentra investigado por pederasta o por el forzamiento sexual de menores de edad aprovechando su estatus de prelado de la Iglesia, la doble moral del monseñor Cipriani, ya no nos impresiona. Cuando nada menos que un Obispo Auxiliar, comete un delito contra la indemnidad sexual de menores, allí la complicidad del Opus Dei se expresa  en palabras de Cipriani señalando que “no hay que hacer leña del árbol caído”. Sin embargo, para meterse en la vida ajena y tratar de orientar corrientes de opinión que estigmaticen a las parejas gay que no se ocultan por serlo ni cometen delitos contra los niños, allí sí, la oposición a ultranza. ¡Cuánto cristianismo!, ¡cuánta humanidad!
 

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