Víctor García Toma: "Hay abogados que transitan por el PJ con antifaz y garfio"

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24 Dic 2012 | 2:55 h

Efraín Rodríguez Valdivia.
Arequipa.

Alberto Fujimori exige que un grupo médico lo visite. ¿Cree que existe presión del reo sobre la Comisión de Gracias Presidenciales?  

No creo que exista ninguna presión. Él desea que su caso se resuelva con celeridad, según su perspectiva. En todos los casos, la Comisión de Gracias Presidenciales evalúa si el reo tiene una enfermedad grave. Incluso verifica si las condiciones carcelarias afectan su salud. Evidentemente, Fujimori tiene buenas condiciones de encierro. Aquí se está respetando el plazo de presentación de la solicitud. El comité médico juntará información técnica para exponer al presidente Humala las condiciones de vida de Fujimori.
 

Fujimori fue sentenciado por el delito de secuestro. La ley no permite indultos en esos casos. ¿Cómo pretende acceder a esa gracia presidencial?

El ex presidente no tiene derecho al indulto común por secuestro. Él rubricó una norma que prohibía otorgar la gracia por este delito. En su gobierno plagiaron al empresario Samuel Dyer y al periodista Gustavo Gorriti. Sin embargo, hay una diferencia: él solicitó un indulto humanitario aparentemente por una enfermedad terminal o grave, cuyo tratamiento no es posible llevarlo en su centro de reclusión.
 

¿Cuáles son esas condiciones carcelarias que le permitirían llevar su tratamiento?

Aparentemente sí puede llevarlo, pero se comprobará con la visita técnica-médica de la Comisión de Gracias. Obviamente, sus condiciones carcelarias son las mejores. Son pocos los presos en el Perú que tienen esas condiciones.
 

Por otro lado, ¿cómo evalúa la función y poder del Tribunal Constitucional (TC)? Existe la impresión de que hay un debilitamiento de este órgano y que no se acatan sus fallos.

No creo que esté debilitado. Pienso que se consolida conforme pasan los años. Por ejemplo, el Poder Judicial (PJ) recurrió al TC para arreglar sus conflictos con el Poder Ejecutivo sobre la homologación de salarios de los magistrados (con los haberes de los jueces supremos). Que un poder del Estado acuda al TC para salvaguardar derechos es una muestra de su vigencia e importancia.
 

Pero los cusqueños no quieren que se haga el balance hídrico ordenado por el TC.

Desobedecer un mandato del TC, impidiendo el estudio de la cuenca del río Apurímac para la viabilidad del proyecto Majes Siguas II, es un caso particular. Lo diré con una metáfora: cuando un ciudadano incumple una orden del TC, es como hacerle un chichón al sistema jurídico. Pero cuando una autoridad desobedece, es una zancadilla. Es grave que una autoridad omita una orden del TC. 
 

Sobre Majes II usted afirmó que se puede aplicar el Artículo 22 del Código Procesal Constitucional para destituir a las autoridades de Cusco que se opongan al mandato del TC. ¿Qué proceso debe seguirse?

El TC autoriza al juez que expidió la sentencia para que adopte medidas punitivas. Estas son administrativas, penales y la destitución. Creo que es pertinente recordar este artículo porque muchas autoridades no tienen claras sus competencias. El poder los marea. 
 

¿Cree que la justicia está enmarcada en el proceso de inclusión social de este gobierno?

La justicia está dentro de la inclusión social por su acceso. Eso significa más dependencias, procedimientos rápidos, acompañamiento de defensa gratuita. Se avanzó, pero estamos lejos. Debe haber más recursos y más eficacia en todos los órganos. También incluye a la sociedad civil. 
 

Pero hay un profundo desprestigio del PJ.

Esa idea no es actual. Decir que la justicia está desprestigiada pertenece al pasado. La justicia ha mejorado. La denuncia contra la corrupción es clave. Aunque todavía hay algunos abogados que transitan por el PJ con parche de pirata y garfio. En los estudios de los abogados reciben a los litigantes con antifaz. Hay piezas de esa calaña. Debemos quitarle las pulgas y los piojos al sistema judicial.
 

Finalmente, ¿procede la candidatura de la Primera Dama? La Ley Orgánica de Elecciones no lo permite, pero la Constitución no lo niega ni lo afirma.

Esta prohibición de postulación de los familiares del presidente surge en La Ley Orgánica de Elecciones. Cuando se hace el control de la constitucionalidad no solo se revisa la Carta Magna, sino también todas las normas que la complementan. Los legisladores constituyentes retiraron cien artículos para justificar una constitución principista. Le metieron hacha, cuchillo y machete a la Carta Magna. Trataron de evitar la postulación de Susana Higuchi (con la Ley Orgánica) que estaba en la oposición. Ahora estamos en posición inversa. Actualmente, para que un congresista o ministro postule debe renunciar antes. 
 

Pero Nadine Heredia no es una funcionaria del gobierno.

Técnicamente, la Primera Dama no es funcionaria del gobierno, pero sabemos que fácticamente es el alter ego en la sombra y la penumbra del presidente de la República, Ollanta Humala. No quiero incomodar al mandatario, pero ella es casi la presidenta. Si los congresistas deciden cambiar la ley, ella podrá postular.  

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