Represión y muerte en Islay

Plataforma_glr
7 04 2011 | 19:00h

Arequipa. Dos víctimas más y cincuenta heridos tras incursión policial. Atención en hospital de Mollendo colapsó ante la cantidad de heridos. Miles de huelguistas sitiaron Mollendo y quemaron dos cisternas y tres buses.

Elízabeth Prado y Edwar Quispe.

Una inesperada incursión aérea de la Policía Nacional para desalojar a cientos de huelguistas que se habían posesionado de la vía Mollendo-Matarani produjo el deceso de dos personas y más de cincuenta heridos.

El ataque contra los pobladores que pernoctaban en la zona de Alto Catarino, como parte de la huelga indefinida que cumplen en contra del proyecto Tía María, se inició a las 5:00 de la mañana con el lanzamiento de bombas lacrimógenas desde un helicóptero.

Luego, por tierra, 200 policías procedieron al desalojo en un duro enfrentamiento que se prolongó hasta las 11:00 horas.

La primera víctima fue Néstor Cerezo, de 31 años, quien recibió el impacto de uno de estos artefactos en la cabeza. La magnitud del golpe le produjo una herida con exposición de masa encefálica. Le siguió Aurelio Huarcapuma Clemente, de 50 años. Él fue blanco de un disparo de bala en la zona toráxica.

“Nos hemos despertado cuando el helicóptero comenzó a bombardear con bombas lacrimógenas y balas. Las madres corrían con sus bebés y no sabían qué hacer para salvarles la vida, las personas de mayor edad estaban tiradas en el suelo, parecía un mal sueño”, relató Richard Ale Cruz, alcalde del distrito de Deán Valdivia, tras indicar que no hubo advertencia policial previa para que los pobladores abandonen la vía tomada.

Hospital en alerta roja

El hospital de Mollendo se vio obligado a declararse en alerta roja ante el número creciente de heridos. Los más graves, Ronald Gutiérrez Condori, Simón Parque Ramos y Luis Ángel Pino Gutiérrez, tuvieron que ser trasladados a la Ciudad Blanca.

En tanto, al enterarse de la incursión policial en Alto Catarino, cerca de dos mil pobladores del valle de Tambo acudieron en apoyo a los manifestantes atacados y, enardecidos, procedieron a sitiar la ciudad de Mollendo con barricadas y quema de neumáticos.

Destruyen la municipalidad

Los actos de violencia crecieron sobremanera y siguieron durante todo el día. Se reportó la destrucción de la Municipalidad de Mollendo, saqueos y también el incendio de dos camiones cisternas y de tres ómnibus de transporte interprovincial. La Policía ya no pudo controlar a la turba que en ese momento alcanzaba una cantidad de cuatro mil manifestantes.

El helicóptero policial partió desde la base naval, a cuatro kilómetros de la zona de conflicto, para apoyar el repliegue policial lanzando gas pimienta para dispersar a los manifestantes.

Al mediodía, los alcaldes Abel Suárez Ramos, del distrito de Cocachacra, y Richard Ale Cruz, del municipio de Deán Valdivia, se trasladaron a la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa donde eligieron el atrio de la catedral para iniciar una huelga de hambre.

Clemencia para los pobladores

“Hemos venido no por hacer política ni para ver si la minera (Southern Perú Copper) se va o no de Islay, eso lo decidirá el pueblo. Nosotros hemos venido a pedir clemencia para los pobladores. Lo que está ocurriendo allá es algo terrible que no se puede permitir en ningún país democrático”, dijo Ale Cruz en su puesto de protesta.

Por su parte, el alcalde de Cocachacra señaló que continuarán con su medida extrema en la catedral de Arequipa hasta que el gobierno central envíe una comisión de alto nivel a Islay para iniciar el diálogo con la población.

El comité de crisis de Arequipa también hizo un llamado al cese inmediato de la violencia en la provincia de Islay.

En un pronunciamiento público solicitó al Ejecutivo el restablecimiento del diálogo con los dirigentes y pobladores en busca de una solución pacífica para el conflicto minero.

El documento fue firmado por el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén; el representante de la Defensoría en Arequipa, Manuel Amat, entre otras autoridades.

El dato

DENTRO DE LA LEY. El ministro del Interior, Miguel Hidalgo, afirmó que era respetuoso de la protesta porque la Constitución así lo establece, pero anotó que la Policía Nacional tiene la responsabilidad de velar por el orden público, de mantenerlo y de recuperarlo. Hizo un llamado a la cordura de los pobladores del sur y expresó que pueden hacer sus reclamos, pero dentro del marco de la ley, sin atentar contra la propiedad pública ni contra la propiedad privada, y respetando el derecho de otras personas.

Reacciones

"Las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, las ONG, la Iglesia, todos los sectores deben pronunciarse y exigir al gobierno el cese de la represión y el castigo para los responsables de estas muertes”.

Miguel Palacín.
coordinador de la caoi.

"Pido tranquilidad a los pobladores de la provincia de Islay. Además estas movilizaciones en esa zona del país culminarán una vez que termine el proceso electoral del próximo 10 de abril.

Alan García Pérez
Presidente de la república

Se debe evitar pérdida de vidas

En documento dirigido a la primera ministra Rosario Fernández, el defensor del Pueblo (e) Eduardo Vega expresó su preocupación por los hechos ocurridos ayer en la provincia de Islay, y señaló la necesidad de que se constituya una comisión de alto nivel, integrada por ministros de Estado, para que de inmediato se ponga fin a este conflicto social y se evite la pérdida de más vidas humanas en esta zona del país.

Eduardo Vega indicó que el restablecimiento del orden público no se puede realizar con lamentables saldos de muertos y heridos. Hizo un llamado a las autoridades públicas para que el uso de la fuerza en el desbloqueo de las carreteras se realice de manera proporcional, racional y necesaria.

La Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio Público ejecutar una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades por la muerte de 3 huelguistas durante la protesta contra Tía María.

Video Recomendado