Los secuestros del MRTA Prisión y muerte por dinero

Poco menos de cincuenta hombres de negocios fueron plagiados por el MRTA entre 1984 y 1997. Los más afortunados debieron pagar millonarias sumas a cambio de su libertad. Otros perecieron, a manos de sus captores, luego de un inhumano cautiverio en estrechos habitáculos que la organización terrorista bautizó como cárceles del pueblo.

Escribe Luis Navarro.-

Era un hombre de 60 años, nacido en Apurímac, de contextura gruesa y sonrisa fácil, un civil a merced de la insania emerretista desatada con toda su furia en Lima luego de la captura del cabecilla Víctor Polay Campos. Peter Cárdenas Schulte, "Alejandro", el día de su presentación. Informes policiales lo sindican como organizador de la ola de secuestros en Lima. David Ballón Vera, empresario y representante del Banco Minero, circulaba por la cuadra 5 de la avenida Tomás Marsano cuando fue interceptado por una ambulancia robada y dos falsos patrulleros que escondían a quince emerretistas armados con AKM. Los terroristas redujeron al chofer del empresario y metieron a éste en un Toyota verde, robado. Era la tarde del 11 de setiembre de 1992, un día antes de la detención de Abimael Guzmán Reinoso. Vendado y herido, Ballón Vera fue llevado a uno de sus estrechos e inhumanos cubículos que el MRTA denominaba "cárceles del pueblo". Luego empezó la negociación con los familiares. Cinco meses después no se había llegado a ningún acuerdo sobre el monto a pagar por el rescate de Ballón Vera. La madrugada del 23 de febrero de 1993, el cuerpo del empresario fue ubicado por la policía en una calle de San Miguel, con dos balazos en la cabeza. Su cuerpo estaba mojado y tenía claras muestras de haber sido torturado. Pesaba cuarenta kilos menos. Fue el inició de la segunda ola de plagios y crímenes encabezados por el emerretismo en Lima, y que significó el encierro por la fuerza de 12 hombres de negocios en el lapso de diecisiete meses. La misma ola demencial que provocó la muerte de tres de ellos: los empresarios Pedro Miyasato Miyasato y Fernando Manrique Acevedo, ciudadano español, además de David Ballón Vera. Los métodos del MRTA se mostraban en toda su crueldad. "Buscamos y ubicamos al objetivo en un punto determinado, a partir de ahí estudiamos sus horarios, sus rutas, su constancia, sus medidas de seguridad, su personalidad (Ö) Nos interesa tener en cuenta sus distracciones, amantes, vicios, etc.". Estos extractos forman parte del manual de seguimiento y observación del MRTA incautado por la Dircote en la captura del cabecilla Peter Cárdenas, en 1993, y que puso en evidencia que el grupo subversivo tenía el comportamiento de una banda delincuencial. En total, según Dincote, el MRTA ejecutó 46 secuestros contra civiles entre 1984 y 1997. El primero de ellos fue José Antonio Onrubia y los últimos, los rehenes de la casa del embajador del Japón. El más espectacular de los plagios ocurrió el 4 de octubre de 1989, y la víctima era el empresario televisivo Héctor Delgado Parker. Los emerretistas habían establecido, tras meses de reglaje, todos los detalles, movimientos y referencias de las calles aledañas al lugar donde se produjo el asalto, a pocas cuadras del canal 5. Incluso sabían el tipo de armamento necesario para atravesar la carrocería blindada del Mercedes Benz de Delgado, colocada días antes del rapto. El secuestro duró más de seis meses y se especuló que la cifra entregada fue de 400,000 soles. Asesinatos y lugares de tortura A partir de la captura de Delgado Parker, el MRTA implantó en Lima las "cárceles del pueblo", sórdidos socavones excavados en sótanos de domicilios particulares, en donde los secuestrados eran sometidos a interrogatorios llamados "juicios populares". Eran, en la práctica, auténticos centros de tortura física. Parte de los métodos del MRTA para reducir la moral de los familiares del secuestrado y obtener su botín era mostrar públicamente -mediante fotos enviadas a la prensa- al cautivo delante de su prisión. Esta práctica se hizo extensiva a partir de 1992. Entre las víctimas del emerretismo estuvieron Raúl Hiraoka Torres, Pedro Miyasato Miyasato, Víctor Macedonio de la Torre y José Antonio Onrubia. En su testimonio de mayo último, Raúl Hiraoka reconoció como sus captores a tres de los emerretistas chilenos: Alejandro Astorga, Lautaro Mellado y María Pincheira. Las investigaciones policiales apuntaron, como cabecillas de los plagios, a Peter Cárdenas y Hugo Avellaneda Valdez. Más crueles aún que los secuestros fueron las ejecuciones selectivas efectuadas por el MRTA a partir de 1990 y que aceleraron su proceso de degradación. La asimilación de la crueldad senderista terminó de revelarse con el asesinato del general Enrique López Albújar, acribillado de 13 balazos el 9 de enero de dicho año, en San Isidro. Ese día el ex ministro de Defensa no tenía guardia personal. La ejecución del jefe asháninka Alejandro Calderón, a finales de diciembre de 1989, tras ser secuestrado por los mandos subversivos, provocó un levantamiento campesino que supuso para el MRTA el punto de partida para la pérdida de su bastión principal, en la selva nororiental del país. En los dos últimos casos descritos, las víctimas no tuvieron la mínima oportunidad de defenderse.

El caso Cuzquén Cabrera

De odios y condenas a muerte Antes de que empezara 1988, la Dirección Contra el Terrorismo había identificado ya más de 650 acciones del Movimiento Túpac Amaru, incluyendo las de propaganda, colocación de artefactos explosivos, secuestros y desaparición de personas ligadas al movimiento. La primera muestra de descomposición emerretista se registró en junio de 1987, cuando los hermanos Leoncio César y Augusto Manuel Cuzquén Cabrera desaparecieron en Chiclayo, luego de ser acusados de infidencia por el MRTA. Pero este hecho ocasionaría un crimen más grave aún contra una abogada de 32 años, hermana de los supuestos ejecutados. Carmen Rosa Cuzquén Cabrera fue asesinada de cinco balazos mientras estaba internada en el Hospital Arzobispo Loayza de Lima la mañana del 1 de junio de 1988. Un comando de aniquilamiento ingresó a las 7:20 am. en el pabellón 2-A de Neurocirugía, cuando la abogada se recuperaba de un atentado reivindicado por el MRTA el 2 de abril del mismo año. Tres balas en la cabeza, una en el tórax y otra en el muslo acabaron con la vida de Carmen Rosa. El mando emerretista, luego de unas horas, puso en evidencia su responsabilidad: la acusaban de desertora y de ser informante de Dincote. La Policía nunca pudo establecer si la abogada perteneció al grupo subversivo. Leoncio y Julia, sus padres, negaron cualquier vínculo. Mas en el caso de Leoncio César y Augusto, sus otros hijos, no había dudas sobre la filiación emerretista. Sólo se sabía que Carmen Rosa pertenecía a Pueblo Unido, una agrupación que simpatizaba con la lucha armada. Ella misma, una semana antes de morir, envió una carta a la revista "Sí", en la que afirmaba que su único móvil para condenar al MRTA era la desaparición de sus hermanos. Esta semana, logramos comunicarnos con William, hermano mayor y único sobreviviente de los Cuzquén Cabrera. Sin embargo, no quiso dar su testimonio. "A raíz de esos sucesos, yo lo he dejado ahí, me reservo el derecho". Tanto él como sus familiares no han declarado ante la Comisión de la Verdad. Parte de su recelo para hablar tiene que ver, según la familia, con un personaje que estuvo involucrado en los crímenes y que recientemente ha recuperado figuración pública.

Canibalismo y derroche

La fuga del líder emerretista Víctor Polay del penal de Canto Grande, en julio de 1990, marcó el inicio de la etapa más sanguinaria del movimiento terrorista. Fue también la última oportunidad del MRTA para forzar su pase a la legalidad, tal como han reconocido, entre otros integrantes, Rodolfo Klien Samanez. Entre 1991 y 1992, secuestraron a diecisiete personas y asesinaron a tres de ellas. El dinero de las recompensas empezó a ser despilfarrado en el alquiler de residencias en los distritos pudientes de Lima, en autos y en celebraciones. Las bases de Polay ya no estaban en el Alto Huallaga, sino en San Borja, La Molina, La Capullana y Mayorazgo. El acopio de nuevos miembros terminó con cualquier atisbo de disciplina. La vendetta empezaba a campear entre los propios mandos y la muerte del "Comandante Germán", Francisco Orestes Dávila Torres, en agosto de 1991, fue atribuida a sus compañeros del "Segundo Grupo de Comando". El día 22 de enero de 1992, todo se derrumbó en el frente nororiental con la dimisión de Cístero García Torres, alias "Comandante Ricardo". Su salida puso al descubierto la corrupción de la cúpula emerretista, las amenazas y cobro de cupos a los campesinos, y hasta las vinculaciones con el narcotráfico. Tres días después, en Lima, el MRTA asesinó a sangre fría al disidente Andrés Sosa Chanamé, "Comandante Madero", a plena luz del día y frente a docenas de testigos, en Villa El Salvador. Según estableció
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