Diego García Sayán: “Es una patraña acusarme de haber liberado terroristas”

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25 Nov 2007 | 8:00 h

Blanco recurrente de los ataques de un sector del APRA y del fujimorismo, Diego García Sayán no parece inmutarse frente a una nueva arremetida de acusaciones en su contra. El ex ministro de Justicia del gobierno de transición conoce bien a sus adversarios. En las siguientes líneas les responde: advierte despropósitos jurídicos en ciernes, cortinas de humo de inspiración mafiosa y, sobre todo, enfila sus críticas contra el último globo de ensayo del presidente Alan García.

Por Ángel Páez

–El Apra y el fujimorismo pedirán que Ud. explique al Congreso por qué excarceló a terroristas durante su gestión como ministro de Justicia. ¿Asistirá?

–Asistiré, aunque va a ser un poco aburrido para los congresistas.

–¿Por qué?

–Porque el Congreso ya se pronunció sobre el tema.

–¿Quedó demostrado que usted es responsable?

–Por el contrario, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que aprobó la Comisión Permanente que presidía Mercedes Cabanillas, en relación específica con mi caso, acreditó que actué en sujeción a las disposiciones legales y administrativas vigentes. Se pretendía acusarme de haber dispuesto la excarcelación de personas con "resoluciones secretas". Pero se estableció que se actuó de acuerdo a la ley cuando no se hicieron públicos los nombres de los arrepentidos por terrorismo cuyas penas fueron conmutadas. Y no podían ser públicas las identidades porque los arrepentidos fueron una pieza clave en la lucha contra el terrorismo porque proveyeron de información relevante sobre la estructura de la organización y personas.

–Sin embargo, Mercedes Cabanillas, que ahora preside la Comisión de Defensa, ha vuelto a acusar al gobierno de Valentín Paniagua de haber excarcelado a 227 terroristas, según ella, gracias a "resoluciones secretas" rubricadas por usted.

–Es una patraña política más. El proceso de investigación del Congreso fue muy largo, tardó más dos años, me interrogaron de pies a cabeza y se resolvió que no había responsabilidad. Por eso digo que es una patraña reiterar la acusación.

–Con la misma lógica de los fujimoristas, ¿también deberían ser citados los ex ministros de Justicia del periodo gubernamental de Fujimori que aprobaron el indulto de 513 presos por terrorismo?

Narcoterrorismo. García Sayán pregunta: ¿Y los servicios de inteligencia de las FFAA y la PNP?

–¿Qué efecto produciría la publicación de la identidad de los arrepentidos?

–Se le haría daño a la seguridad interna y afectaría la credibilidad del Estado. A cambio de información clave sobre Sendero Luminoso, el Estado, basándose en leyes que todavía son vigentes, ofreció a los arrepentidos la conmutación de la pena y no dar a conocer sus nombres. Esta herramienta contribuyó decisivamente en la lucha contra el terrorismo. Si el Estado decide publicar la lista traicionaría un acuerdo sustentado en las leyes y nadie más se acogería a la figura del arrepentimiento.

–La población está confundida porque el presidente García sostiene que fueron excarcelados 1,800 terroristas mientras que el premier Del Castillo reveló que son 3,084. En todo caso, ¿cuántos fueron en su gestión?

–El uso generalizado del término "terroristas liberados"es impropio y peligroso. Terrorista es alguien que ha sido sindicado y condenado como delincuente. No todos los que han sido puestos en libertad fueron condenados. Durante el gobierno de Paniagua no se liberó a terroristas sino a inocentes calificados por una comisión que integraba el padre Lanssiers. Y se liberó a un número muy inferior del que se registró en la época de Fujimori.

–¿De qué números hablamos?

Preocupante. Un presidente no debe salir a defender a un corrupto.

–¿Las cifras de García y Del Castillo son erradas?

–Están mezclando. Califican de terroristas a personas que han sido absueltas por la justicia, que son alrededor de 900, más inocentes liberados y a las personas que cumplieron su pena. Sin embargo, si existe la sospecha de que algunas de estas personas pudieran haber reincidido en actividades delictivas, lo que procede es que los servicios de inteligencia y la policía procedan al seguimiento y captura.

–¿La ley ampara la publicación de los nombres de las personas que salieron en libertad luego de haber estado encarceladas bajo cargos de terrorismo?

–No. La publicación de los nombres no sólo viola la Constitución sino también el Código Procesal Penal, como lo ha señalado el presidente de la Corte Suprema. La ley impide que se trate como delincuentes a quienes han sido absueltos o han cumplido su pena. Dar a conocer los nombres de los excarcelados no cumple ninguna función concreta, porque si se trata de identificar a personas que estarían cometiendo graves delitos, debe tomarse en cuenta que estos lo hacen en la clandestinidad y suelen usar nombres ficticios.

–¿Y es constitucional la eventual revisión de los procesos judiciales de los procesados por terrorismo?

–Las personas que han sido absueltas en un debido proceso no pueden ser enjuiciadas nuevamente a menos que ocurran nuevos hechos. Es un principio constitucional y penal fundamental.

–¿Es casual que a la campaña contra los excarcelados se hayan sumado los fujimoristas, que lo acusan de haber liberado senderistas?

–Detrás del señalamiento infame de Santiago Fujimori está la intención de tender una cortina de humo justo cuando estamos a pocos días del inicio del proceso judicial contra el ex dictador Alberto Fujimori por graves violaciones a los derechos humanos y distraer la atención sobre el silencio cómplice que guardan los fujimoristas respecto al siniestro papel del narcotráfico en los ataques de Ocobamba y Tayacaja. Denuncian el supuesto "rebrote" terrorista cuando está comprobado que los senderistas del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) no fueron derrotados por el gobierno de Fujimori y hoy actúan según los intereses del narcotráfico.

–Si fueran ciertas las cifras de AGP y el premier de que los "terroristas" liberados serían entre 1800 y 3000, ¿el gobierno estaría admitiendo que existe un ejército senderista en la sombra?

–Así es. No hay seriedad en la información y podría dañar la viabilidad de la inversión pública y privada en el país.

–¿No sería mejor que el gobierno se empeñe en detener a los 9,771 requisitoriados por supuestos actos de terrorismo?

–Lo que el país se pregunta, en efecto, es por qué no son capturados esos requisitoriados por terrorismo. Se debe determinar la responsabilidad del gobierno y la policía sobre esos casos. No hay resultados concretos.

–Si es que el gobierno publica las identidades de los ex presidiarios por terrorismo absueltos, indultados o que cumplieron su condena, ¿pueden estos demandar al Estado?

–Están disponibles las acciones de garantía que establece la ley, como los hábeas corpus. Se pretende perseguir a personas que han afrontado situaciones difíciles y que fueron absueltas o indultadas. Cuando salga la lista, se van a morir de risa las personas que verdaderamente están delinquiendo, que son los menos.

–La cacería de brujas contra indultados, arrepentidos y las personas que cumplieron condena, ¿al final no beneficia a Sendero Luminoso?

-Sí, porque se desvía la atención sobre la responsabilidad del Estado de prevenir actos terroristas, a partir del seguimiento de personas que estuvieran cometiendo delitos. Se debe prestar mayor atención a lo que está ocurriendo en el VRAE, porque el narcotráfico ha comenzado a manifestarse violentamente de la mano con los remanentes armados de Sendero Luminoso. Si no se corta ese proceso a tiempo, podríamos en muy corto tiempo estar dentro de una vorágine de descontrol y de violencia similar a la que se vive en países como Colombia o México.