El Papa pide severidad extrema contra abusos

Cecilia Tovar Samanez * El abuso sexual de niños o adolescentes es un crimen abominable que destroza vidas y deja secuelas difíciles de superar. Aunque sabemos que ocurre en muchas partes, en la familia y su entorno, en colegios y clubes, como católica me horroriza aún más cuando es cometido por miembros de la Iglesia, usando la influencia o el poder que tienen sobre sus víctimas para actos que constituyen una negación del mensaje de amor al prójimo que es el centro del Evangelio. Y es mucho más terrible aun cuando esos crímenes son ocultados por quienes debieran ser los primeros en exponerlos y sancionarlos, obispos o superiores, que muchas veces ponen por delante el miedo al escándalo por sobre el sufrimiento de las víctimas. No ven que el escándalo que denuncia Jesús al hablar de la rueda de molino es el que hiere a “los pequeños”, uniendo la fe cristiana a una experiencia atroz y traumática. Esto, unido al hecho de que las víctimas requieren de muchos años para lograr procesar lo ocurrido y denunciarlo, conduce a que la mayoría de casos quede impune, por prescripción del delito o dificultad de la prueba. Los abusos denunciados por testimonios de numerosos ex miembros del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), recogidos por Pedro Salinas y Paola Ugaz en su libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, no han sido tenidos en cuenta por la fiscal, quien archivó el caso, en un fallo escandaloso que debería ser revisado por la instancia superior. Alessandro Moroni, superior del SVC, nombró como culpables a 4 personas y mencionó a otras 4 sin nombrarlas porque aún pertenecen a la organización; lo que se asemeja mucho a un control de daños que no va a la raíz de los problemas. El congresista Alberto de Belaúnde denuncia que los intentos de investigar el caso en el Congreso son objeto de un lobby que busca impedirlo, aduciendo que sería un ataque a la Iglesia Católica, buscando amparar sus delitos en una Iglesia que con sus acciones han traicionado. El SVC ha procurado siempre la cercanía con sectores poderosos, también eclesiásticos, y dispone de cuantiosos recursos económicos. En este panorama, el decreto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano sobre el caso Figari resulta chocante y cuestionable, y muestra la dificultad que aún se tiene para comprender el impacto tremendo de los abusos sexuales de menores por parte del clero. El decreto señala como mayores de edad a los que tienen 16 años, por lo que no califica los hechos de abusos sino de actos pecaminosos, cuando en el Perú y otros muchos países la mayoría de edad se alcanza a los 18 años y esos hechos constituyen claramente abuso sexual de menores. También la Congregación considera que no hubo violencia, sin tener en cuenta la condición de sujeción en la que se encontraban las víctimas, sometidas a maltratos físicos y psicológicos, impedidas de ver a sus familias, privadas de sueño y alimentación suficientes, todas formas de un control mental tremendo cercano a un verdadero lavado de cerebro. En esas condiciones no se puede pensar que esos actos hayan sido sin constricción, como lo hace la Congregación. Además, tampoco se puede reducir la culpa a unas cuantas personas, obviando la complicidad o colaboración de muchas otras y la organización misma del SVC, autoritaria y dogmática, que favorecía la ocurrencia de abusos. Se condena a una persona o personas, pero las instituciones son preservadas, aunque su raíz haya estado podrida. Terminando de escribir este artículo, los testimonios de varios ex alumnos de Juan Borea, del colegio Héctor de Cárdenas, dieron a conocer otro caso de horribles abusos cometidos por una persona que se dice cristiana y que se aprovechó de su cargo de director de un colegio. Sus actos me suscitan la misma indignación y rechazo que los aquí mencionados. Expreso mi solidaridad con las víctimas y mi apoyo en su valiente lucha por la justicia. El Papa Francisco, en un reciente escrito como prólogo al libro de una víctima de este crimen, dice que los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia "son una monstruosidad absoluta y un horrendo pecado", y añade: "Hemos declarado nuestro deber de actuar con severidad extrema contra los sacerdotes que traicionan su misión y con la jerarquía, obispos o cardenales, que los protejan, como ha sucedido en el pasado" . Este es el estándar con el que debemos medir y, lamentablemente, el fallo de la Congregación queda de hecho distante y contradictorio. Lo lamentable además es que la mayoría de la gente identifica todo lo que viene del Vaticano como si fuera de puño y letra del Papa. No es la única incoherencia que se produce en este tema: como denuncia Marie Collins, víctima de abuso en su infancia y ex integrante de la comisión sobre los abusos sexuales nombrada por Francisco, diversas instancias de la curia, obstaculizan la ejecución de medidas aprobadas por el mismo papa. Hay sectores que se oponen abiertamente a las reformas emprendidas por Francisco. La Iglesia no es una institución monolítica; en ella como en toda organización existen diferentes modos de pensar y tendencias; es natural y es más bien una ocasión de diálogo, incluso áspero. Tampoco está exenta de fallas y debilidades como toda institución humana, y por eso ella misma dice que debe reformarse siempre. Francisco lo está intentando. No es fácil transformar la Iglesia. Ese es el reto que enfrentamos todos los creyentes hoy, no sólo ante los abusos sexuales de menores por miembros de la Iglesia, sino ante muchas otras cosas que deben cambiar. (*) Filósofa. Investigadora y miembro del Instituto Bartolomé de las Casas. Prólogo al libro del suizo Daniel Pittet, Religión Digital, Madrid, 13-2-2017