Contralor Shack: Cada día que pasa perdemos la posibilidad de que no haya impunidad
Jefe de la Contraloría General de la República, Nelson Shack, invocó al Congreso a que aprueba la ley que le restituye la facultad sancionadora a la institución.
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El contralor general de la República, Nelson Shack, pidió al Congreso que apruebe un proyecto de ley para restituir a la institución auditora la facultad para sancionar a funcionarios que incurran en inconductas funcionales o actos de corrupción.
En diálogo con Andina, Shack manifestó que “cada día que pasa, es un día que perdemos la posibilidad para que no haya impunidad”, por lo que “es muy importante que se apruebe” la norma requerida por el ente contralor.
Pero aunque el contralor invocó al Legislativo a darle prioridad al proyecto de ley, Shack reconoció que, ciertamente, este no tiene un efecto retroactivo, por lo que varios funcionarios auditados y hallados responsables, quedarían sin sanción.
Ante esta circunstancia, el contralor Shack adelantó que presentará un nuevo proyecto a la representación nacional, con un texto que actualice la iniciativa que en el 2019 la institución presentó al Congreso de entonces.
Contraloría limitada
En abril de 2019, tras un proceso en el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República perdió la capacidad sancionadora que poseía, dejando miles de casos de funcionarios involucrados con inconductas y actos de corrupción, en la impunidad.
Según Nelson Shack, ese año “se identificó a más de 8,000 funcionarios con responsabilidad administrativa, civil y penal”, de los cuales 7,000 se enmarcaban en el ámbito administrativo.
"De la parte civil y penal, se encarga la justicia; de la parte administrativa [...] de la sanción debió encargarse las propias entidades, pero en la práctica es un engaña muchachos”, señaló el contralor.
De acuerdo al alto funcionario, la mitad de aquellos 7,000 funcionarios comprometidos “estuvo relacionado con casos graves y muy graves, [en] los cuales la Contraloría podía sancionar”.
“La sentencia del Tribunal Constitucional limpió de un plumazo la responsabilidad a más de 15,000 funcionarios que estaban en proceso. Todos esos procesos se declararon improcedentes y se archivaron”, mencionó Shack.
Según el contralor, estos casos ameritaban suspensiones de hasta dos años con una inhabilitación de hasta 5 años.
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