Ejecutivo evalúa hoy decreto de urgencia para reactivar obras paralizadas

El Consejo de Ministros evaluará hoy el proyecto de decreto de urgencia (DU) para reactivar las obras paralizadas. La norma permitirá destrabar obras como la construcción de aulas de la institución educativa Santa Rosa de Pozuzo en Oxapampa, que tiene un avance físico de ejecución de 96% y financiero de 100%, pero está paralizada desde el 16 de diciembre del 2010, es decir, desde hace ocho años.

Es la obra más antigua que no ha sido concluida, pero en el Ejecutivo y los gobiernos regionales hay 900 obras paralizadas por 17 mil millones de soles.

Si se suman las que están en los 196 municipios provinciales y 1.678 distritales, se llega a más de seis mil obras y el monto de dinero se triplica. Con el DU buena parte de esas obras podrían reactivarse.

Posibles cambios

El premier Vicente Zeballos dijo que la “norma mantiene su matriz esencial”, pero no descartó modificaciones. En la Contraloría hay preocupación ante la posibilidad de que se cambie el sentido del DU que tiene dos partes.

En la primera se genera un marco jurídico de excepción por seis meses, que permitirá que las obras paralizadas puedan reanudarse. En la segunda están las disposiciones complementarias que fortalecen la labor de control. Esto es clave.

Fuentes de la PCM señalaron a La República que está en evaluación prolongar el proyecto de DU de seis meses a un año y medio.

El gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Contraloría, Martín Cabrera Marchán, dijo que al ser una medida de excepción, solo debe ser por seis meses y prolongarlo sería irregular.

Otro punto que se evalúa en la PCM es no tomar en cuenta la propuesta de las disposiciones complementarias sobre la labor de los supervisores de las obras y los arbitrajes. Este diario pidió, sin respuesta, la versión de la PCM sobre los cambios al DU.

Lo que dice el DU

Según el DU, para que una obra pueda reactivarse tiene que cumplir tres características: que tengan un avance físico del 60%, que estén paralizadas tres meses como mínimo y sean obras en sectores vulnerables como educación, salud, transporte, saneamiento, agricultura, seguridad ciudadana y prevención de riesgos de desastres. Una de las disposiciones que podrían ser dejadas de lado por el Ejecutivo es la que establece que los supervisores de las obras sean también responsables de la ejecución.

“Cuando firmen una valorización o un informe, tienen que hacerse responsables civilmente”, apuntó Cabrera.

Asimismo, se obliga a que los supervisores de la ejecución de la obra envíen una copia del informe correspondiente y que respondan a la Contraloría, lo que hoy no hacen.

Mayor control a los arbitrajes

● El DU busca mejorar la transparencia en los arbitrajes. “Hemos planteado que todos los árbitros estén obligados a presentar declaración para la gestión de conflicto de intereses”, informó el representante de la Contraloría.

● Anotó que eso permitirá conocer su actividad en los últimos cinco años, en qué empresas trabajó o si forma parte de algún centro de arbitraje.