El informante: Los indeseables, por Ricardo Uceda

El Ministerio Público destierra de su edificio a detenidos con prisión preventiva. El INPE alega derechos sobre nueva carceleta. Nadie desea a los presidiarios de moda. Historia de un conflicto absurdo.,El fin de semana pasado estalló un conflicto relacionado de algún modo con la actual epidemia de prisiones preventivas. Fue en el edificio Anselmo Barreto, en la cuadra cinco de la Avenida Abancay, que el Poder Judicial comparte con la Fiscalía de la Nación. El gran sótano también es común, pero una parte fue cedida al INPE para que pudiera retener transitoriamente a quienes, habiéndoseles impuesto algún tipo de carcelería, aguardan ser trasladados a un penal. Estos presos permanecieron siempre en la pequeña, sórdida y famosa Carceleta del Palacio de Justicia. Hasta que el INPE decidió llevarlos a las nuevas instalaciones. Las objeciones En la mañana del viernes 23, el Ministerio Público cerró el acceso con rejas a los buses con inculpados. Por la noche difundió un comunicado culpando al INPE y al Poder Judicial de violar leyes y debidos procedimientos urbanos. Los familiares de los detenidos ya no pudieron pasarles alimentos y cosas útiles. El INPE, en otro comunicado, acusó a la fiscalía de arbitrariedad. PUEDES VER Piden intervenir Corte Superior de Pasco por actos de corrupción El Poder Judicial nunca quiso alojar a los imputados con prisión preventiva porque no están bajo su jurisdicción. Al Ministerio Público tampoco le corresponde. El INPE tiene la responsabilidad de administrarlos, a partir de que recibe las órdenes de detención, pero debe hacerlo en un local contiguo a las audiencias, por razones prácticas. Para oponerse a que los apresados sean llevados al edificio que habita, el Ministerio Público dijo en su comunicado que el INPE pone en riesgo la seguridad de las personas que transitan por el Centro Histórico y de los niños que estudian cerca. Añadió que las descargas de presidiarios empeorarán el tráfico vehicular. Sin embargo, similares argumentos valdrían para objetar el funcionamiento de esta carceleta en el Palacio de Justicia, que es contiguo a la clínica privada Maison de Santé. El acuerdo En el Palacio de Justicia había otros problemas: las personas que iban a audiencia eran mostradas abiertamente bajando del bus del INPE hasta el interior, y una vez adentro permanecían apiñadas, sin servicios dignos ni seguridad suficiente. A los jueces encumbrados digamos sin rodeos que esta mini cárcel les apestaba. Ahora mismo, en el Palacio de Justicia, solo despachan los magistrados supremos, pues los de primera instancia y superiores han sido desplazados poco a poco hacia locales diversos. Pero la antiestética carceleta seguía allí, en el sótano, con sus descargas de presuntos ladrones y violadores, las dos principales especies de imputados que reciben prisión preventiva. El edificio Anselmo Barreto alojó al MEF hasta los años noventa. Luego, por ley, fue dado en uso al Poder Judicial desde los sótanos hasta el quinto piso, y al Ministerio Público desde el sexto al décimo. El primero le ofreció al INPE mil quinientos metros cuadrados de sótano para que organizara allí su centro de distribución de presos. Haciendo mejoras había sitio para albergar confortablemente a noventa detenidos transitorios. Una vez logrado el acuerdo, como primer paso el Poder Judicial devolvió el espacio a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). Luego esta se lo asignó al INPE por cuatro años prorrogables. La entrega El 19 de diciembre del 2014, cuando el Poder Judicial entregó las instalaciones al INPE, la Corte Suprema, presidida por Enrique Mendoza, informó así: “75 años de infierno en la Carceleta del Palacio de Justicia llegaron a su fin”. La nota llamaba “mazmorra” al antiguo establecimiento, destacando que allí, por las inhumanas condiciones existentes, “miles de procesados por cometer delitos vivieron una verdadera pesadilla”. En el acto público estuvieron el entonces jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, el presidente de la Corte Superior de Lima, Iván Sequeiros, y la Superintendenta de la SBN, Sonia Cordero. De inmediato el INPE empezó a construir ambientes en función de las necesidades, obteniendo licencia de la Municipalidad de Lima. Incluían un tópico donde el Ministerio de Salud haría exámenes para descartar TBC, VIH y otras enfermedades que no deben propagarse en las cárceles. El Ministerio Público reaccionó, pidiendo a la Municipalidad revocar la licencia. Lo obtuvo. El INPE acudió al Poder Judicial y, a su vez, consiguió una medida cautelar que restableció la autorización. Para mantenerla había argumentos pesados. La Municipalidad no tenía mayor base para volverse atrás con una obra que estaba a punto de culminar luego de que el INPE invirtiera dos millones y medio de soles. Los buses no tenían que descargar afuera, bloqueando el tráfico, sino adentro. Además, el propio Ministerio Público tiene en el edificio una carceleta para personas retenidas que aún deben ser calificadas o están con detención preliminar. Otra mazmorra –Es una pocilga –dijo un funcionario del INPE. En efecto, tanto es una mazmorra que la fiscalía no llevó allí a Keiko Fujimori para que cumpliera su detención preliminar de diez días, sino que la mantuvo en la Prefectura. Durante la controversia la SBN estableció que el Ministerio Público no tenía derechos sobre el espacio que le había sido cedido al INPE. Sin embargo, el INPE no pudo hacer efectivo el traslado porque los sucesivos ministros no desearon pelearse con el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez. No quisieron forzar el ingreso del INPE al edificio ni Marisol Pérez Tello ni Salvador Heresi. Por su parte, los más altos funcionarios del INPE tampoco pudieron convencer a los fiscales supremos –algunos, sus amigos– que en su totalidad se oponían al cambio. –Yo me puse firme –dice Sánchez–. Los presos no pueden entrar por el mismo sitio que lo hacen los fiscales del Ministerio Público en sus automóviles. Es un problema de seguridad. El INPE podría buscar otra forma de ingreso, pero no desea. Sigue el conflicto Así, el fondo del conflicto no es tanto urbanístico sino de contaminación entre humanos. Las fórmulas de ingreso, que incluyen horarios que supuestamente evitarían que los fiscales se las vean con un lote de imputados, no convencen al Ministerio Público. El conflicto ha revelado hasta qué punto la capacidad del Estado para administrar a quienes se les impone prisión preventiva colapsa desde el momento mismo en que se decide encerrarlos. Ayer lunes la controversia continuaba. El INPE podría entrar por la fuerza, porque tiene posesión legítima y no es el Ministerio Público el llamado a actuar, sino la Municipalidad de Lima. Pero como ya hemos visto la oposición de los fiscales supremos se funda en que no quieren entrar a su estacionamiento del brazo con los presidiarios. Pareciera el único punto en que Pablo Sánchez y Gonzalo Chávarry no tienen diferencias. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, mira hacia otro lugar.