Masacre en Cayara: han pasado 30 años y familias exigen ubicar cuerpos de víctimas

Impunidad. 39 campesinos fueron torturados y asesinados de la manera más cruel a manos de efectivos militares. Tres décadas después, los familiares siguen exigiendo sanción para los responsables.,Han transcurrido 30 largos años de la masacre de Cayara, en Ayacucho, y aún los gritos de verdad, justicia y reparación no cesan. Pero lo que más anhelan los familiares de las víctimas de este caso emblemático de transgresión a los derechos humanos es encontrar a sus muertos para darles su respectiva sepultura. De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el 13 de mayo de 1988, terroristas de Sendero Luminoso (SL) atacaron un destacamento militar en Erusco, anexo del distrito de Cayara, donde murieron cuatro soldados. PUEDES LEER: Planilla de Lava Jato le cuesta a los peruanos más de S/ 200 mil al mes En respuesta al atentado, el jefe político militar de Ayacucho, José Valdivia Dueñas, puso en marcha el denominado “Plan Persecución”. Producto de este plan, resultaron asesinados 39 pobladores inocentes de Cayara. La CVR ha dejado en claro que estas vidas se perdieron no durante un enfrentamiento, como argumentan los militares, sino como parte de un plan bien armado. Masacre en Ccechua Las patrullas militares ingresaron la tarde del 14 de mayo a Ccechuaypampa, donde detuvieron a un grupo de campesinos que regresaban de Ccechua, tras efectuar sus labores de cosecha de maíz. Los campesinos fueron interrogados, bajo tortura, sobre la emboscada del día anterior. Con hachas, martillos, cuchillos, segaderas y machetes los asesinaron y algunos fueron rematados a tiros. los Hijos de cayara Silvia Suárez Tarqui, hija de Marino Suárez Huayanay, vio a su padre morir. “Mi padre estaba en la chacra de sembrío cuando se lo llevaron los soldados. Me dijeron ahorita vuelve y nunca más regresó. Yo lo seguí, llorando. Vi cómo mataron a mi papá y a otros campesinos. No puedo olvidarlo”, relata sollozando. Marino Suárez continúa desaparecido y lo que más anhela su hija Silvia es darle sepultura, y que los responsables paguen sus culpas. “Los militares le cortaron la pierna y sus genitales con cuchillo a mi papá. Después nos prohibieron tocarlo hasta que se lo llevaron”, cuenta. Feliciano Ipurre Noa es hijo de Ignacio Ipurre Suárez, otro de los campesinos inocentes que encontró el mismo infortunio en Ccechua. “Los militares llegaron con una persona y les dijo: ‘Ellos son’. Pero torturaron y asesinaron con machetes y hachas a gente inocente, analfabeta. Una persona vendió a más de 100 campesinos que estaban trabajando en la cosecha de maíz”, refiere con amargura, y agrega que hoy el delator vive con miedo y no puede ir al pueblo porque es odiado. “Yo me escapé para salvar mi vida. Muchos jóvenes sobrevivimos, pero desde un monte mirábamos cómo los mataban”, explica. Feliciano, como Silvia, busca justicia y quiere enterrar el cuerpo de sus padres. Gudelia Meza, es esposa de Alejandro Oncebay Cuba, otro desaparecido en la masacre de Cayara. “Militares han llevado y han hecho desaparecer a mi esposo. Yo quiero encontrar su cuerpo”, exclama. Gudelia, además, fue víctima de los abusos de los militares. Cuenta que el día de la masacre los efectivos la sacaron de su casa y la llevaron a un colegio para obligarla a hablar sobre la emboscada. “A la fuerza, con golpes me han llevado. Mi hijito me decía mamá no te vayas”, recuerda. Ya en el patio del colegio los militares, relata, apuntaron sus armas contra su pecho y cabeza, mientras le gritaban: “habla, terruca de mierda”. “Mátame, señor, yo no he hecho nada”, les respondía desesperada, sin saber que su esposo estaba desaparecido y tal vez ya asesinado. Los militares colgaron una soga en el patio con la intensión de ahorcarla, pero la trasladaron a un cuarto para seguir interrogándola. A pesar del miedo, Gudelia les demostró valor y fue liberada. Luego se ocultó en el monte por seguridad. Gudelia se trasladó con sus hijos y la ropa que tenía puesta a Ica, donde hoy vive.❧ Presentan 15 testimonios a colegiado La abogada de los familiares, Gloria Cano, informó que en la audiencia del viernes pasado la Sala Penal Nacional (SPN) acogió buena parte de los testimonios propuestos que serán utilizados para el juicio oral. No obstante, Cano dijo que la SPN ha cambiado de criterio al establecer que se tienen que presentar las pruebas testimoniales en la acusación fiscal o días antes de la audiencia, invalidando de esta manera los testimonios presentados en la etapa de instrucción o preliminar. En ese sentido, de los 15 testimonios propuestos a la SPN solo se han objetado alrededor de cuatro. La abogada sostuvo, por tanto, que se ha presentado un recurso impugnatorio ante el colegiado y que acudirán en queja ante la Corte Suprema.