El gran juez

El CNM designará a los jueces que verán los casos del Lava Jato peruano.,La Sala Plena de la Corte Suprema ha respaldado la decisión del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, de pasar los casos relacionados con el Lava Jato peruano que ven los jueces de la Sala Penal Nacional al nuevo Sistema Anticorrupción creado este año. De ese modo se concreta un acto que conllevará a la desestabilización del sistema de justicia emplazado frente a la corrupción, agravado por el hecho de que conducirá a una estrategia de dilación de los procesos y la intromisión extraña del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en esta delicada lucha contra el delito. Para conjurar la queja de los jueces de la Sala Penal Nacional respecto a una presunta discriminación en relación con los miembros del Sistema Anticorrupción, en la medida que solo las plazas de la primera iban a ser puestas a concurso, la Corte Suprema ha decidido que también serán objeto de concurso las plazas del nuevo órgano que verá los casos de corrupción. Eso quiere decir que quienes postulen para jueces titulares en estos juzgados y salas lo harán con pleno conocimiento de las causas en trámite. Eso convertirá el concurso en un objeto de puja y maniobras gigantescas para torcer de antemano la acción de la justicia, lo que de hecho implica la violación de dos garantías básicas de la función jurisdiccional: el juez natural y, en general, el debido proceso. Llama la atención que sea el CNM el órgano que se encargará de nombrar los jueces para los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años. A este riesgo no puede responderse afirmando que esa es la función constitucional de este organismo, obviando la realidad respecto de su alianza con Fuerza Popular, los graves cargos contra varios de sus miembros y su precario desempeño para frenar las denuncias de corrupción en su interior. Si el gran juez de la corrupción en el Perú será el CNM vía nombramientos casi ad hoc, las cosas van para mal. Luego, la Corte Suprema ha llegado a la conclusión de que no puede pronunciarse sobre temas de competencia jurisdiccional y solo invocar que se cumpla la ley. Siendo en principio correcta esta apreciación, porque las competencias de jurisdicción se tramitan ordinariamente, esta conclusión es la consecuencia del quebrantamiento sin ningún motivo de las funciones de la Sala Penal Nacional, que llevaba varios años funcionando, y con resultados idóneos en casos de corrupción. Ya en el pasado, cuando los casos de la corrupción de Fujimori y Montesinos, los procesados esperaron que los casos se encuentren ad portas de la sentencia para plantear recursos de competencia, dilatando la administración de justicia. Los debates entre los magistrados involucrados en estas decisiones indican una falta de sensibilidad del máximo órgano de justicia del país para abordar la agenda anticorrupción, estableciendo una jerarquía de prioridades ajena al grave trance que afecta al Estado. La Corte Suprema debe recordar que es un órgano con responsabilidades públicas que, si bien nacen de su condición de máximo órgano del Poder Judicial, requieren de una visión en conjunto de las demandas nacionales.