Problema. La expansión agrícola de las pampas de La Joya fue planificada junto al proyecto Majes Siguas. Lo que hoy sería una pampa verde está invadido de casuchas abandonadas cuyos posesionarios aparecen los fines de semana. ,El desarrollo agrícola de la región Arequipa no estuvo concebido solo en Majes Siguas, este era parte de un proyecto integral llamado Mamacocha, que se empezó a impulsar hace 70 años. Este incluía otros dos polos denominados La Joya y Pampas Huagri. Contemplaba la expansión agrícola de 70 mil hectáreas; 48 mil en Majes, 12 mil en La Joya y 10 mil en Huagri. Se vislumbró en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963 - 1968). El padre de este sueño verde fue el norteamericano Carlos Woods Sutton, el mismo que dio vida a los proyectos Olmos en Lambayeque y El Imperial en Cañete. PUEDES VER: Olmos: Concesionaria aclara que no hay obras pendientes de construcción en trasvase e irrigación Para desarrollar Mamacocha se planteó utilizar las aguas del río Colca, que nacen en las alturas, y llevarlo a la costa arequipeña. Su propuesta era construir una represa de una capacidad de 500 millones de metros cúbicos (MMC) junto a un sistema de túneles y canales. Sin embargo, el sueño de Carlos Woods Sutton no se hizo realidad. Solo se desarrolló en parte. Actualmente Majes se viene impulsando, mientras que La Joya y Pampas Huagri cayeron en el abandono. En el caso del primero, incluso los terrenos que tenía para fines agrícolas, ahora están invadidos por diferentes asociaciones, que han recibido el respaldo de diferentes autoridades como la Municipalidad Provincial de Arequipa. La prueba La Joya sirvió de piloto para experimentar con cultivos y sistemas de riego. Colonos de Chiguata, Sabandía, Characato, Socabaya, Polobaya, entre otros, revolucionaron el agro en Perú, con San Isidro (1967), San Camilo (1971) y La Cano (1972). Cuando Juan Velasco Alvarado asume el poder (1968–1975) le da más importancia a Majes y deja de lado a La Joya. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985) se concreta Majes Siguas I, mientras que La Joya se estancó. De los 12 asentamientos que comprendía, solo se desarrolló el 1 y 2 que es San Isidro y el 5, 6 y 7 que comprende San Camilo. Cuando Alan García llega a la Presidencia de la República, en 1985, no contaba con los recursos para seguir impulsando proyectos de irrigación. El gobierno tuvo que recurrir a los privados. En 1988 cerca de mil 500 agricultores de diferentes partes de Arequipa se organizaron para adquirir los terrenos de La Joya y continuar con la expansión agrícola. Así nace la Asociación de Proyectos de Irrigaciones Privadas de la Joya–Arequipa (Aspridi) que agrupa a 12 organizaciones. Aspridi presenta una propuesta al Ministerio de Agricultura y solicitan la venta de los asentamientos 8, 9 y 10 de las pampas de La Joya. El pedido procede. El 23 de septiembre de 1989 se firma un contrato de compra-venta de 14 mil hectáreas. En el documento se establecía algunas condiciones. El proyecto tenía que desarrollarlo como asociación, no podían separarse. Contaban con la autorización para realizar estudios, con los recursos sobrantes de las cuencas de los ríos Colca Alto, Sumbay y Chili. Debían ejecutarlo en un plazo no mayor a dos años. Pese a que pagaron 41 millones 457 mil 065 intis, ellos no podían posesionarse del terreno, hasta que el proyecto sea aprobado, solo podían estar en calidad de vigilantes. "Iniciamos a desarrollar el proyecto. El estudio lo hizo un equipo de ingenieros de la Unsa. Cuando solicitamos información a Senamhi sobre las cantidades de agua en las cuencas, se dijo que no había disponibilidad del recurso para La Joya. Con ese informe nos resuelven el contrato", indicó el actual presidente de Aspridi, Fernando Quiroz. Problemas A 13 años de firmar el contrato, en enero de 2002, en el gobierno de Alejandro Toledo se anuló el contrato y los terrenos revirtieron al Estado. Desde entonces Aspridi inició una batalla legal para recuperar los derechos que habían perdido. La anulación del contrato dio carta blanca a otro tipo de posesiones ilegales. Se estima que de las 14 mil hectáreas el 80% fueron invadidas. Las posesiones ilegales se han dado con el amparo de autoridades del Gobierno Regional (2013) y la Municipalidad Provincial (2014).
