Afectados denunciarán penalmente a alcalde de Arequipa

Salida. Un grupo de agricultores inició en 2008 los trámites para adquirir los terrenos de La Joya por la vía legal, mientras que la Municipalidad Provincial de Arequipa otorgó una resolución reconociendo a invasores. ,A una hora de Arequipa, entre las pampas de San José y San Camilo, en el distrito de La Joya, se levanta un letrero de la Asociación Nuevos Forjadores Interoceánica (Anfoin). Una decena de viviendas fueron construidas en medio del desierto, pero no hay rastro de personas que habiten en el lugar. Este terreno pertenece al Ministerio de Agricultura, pero en 2013 la Municipalidad Provincial de Arequipa ordenó a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) que lo inscriban a su nombre y luego lo transfieran a la asociación invasora Anfoin. PUEDES VER: Municipio de Arequipa entregó terreno del Estado a invasores Este hecho ha perjudicado el trámite que seguía un grupo de empresarios agricultores interesados en desarrollar un proyecto de irrigación en la zona. El representante de los agricultores, Herbert Mendoza, señaló que ante el favorecimiento a los invasores, denunciarán penalmente al alcalde Alfredo Zegarra Tejada y a sus funcionarios por usurpación de funciones, estafa y defraudación. Origen del problema Mendoza cuenta que en 2002 un grupo de 29 personas se instalaron en el terreno. Con un certificado de posesión de un juez de Paz, empezaron a tramitar por la vía legal la adquisición del predio. En julio de 2008 Herbert Mendoza, como representante de los empresarios, solicita ante el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) les otorgue los terrenos eriazos, amparado en el Decreto Supremo 026-2003-AG, que autorizaba entregar tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura. Para conseguir los terrenos tenían que presentar un estudio técnico cumpliendo varios requisitos, entre ellos constancia catastral que el predio no tenía propietario, que el lugar debía estar fuera de la zona urbana, un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), autorizaciones de la Autoridad Nacional de Agua (ANA), entre otros. Herbert Mendoza y Gilberto Gallegos Paredes, en representación de los empresarios, se enfrascaron en los trámites administrativos para adquirir 120 hectáreas de la zona. En 2008 consiguen uno de los requisitos. La Subgerencia de Asentamientos Humanos de la comuna les entrega un certificado (N° 27) que acreditaba que el predio se encontraba fuera de la expansión urbana. Ese mismo año solicitaron a la Sunarp la búsqueda catastral de las 120 hectáreas. Registros Públicos les informó que no existía registro del predio. Con estos dos documentos los empresarios emprendieron su proyecto. Elaboraron sus planos, una memoria descriptiva, un estudio de factibilidad y un perfil del proyecto a desarrollar. "Luego nos enteramos que estos terrenos en un momento pertenecieron a una Asociación 'Los Forjadores', pero fueron revertidos al Estado y actualmente están en juicio. Nosotros continuamos con los trámites, que no fueron nada fáciles. Nos ha costado tiempo y dinero", indicó Gilberto Gallegos. Uno de los documentos que más les ha costado tramitar es el CIRA del Ministerio de Cultura. Ellos presentaron su Plan de Monitoreo Arqueológico y en julio de 2014 recién pudieron obtener el certificado. Cultura determinó que en la zona no existen evidencias arqueológicas y con ello les daban luz verde para desarrollar su proyecto. Otros beneficiados Faltaba acreditar la disponibilidad de agua. Es así que solicitan a la ANA un estudio de exploración de disponibilidad de agua. Con los documentos en marcha empezaron a pagar sus impuestos prediales en la Municipalidad de La Joya. Mientras esperaban los procedimientos de ley, aparece en carrera la Asociación Nuevos Forjadores Interoceánica (Anfoin), que se saltan todo este procedimiento y con una resolución (N°120), de 2013, firmada por el entonces gerente de Desarrollo Urbano, Carlos Moya Castro, no solo fueron reconocidos como posesionarios, sino que iniciaron su formalización con el terreno inscrito en Registros Públicos.