Secretario ejecutivo de Proética, Capítulo peruanos de Transparencia Internacional. Antes fue Defensor del Pueblo y ministro del Interior en el gobierno de Ollanta Humala.,Albán advierte que Fuerza Popular tiene un ánimo de obstruir al menos en el tema de las facultades para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda acceder al levantamiento del secreto bancario. Destaca que la negativa del fujimorismo puede estar vinculada a las investigaciones de Joaquín Ramírez, entre otros, por lavado de activos. ¿Cómo toma las observaciones del Congreso al paquete de facultades anticorrupción? Desconcertante por un lado. Es responsabilidad compartida pero mayor de Fuerza Popular. Tiene peso más importante para aprobarlas o no en el Pleno. Nadie les puede exigir que aprueben todo, pero no se puede aceptar que entrampen todo. Desde pasar todo a comisiones, de algún modo se obstaculiza. Y pese a haber empeñado la palabra. ¿Hay interés por ser muy prolijo o ánimo de obstruir? ¿A usted qué le parece? Al menos sobre la UIF me parece que hay ánimo de obstruir. En el Congreso anterior se pidió varias veces darle acceso al secreto bancario. En el proceso electoral se pidió a los candidatos definirse. Keiko Fujimori se comprometió a que su grupo respaldaría la total apertura de información bancaria a la UIF. Cuando se le observó que el legislador Galarreta se opuso, dijo: “Pero no era de Fuerza Popular, ahora adoptará nuestra bandera de total apertura”. Parece que pasó lo contrario. Fue un evento de Proética. Sí. Fujimori, además, dijo que al tener entonces solo treintitantos congresistas, no los podían culpar por no haberse dado las facultades a la UIF, pues habían otras fuerzas. Hoy alegan que levantar el secreto bancario es peligroso por un posible uso político. ¿Como con Joaquín Ramírez? Levantar el secreto bancario y tributario solo es peligroso para las mafias, para quienes están metidos en cuestiones por lo menos sospechosas, para el crimen organizado. Pero mantenerlo como está es peligroso para el país. No podemos aceptar un Congreso en situación de proteger a los delincuentes y crear riesgos para la ciudadanía. En efecto, muchos han recordado el caso de Ramírez Su postura en el Congreso fue evitar que se den estas facultades. Hoy podemos entender su motivación. Ya no está en el Congreso, pero es muy difícil pensar que quien fue secretario general de Fuerza Popular hasta hace poco, financió buena parte de la campaña y tiene pariente muy cercano en el Parlamento, no tiene influencia allí y en la posición de este grupo político. Si quieren rechazar esto, deberían apoyar que la UIF acceda a la información bancaria. Reconoceríamos que con ellos podemos contar. Pero que lo hagan, no se queden en silencio. ¿Y cómo interpreta el silencio de Keiko Fujimori? No guardó silencio antes, se comprometió. Hoy guarda silencio. En este tema tan delicado es sustituida por Galarreta, que toma una posición totalmente distinta. Pretextos tuvieron todo el tiempo: que había que ir a reforma constitucional, que debía haber discusión muy amplia en el Congreso, que afectaría derechos fundamentales. No hay argumentos sólidos que puedan explicar su actitud actual. ¿Qué nos dice la experiencia internacional en ese punto? El Perú está muy atrasado. Los países que quieren tener no solo una economía sana sino instituciones democráticas sólidas deben actuar contra los flagelos del crimen organizado, sobre todo en materia de drogas y lavado. Hay un proceso de varios años para que Perú entre a la OCDE, el club de países más en desarrollo, y eso exige varios estándares. Se han tomado algunas medidas pero de ninguna a manera nos permitirán ingresar si la UIF no tiene estas atribuciones. El pedido de facultades incluye la procuraduría autónoma. El debate estaba en si lo nombra el CNM o el Congreso. En Proética objetamos que el CNM vaya a nombrar a los procuradores. El CNM está para ponerle reflectores y ver qué hacer con una institución tan importante que está en tan malas manos. Además, la procuraduría autónoma no tiene que ver con función judicial o jurisdiccional. No correspondería al CNM, aún si tuviéramos uno respetable, que no es el caso. Pensamos que deberían nombrarse por concurso público, que es propuesta del Ejecutivo, con ratificación de la Comisión Permanente. ¿Que el Congreso nombre procuradores no es darle al fujimorismo un cargo más? No se puede negar que ellos tienen, por elección, una participación muy fuerte, estando en el Congreso con 72 representantes. Tampoco creo que sea conveniente que ingresen personas que no generen en ellos ninguna confianza y respaldo. Creo que, salvo que hayan cambiado de opinión, no pueden oponerse a la procuradora Julia Príncipe, sugerida expresamente por Keiko. Ramírez es investigado por la procuraduría de lavado ¿El fujimorismo pondrá un procurador que lo investigue bien? Por eso hablamos de un concurso público. La opinión pública no puede estar ajena.Puede quedar una terna propuesta por una comisión independiente que evalúe a los aspirantes. El presidente de la República selecciona uno de ellos, quien se oponga tendrá que decir por qué. Un proceso con debate público que es lo que a veces se resisten a hacer. Otro elemento es la autoridad de transparencia. Daniel Salaverry decía por qué si ya hay una ley de transparencia. También hay leyes de impuestos y todos debemos pagarlos, ¿pero por qué existe Sunat? Alguien debe fiscalizar. Estudios de la Defensoría sobre acceso a información pública muestran que la ley se cumple parcialmente. Un caso es el alcalde Luis Castañeda: guarda silencio y no explica. Cuando le piden informes, dice que determinada información es reservada cuando no lo es. Hoy un ciudadano que no obtiene una información tiene que ir al Poder Judicial y esperar allí entre 3 y 4 años. Hay necesidad de una autoridad que exija que se cumpla la transparencia y cuando esto no ocurra, se sancione. En el Congreso hay una agenda para investigar al gobierno anterior, en el que usted ha sido ministro, ¿qué opina? Las investigaciones tienen que darse de todas maneras. Aunque cuando no tiene mayor sustento pueden generar desconfianza, contribuir a mermar la poca legitimidad que tiene en este momento el Estado ante la ciudadanía. No deberían llegar al extremo de investigar por investigar y que todo lo pongan en cuestión. El ministro Basombrío ha sido muy duro con las compras de patrulleros en Interior. Creo que al ministro hay que apoyarlo. Es importante que él pueda desarrollar una labor más bien en positivo más allá de críticas de lo que pasó. Yo creo que en ese tema está equivocado pero cualquiera se puede equivocar. Conociendo mejor el terreno va a poder reconsiderar en varias cosas.
