Se lavan las manos. Tras enfrentamiento por liberación de presuntos marcas en Comas, el Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio del Interior anunciaron que pedirán al Congreso que modifique el artículo 2 de la Constitución. La Defensoría del Pueblo advierte que versiones de cada parte revelan descoordinación entre las instituciones.,El caso de "Los Rápidos y Furiosos" de Comas, liberados 24 horas después de su captura, ha revelado que la descoordinación entre las autoridades llamadas a combatir la delincuencia es, por decir lo menos, preocupante. PUEDES VER: Pérez Guadalupe sobre liberación de delincuentes: “Para la PNP, es frustrante” Lejos de mostrar una respuesta sólida y coherente ante la indignación ciudadana, las tres instituciones involucradas, la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, se enfrascaron ayer en versiones particulares que se resumían en una sola idea: "la culpa no es mía". Después de que sus subordinados mostraron hostilidad en recíprocas acusaciones, los jefes de las tres entidades se reunieron ayer de urgencia para –según dijeron– "ajustar" sus mecanismos de trabajo conjunto. Tras la cita, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que se buscará ampliar la detención policial por flagrancia de 24 a 48 horas. El funcionario explicó que para ello se solicitará al Congreso que modifique el artículo 2 de la Constitución. La iniciativa contó con el respaldo del ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y de Víctor Ticona, presidente del Poder Judicial. Todo esto se produce en medio de un ambiente marcado por la creciente sensación de inseguridad, cuya manifestación más reciente son los violentos asaltos a estudiantes universitarios y escolares. Contexto El comandante Flavio Esquivel Villafane, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Carabayllo, fue el primero en manifestar su indignación. "Estos avezados delincuentes han salido en libertad en menos de 24 horas pese a que cuentan con antecedentes de terrorismo y robo agravado. (Se está) echando por los suelos el trabajo de investigación policial", escribió. El miércoles pasado, cuando la banda fue capturada, la Policía les encontró dos pistolas, dos revólveres, municiones, pasamontañas, 92 ketes de pasta de cocaína, marihuana y cinco celulares. Pese a ello, cuatro de los cinco detenidos salieron libres al día siguiente. La Defensoría del Pueblo alertó ayer de que Carmen Gonzales Gonzales, fiscal titular del caso, no tomó las previsiones necesarias para solicitar al juez la ampliación de la investigación y de la detención preliminar de los maleantes. Esa misma situación fue advertida por el general Máximo Ramírez, director de Defensa Legal de la Policía. Según Gonzales, en el acta de intervención policial no había "justificación para tenerlos 15 días más", pues no se les acusaba por posesión de drogas con fines de comercialización, sino por tenencia ilegal de armas. El lunes ella basó su defensa en las "deficiencias" y en la evidente demora de la Policía, que envió su atestado 40 minutos antes de la hora límite. Ayer, sin embargo, cambió de estrategia y se concentró en culpar al Poder Judicial (PJ) por no recibir la denuncia que ella misma formalizó cinco minutos después de vencido el plazo legal. "Ellos son los que han fomentado esta impunidad y hoy quieren echarle la culpa al Ministerio Público. Nosotros cumplimos", declaró Gonzales, quien consideró que el PJ "es un escollo". Gabino Espinoza, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, aseguró que tramitar el pedido de prisión preventiva tardío hubiera significado "viabilizar" una "detención irregular". Ello, explicó, habría dado lugar a que la defensa de los acusados presente un hábeas corpus y se genere una posible sanción a Raúl Caro Magni, magistrado de turno. "Es verdad que estas personas están imputadas de delitos graves; sin embargo, la Constitución señala que el plazo no puede pasar de las 24 horas", argumentó Espinoza. Para la Defensoría, las explicaciones de cada parte "revelan el nivel de descoordinación entre las instituciones que tienen competencia para combatir el delito y la inseguridad ciudadana". Recomendó que las respectivas oficinas de control interno inicien investigaciones para determinar responsabilidades. Pérez Guadalupe, Sánchez y Ticona reconocieron que existió "falta de coordinación", pero dijeron que este es un "caso aislado". Denunciados A pesar de que fueron cinco las personas capturadas, la fiscal Gonzales solo denunció a dos por el delito de tenencia ilegal de armas. Los acusados son Félix Enrique Ramos Zevallos, alias 'Pelacho', y Javier Nicolás Yancul Alejos, alias 'Chatarra'. Gabino Espinoza detalló que ambos serán citados a una audiencia la próxima semana. En medio del enfrentamiento, dos de los demás personajes liberados han declarado ser inocentes. Se trata de Jam Vilcapoma Grados, alias 'Peluca', y Anderson Guzmán Gutiérrez, 'Andy', cuya defensa ha sido asumida por la abogada Carmen Najarro Berrocal. Según la letrada, ninguno de ellos tiene antecedentes policiales o penales, "tal como quedó consignado en el atestado". Además, dijo que ambos fueron detenidos porque estaban "pasando circunstancialmente". Najarro Berrocal adelantó que sus patrocinados acudirán a las citaciones que realice el juzgado.
