Condenan a 9 años de cárcel a exalcalde de distrito cusqueño por lavado de activos

Prófugo. La condena será contada a partir del momento en que sea capturado e internado en el penal de Quencoro.,Julián Incaroca Ninancuro y su madrastra -que en realidad resultó siendo su media hermana- Juliana Copayba Ninancuro, fueron condenados a nueve y ocho años de cárcel, respectivamente. PUEDES VER: Contraloría denuncia a cuatro expresidentes regionales del sur El Juzgado Colegiado integrado por tres jueces, halló responsable de los delitos de lavado de activos y abuso de autoridad al exaspirante a presidente regional y exalcalde de San Sebastián. Su hermana fue su cómplice al momento de blanquear dinero ilícito. Julián y Juliana prefirieron huir de la justicia antes que cumplir su condena. No acudieron a la lectura de sentencia que se cumplió ayer a las tres de la tarde. Tampoco estuvieron presentes sus abogados. El colegiado dispuso que se cursen las órdenes de captura para ubicar a los prófugos de la justicia. Adicionalmente establecieron que la condena será contada a partir del momento en que ambos sean capturados e internados en el penal de Quencoro. De acuerdo a la resolución judicial, Incaroca y Copayba no pudieron justificar la fuente del dinero que usaron para comprar una camioneta Pick Up de 2012 por US$ 35,200 y un inmueble de 188.84 metros cuadrados por US$ 55,000. Las compras se hicieron en 2012, en un periodo de cinco meses a nombre de Juliana Copayba, cuando Incaroca era alcalde de San Sebastián. El pago por los bienes se hizo en efectivo. Copayba no pudo justificarlos. Ella es una comerciante de verduras en un mercado y su ingreso, según la fiscalía, era no más de S/. 500 mensuales. Además Incaroca cometió abuso de autoridad al disponer que dos trabajadores del municipio de San Sebastián se encarguen de la vigilancia de dicho inmueble y de manejar la camioneta. Decomiso definitivo Hubo consenso de los jueces Miguel Ángel Castelo, Edith Castañeda y Héctor Muñoz Blas al momento de imponer la sanción. Sobre la camioneta y el inmueble se ordenó el decomiso definitivo a favor del Estado. Además los condenados deberán pagar una reparación civil solidaria de S/. 50 mil.