Cuando parecía que los vientos delatores de Odebrecht se iban a concentrar en los gobiernos apristas, estos viraron hacia otros sectores. Alan García ha aprovechado el momento para presentarse como el ex presidente libre de soborno brasileño, y calificar a sus colegas en problemas como “la banda de los ex presidentes”. Evidentemente se siente seguro. Tanto así que ha tomado la iniciativa en el asunto de la moralización, repartiendo comentarios ásperos contra sus críticos. Por lo pronto ha calificado a la movilización contra la corrupción encabezada por Verónika Mendoza como “la marcha de las agendas”. La izquierda ha respondido acusándolo de plano, como de costumbre. Debemos entender que García está aprovechando una ventaja. Pues si bien la campaña de medios contra él es fuerte, no hay delaciones sustentadas en su contra. Las acusaciones mediáticas que le llueven desde la izquierda son más bien esperanzadas y políticas, impulsadas por un fuerte deseo de que también García se chanque los dedos en la moledora Lava Jato. La campaña anti-García se apoya en varias ideas. Una es que el escándalo es tan grande e intenso que simplemente no puede haber ex presidente sin soborno. Otra es que el proceso de acusaciones, algunas documentadas, otras no tanto, recién comienza, y una buena embarrada mediática puede servir para alentar a algunos fiscales dubitativos. En consecuencia los medios y voceros de la izquierda se dedican a pedir, sin mayor fundamento, prácticamente una prisión inmediata del dirigente aprista. Que le esté yendo mejor que a los dos antiguos socios políticos del izquierdismo les está resultando poco soportable. Mientras tanto García ha entendido que esta es en buena medida una batalla política, en la cual una imagen de liderazgo decidido a no dejarse avasallar vale mucho. Asumirla supone estar convencido de que no habrá sorpresas por el camino. Pero sus enemigos parecen decididos a destruir su imagen aun si no aparecen sorpresas. Para García no es cualquier momento. En efecto quienes más cerca parecen estar de una catástrofe legal y política son precisamente aquellos gobernantes que dedicaron tiempo y esfuerzo a perseguirlo por diversos medios. No es descartable que esté asociando eso con una futura ventana de oportunidad electoral.
