“Panama Papers: los secretos del dinero sucio” es el nuevo escándalo internacional que se viene destapando en distintos medios de comunicación a partir del “leak” o filtración de 11.5 millones de documentos vinculados a la empresa panameña Mossack Fonseca, una institución que se dedicaba durante años a esconder los verdaderos directivos de empresas con marcos legales hiperflexibles para no pagar impuestos ni rendir cuentas de los dineros mal habidos. Han sido los periodistas de Süddeutsche Zeitung (SZ) quienes se han aliado a 400 colegas de 80 países del mundo para poder manejar y analizar durante un año tal cantidad de información. En el Perú, el portal de periodismo Ojo Público, con periodistas jóvenes, valientes y de alto nivel, han sido los encargados de descifrar parte de estos archivos en pdf, jpg, Word y otros formatos, así como fotografías, imágenes varias, copias de pasaportes, entre otros, filtrados en códigos encriptados por una fuente que no quería ni dinero ni publicidad. Mossack Fonseca funcionaba como empresa en el Perú desde el 2001 y sus clientes podían comprar empresas-cascarón a mil dólares la oferta, si querían con director y asociados, el precio se iba elevando hasta convertirse en lo que se denominan “empresas offshore”, es decir, empresas cuya estructura oculta otras empresas que ocultan otras empresas, así hasta esconder completamente a los dueños de la misma. En el Perú han sido varios dueños de universidades, cocineros, empresarios mineros, de agroindustria, farmacéuticos, abogados de grandes estudios, así como muchos políticos, los clientes preferidos de la oficina de MF que operaba en San Isidro, Lima, ocultando las fuentes de ingresos de todos ellos, incluso de Orellana y Belaúnde Lossio, para que tengan una idea. Uno de estos empresarios es el sobrino de Jaime Yoshiyama, Jorge Yoshiyama Sasaki, quien abrió dos empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas y en las Islas Sheychelles, y entregó a través de ellas junto con su esposa, 380 mil soles a Fuerza Popular durante las campañas 2011 y 2016. Ojo Público informa en su página web al detalle las operaciones realizadas el 2012 como si fueran del 2010, otro de los servicios que ofrecía la empresa: retro-activar documentos para “facilitar” asuntos financieros. Esta delicada denuncia periodística le salta en la cara a la candidata Keiko Fujimori ad portas de pasar a la segunda vuelta. Obviamente es fundamental que ella y su partido salgan públicamente a aclarar estos asuntos que, como denominan los americanos, son “de la costa afuera” y huelen a pescado podrido.
