Uceda versus Guzmán

El periodista Ricardo Uceda, reconocido por sus sesudas investigaciones pero que generó gran malestar y controversia por desacreditar la lucha de Máxima Chaupe, escribió un artículo de opinión (bajo la forma de un artículo de investigación) sobre el caso Julio Guzmán. Oficiosamente redactado contiene cifras, datos y fechas, pero también términos elegidos para posicionar la idea de que Guzmán es tramposo, ha hecho fraude y está contra la ley. Dice Uceda: “El partido político Todos por el Perú, contra las normas vigentes, no había registrado sus estatutos...” Decir “contra las normas” es una media verdad. Cierto que no cumplió con los requisitos de inscripción, pero eso no es estar en contra. Es como incumplir un trámite para el DNI y por eso decir que se está en contra de la ley, es exagerado. Usar la preposición “contra” añade carga de intencionalidad a algo que parece ser más descuido o negligencia. Dice Uceda: “Ni siquiera Julio Guzmán (…) negó que hubiera habido irregularidades”. Llamar “irregularidades”, otra vez se presta a darle connotación de cierto dolo, pues remite a alguna mala intención distinta a una insuficiencia. Añade Uceda: “Pero la mayoría del jurado encontró que la subsanación era un fraude…”, pero la palabra fraude no está en ninguna de las 46 páginas de la resolución del JNE (http://goo.gl/UNshfH), y por eso a continuación matiza Uceda diciendo que “sin usar ese adjetivo (el JNE) lo demostró con hechos incontrastables”. Lo más que dice el JNE (fundamento 16) es que para la mayoría del colegiado el acta de la asamblea de TPP “no genera convicción acerca de su realización”. O sea, hay duda del cumplimiento de la formalidad, algo bien distinto a atribuirle intención de engaño o fraude como opina Uceda. Aquello a lo que él llama hechos incontrastables son más bien opiniones y argumentos, es decir, rebatibles, tanto así que es justamente lo que hace el fallo en minoría. Eso no quita que Uceda opine que se trate de hechos, pero sería más transparente decir que es su opinión, sobre todo en un artículo sin formato de columna de opinión. Dice Uceda: “En el mismo documento los magistrados de la minoría encontraron justificable la subsanación, fugando hacia principios plausibles como favorecer la participación política de las gentes, antes de establecer lo que realmente pasó”. Uceda usa el término “fugando” para referirse a la posición de los magistrados en minoría (2) que dan la razón a Guzmán, asociándola a una ilegalidad, a una evasión intencionada de la ley, fuga. Y traduce el derecho constitucional como “principios plausibles …participación política”. Uceda debía explicar aquí el debate jurídico en torno a la prevalencia de la Constitución sobre cualquier ley, no lo hace. En otras palabras, Uceda dice en su artículo que el fallo en mayoría halló fraude (aunque ellos no usaran ese adjetivo), y además sugiere que los magistrados en minoría esgrimen el principio Constitucional solo para ignorar el supuesto fraude. También denuncia que ese fraude, en forma de subsanaciones engañosas, vulnera la democracia del partido. Pero si la democracia interna se traduce como el gobierno del pueblo, en este caso encarnado en los miembros del partido, y si ningún miembro del TPP se ha quejado de vulneración de su participación, votos o representación, ¿cuál es la vulneración, y contra quién? En uno de sus últimos párrafos recién Uceda los llama bien: “defectos administrativos”, pero vuelve a equiparar explícitamente las “informalidades” con “fraudes”, como si fueran lo mismo. Para luego insistir en llamarlas ilegalidades. Pero claro, eso le permite el salto (i)lógico de decir: “Lo democrático, entonces, sería permitir ilegalidades a TPP”. Lo democrático, como lo han dicho varios juristas, por ejemplo el intachable César Landa (ex magistrado del Tribunal Constitucional), sería que prevalezca el derecho constitucional de participación política sobre formalidades subsanables que no han sido dolosas y que no han vulnerado los derechos de ningún miembro del partido. Así, las claves interpretativas están en la libertad (de participación), y en los principios de razonabilidad y proporcionalidad de que el fondo prime sobre la forma cuando esta no ha sido dolosa y es subsanable. La Real Academia Española muestra dos acepciones para la palabra “legalismo”: (1) Tendencia a la aplicación literal de las leyes, sin considerar otras circunstancias. (2) Y formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. En este caso la resolución contra Guzmán no solo desconoce una adecuada interpretación jurídica (interpretación teleológica, contextual, razonable), sino que “obstaculiza o impide” el correcto funcionamiento de la democracia, aquí encarnada en el derecho a la participación política y de la elección de los ciudadanos. No nos confundamos. La legalidad en este caso es el capricho de los injustos. Y esa es mi opinión, sin ningún interés personal ni político-partidario.