Negociación colectiva para estatales volvería después de 20 años

Laboral. El Pleno del Congreso debe darle luz verde durante esta legislatura. Un millón 400 mil empleados públicos serían los beneficiados.,Durante la dictadura fujimorista se precarizaron las condiciones laborales de los peruanos restringiéndoles derechos, entre ellos, la negociación colectiva para el sector público. Es así que tras casi 20 años, las esperanzas de más de 1 millón 400 mil servidores están puestas en el debate del Pleno del Congreso para que le dé luz verde al dictamen que les permita negociar mejoras en sus remuneraciones. PUEDES VER Negociación colectiva para estatales volvería después de 20 años Los trabajadores del Estado tienen remuneraciones congeladas con escalas salariales de 1997 porque se incluye en el presupuesto de todos los años el artículo 6º que prohíbe que sindicatos e instituciones negocien aumento de sueldos. El congresista Justiniano Apaza recordó que la Comisión de Trabajo aprobó por unanimidad el proyecto que elimina el citado artículo 6 de la Ley de Presupuesto. Resaltó que esa medida no tendrá impacto fiscal porque tiene un “candado” que estipula que los incrementos deben ser aprobados previa disponibilidad de recursos económicos del sector. “Debe ser aprobado en esta legislatura. Permitirá tratar el aspecto remunerativo con jefes de pliego, lo que antes no sucedía”, dijo. El dictamen plantea derogar el artículo 6º y restituir el derecho a la negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores estatales sobre la base de las disposiciones señaladas en los convenios 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se proponen 4 formas de negociación colectiva: mesa de negociación central, mesa de negociación regional, por entidad, por gobiernos locales y sus entidades públicas descentralizadas. Además, establece el cálculo de la representatividad de las organizaciones que negocian, los parámetros de disponibilidad presupuestal, los derechos de información, las materias de negociación, el procedimiento, los casos de crisis, los acuerdos colectivos y la huelga arbitraje. Con el derecho a negociación colectiva, los trabajadores estatales tendrán capacidad de negociar mejoras remunerativas, condiciones humanas y equitativas de trabajo, seguridad y protección. No comprende asuntos de organización estructural estatal ni objetivos, políticas o competencias públicas de orden institucional. Según el informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), hasta el 2014, hay 1 millón 400 mil empleados públicos que serían la población beneficiada con la norma, salvo algunos sectores de las denominadas carreras especiales. El 39% corresponde al gobierno nacional, el 47% al gobierno regional y el 14% al gobierno local. Además, el 13% pertenece al régimen del Decreto Legislativo (DL) 728, el 18% al DL 276, el 19% al DL 1057 (CAS) y el 50% a las denominadas carreras especiales: profesores de educación básica, profesionales y asistenciales de la salud, fuerzas armadas y policiales, diplomáticos, docentes universitarios, magistrados, fiscales y servidores penitenciarios. La norma privilegia el diálogo como herramienta del entendimiento en las reclamaciones laborales, permite elaborar los convenios colectivos ajustados a la realidad, consagra la obligación del empleador de entregar información, instaura una instancia bipartita para negociación colectiva descentralizada y centralizada, fomenta el clima de paz sindical, entre otros. Sin embargo, Gerónimo López, secretario general de la CGTP, advirtió que los avances dados en la Comisión de Trabajo peligran porque dos artículos propuestos por la bancada fujimorista eliminan en la práctica ese derecho. “Es inconstitucional que propongan que el aumento, en el marco de la negociación colectiva, sea ratificado en última instancia por el Poder Ejecutivo, lo cual supedita el derecho a la ocurrencia del presidente”, manifestó. Otro artículo genera aún más dudas sobre los alcances de la negociación, pues esta se encuentra condicionada a procesos presupuestales que, a su vez, dependen de varios factores, incluyendo “la tendencia política del Gobierno” y hasta “las preferencias de los contribuyentes”. “Es clara violación a los derechos de los trabajadores. La bancada fujimorista quiere impedir la negociación colectiva en el sector estatal. No se puede permitir”, refirió. El dirigente resaltó el contraste entre la propuesta del fujimorismo y los beneficios de los cuales gozan sus congresistas durante las fiestas navideñas. “Hay trabajadores que perciben remuneraciones menores a un sueldo mínimo, mientras que los congresistas que quieren impedir el incremento de sus salarios gozan de vales por S/ 1.500 tan solo por Navidad”, recalcó. Para el laboralista Javier Mujica, es necesario garantizar los derechos humanos fundamentales y no se puede evaluar si es que ello va en contra del fisco. “Tendrá un costo pero es necesario para que se reconozca este derecho”, dijo. Se debe recordar que un fallo del Tribunal Constitucional (TC) del 2015, que declaraba inconstitucional la prohibición de la negociación colectiva para el alza de remuneraciones en el Estado, fue impuesto en las leyes del Presupuesto Público a partir del 2013.