La hora de aprender, por Javier Álvarez

Representante de UNICEF en Perú

Esta semana, la gran mayoría de niñas, niños y adolescentes en edad escolar vuelven a las aulas. Los inicios de clase corresponden a épocas de júbilo celebradas por parte de estudiantes, docentes y padres. Ante el nuevo año escolar, nuevas amistades, saberes y vivencias esperan en las aulas y los patios de los colegios de todo el país. En el Perú, este nuevo inicio del año escolar viene marcado por los desafíos de gestionar un cuerpo de más de 550.000 docentes, más de 8 millones de estudiantes y cerca de 110.000 instituciones educativas. Además, las emergencias por la epidemia del dengue y las lluvias declaradas en 20 regiones del país amenazan con desdibujar la ilusión que debería acompañar a este momento inicial en las escuelas.

Ante los desafíos que recurrentemente presenta la educación en el país, nos cabe a todos hacernos una reflexión sobre qué es lo que aprenderán los estudiantes en nuestras escuelas. ¿Podrán leer y comprender el artículo 13 de la constitución sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza? Lo recordamos aquí: “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona…”; ¿alcanzarán a multiplicar, dividir, sumar y restar, cabalmente? Son preguntas básicas que ellos nos deberían hacer a nosotros, los que somos responsables de que su derecho a la educación se cumpla.

Gracias a las evaluaciones periódicas que realiza el Ministerio de Educación y a evaluaciones internacionales –como la conocida prueba Pisa– sabemos que en el Perú, la gran mayoría de niñas, niños y adolescentes –sobre todo los de zonas rurales, los de escuelas públicas, los económicamente más pobres y los migrantes– no están adquiriendo esos aprendizajes básicos que proporcionan los cimientos sobre los que se construyen todos los demás conocimientos y competencias que necesitan lograr durante su escolaridad. En otras palabras, nos referimos a escribir, leer y comprender lo que se lee; y, por otro lado, realizar operaciones matemáticas básicas de acuerdo con el grado que cursan. Aquí dos cifras que nos permiten dimensionar el problema: Solo 13 de cada 100 estudiantes de segundo de secundaria logran un aprendizaje satisfactorio en matemáticas; y solo 19 de cada 100 de ese mismo grado alcanzan el nivel satisfactorio en lectura.

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La gran mayoría de alumnos y alumnas que no alcanza el nivel satisfactorio tendrán dificultades para aprender cualquier otra materia en la escuela. Sus probabilidades de repetir de grado y de abandonar los estudios serán mayores. Tendrán menos posibilidades de beneficiarse de otros programas de formación y adquisición de competencias. Por tanto, verán limitadas sus oportunidades de desarrollo personal. Esta situación impacta en el desarrollo de los países, generando peores resultados en materia de salud, un mayor desempleo juvenil y niveles mayores de pobreza.

Desde UNICEF planteamos cuatro medidas para remontar esta situación y dotar de los aprendizajes básicos a cada estudiante: asegurar la matrícula y permanencia en la escuela; incrementar el acceso a programas de recuperación de aprendizajes; garantizar que los y las docentes cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar su labor y garantizar la salud y bienestar psicosocial de los y las educadores, además de los niños, niñas y adolescentes.

Es importante un consenso nacional en torno a la urgencia de la recuperación de aprendizajes que tenga en cuenta que, para lograrla, se requiere de inversión monetaria, y que esta inversión debe ser prioritaria y protegida incluso en tiempos de recesión.

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De acuerdo con el Banco Mundial, para el 2022 la proporción del gasto en educación de todo el PBI fue de 3,9% en Perú. Este porcentaje está por debajo del 6% que en el 2020 el Poder Legislativo aprobó destinar al sector Educación y todavía por debajo del 5% de inversión en educación media del conjunto de los 34 países OCDE, organización de la que el Perú aspira formar parte. He ahí una tarea pendiente.

Como se señaló en la Cumbre Mundial sobre la Transformación de la Educación del 2022, se requiere de una inversión de calidad y más equitativa. Se debe asegurar que esta llegue a las regiones más rurales y remotas del país; además de garantizar que las oportunidades educativas lleguen a la infancia de las familias de menores ingresos y distribuirse a todos aquellos grupos y sectores históricamente rezagados en el acceso a la educación, como las minorías étnicas, con discapacidad y desplazados. Solo así lograremos superar lamentables realidades actuales como que, al término de la educación primaria, el 74% de los estudiantes de escuelas rurales no logren alcanzar siquiera el nivel más elemental en el aprendizaje de lectura. El caso más alarmante es el de la región Ucayali, donde se observa que solo el 1,6% de estudiantes de segundo de secundaria de zonas rurales logra un nivel satisfactorio en comprensión lectora, mientras en las zonas urbanas lo logra el 9,1%.

Infraestructura educativa

Según cálculos realizados en el 2023 por el propio Minedu, el cierre de la brecha de infraestructura requeriría una inversión de más de 150,000 millones de soles. Un objetivo que se presenta alcanzable solo a largo plazo si se tiene en cuenta que, anualmente, el país destina al rubro de infraestructura educativa entre 3,000 millones y 4,000 millones de soles.

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Contribuir a que el país cierre la brecha en infraestructura es una tarea solventable solo con la participación del sector público y privado a través de obras por impuestos (siempre y cuando exista la seguridad jurídica necesaria y la tramitación de estos proyectos no sea un proceso oneroso y complicado, administrativamente).

Para la recuperación de aprendizajes, cada día cuenta, por lo que es importante adoptar medidas para asegurar un buen inicio y desarrollo del año escolar 2024. Si bien las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) tienen la potestad de retrasar el inicio de clases o suspenderlas cuando la asistencia represente un riesgo para los estudiantes, harían bien en no adoptar medidas generalizadas. Esta decisión debería basarse en una evaluación exhaustiva de los factores locales.

No perdamos de vista que, incluso en situaciones de emergencia, la infancia está primero. Erradiquemos la práctica de convertir las escuelas en albergues temporales, porque luego se dificulta la habilitación de los colegios para que vuelvan a cumplir su función original y los escolares puedan retomar sus clases. En ese sentido, es fundamental que se evalúen y se contemplen en los planes de respuesta ante emergencias otros tipos de infraestructuras para atender a posibles afectados, tales como losas deportivas y estadios, entre otros.

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Porque, como telón de fondo, debemos darnos cuenta de que la interrupción del servicio educativo puede aumentar las brechas de desigualdad. Como muestra de aquello, en la historia reciente, la educación virtual no es la solución porque son justamente los estudiantes más vulnerables los que tienen menos posibilidades de conexión, lo que origina que se sigan quedando atrás.

Hagamos hoy una alianza entre Estado, familia, sociedad civil, sector empresarial y cooperación internacional para que, al culminar su vida escolar, cada niña, niño y adolescente cuente con los aprendizajes básicos que les permitan abrirse puertas a un mejor futuro. Es su derecho, y el desarrollo del país así lo requiere.

La educación transforma vidas, la educación transforma países. Es hora de apostar por ella.