Cuando los pocos prevalecen sobre los muchos, por Rosa María Palacios

El jueves y viernes pasados explotó un problema que venía incubándose desde hace meses. La torre de control del aeropuerto Jorge Chávez ordenó que los despegues y aterrizajes ocurrieran dejando pasar 5 minutos entre cada uno. La medida, antitécnica y arbitraria, afectó a 120 vuelos y a más de 6.000 personas. Todavía está lejos de arreglarse. ¿El tema de fondo? Una medida de fuerza de los controladores aéreos, que legalmente están impedidos de hacer huelga por tratarse de un servicio básico esencial. Una huelga de controladores aéreos, si esta se adoptara como la suspensión total del servicio, no solo afectaría a millones de pasajeros, sino que pondría en peligro la vida de los que están en el aire, tal como sucedió el Jueves Santo del año 2022. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, autorizó una huelga por unas horas que no solo reventó el feriado de miles, sino que también dejó irresponsablemente a tres aviones en el aire que tuvieron que regresar a Lima sin poder aterrizar en sus destinos regionales.

Uno imaginaría que los controladores aéreos tienen un sindicato de cientos. ¿Saben cuántos son? La República informa en su portada del sábado que son 16. ¿Cómo es posible que el interés de 16 personas prime sobre el de miles de pasajeros? La información es que Córpac (la empresa pública que administra el radar y la torre de control de cada aeropuerto) suspendió miles de horas extras autorizadas, luego de la tragedia de los 3 bomberos aeroportuarios fallecidos. Las imágenes de los controladores durmiendo fueron la gota que derramó el vaso. Molestos por la reducción de sus ingresos, han decidido sabotear a los usuarios. El presidente de Córpac renunció, pero eso no soluciona nada. Se necesita formar (no están fácil) y contratar a decenas de controladores.

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Esta semana también, un grupo de vecinos de Machupicchu, que no pasan de 150, liderados por su alcalde, su exalcalde y secundados por el gobernador regional, tomaron la vía del tren. Esto, que es un delito, era para protestar contra una plataforma digital privada que hace mucho más difícil robar el dinero de las entradas. La Contraloría encontró un desfalco de 80.000 entradas para un monumento que tiene un aforo de 4.000 personas al día. La huelga se levantó porque la plataforma digital privada se va. Se hará una pública. En el pueblo se seguirán vendiendo 1.000 entradas en efectivo exacto (no hay vuelto).

Hay esperanza de que las plataformas de venta “conversen” y que todas las entradas se vendan de modo nominal y con medios de pago virtuales. Pero el asunto está lejos de terminar. Machu Picchu tiene un plan maestro aprobado por Unesco que nadie está apurado en cumplir. Si se hiciera, mejoraría sustancialmente la experiencia del turista y eso significaría más ingresos para todos. ¿Por qué no hace? Porque las micromafias que controlan desde los buses de acceso hasta un mercadillo en Aguas Calientes no quieren. ¿Resultado? El Perú, con todos sus atributos, no logra pasar los 2 millones de visitantes. Un número ridículo, sobrepasado por Chile, Colombia, Argentina o Brasil. Lejísimos de los 40 millones de visitantes extranjeros que tiene México.

El alcalde de Lima no quiere reconocer un contrato válido según dos tribunales arbitrales. Sus contratos de concesión del ferrocarril son los únicos sagrados. Para el resto, el comunismo. Los vecinos de Puente Piedra ganaron una medida cautelar porque (es su argumento principal) no hay una vía alterna para el pago del peaje. ¿Existe la posibilidad de hacer una vía libre como en la Panamericana Sur? Sí. El trazo está. Hoy es un tramo lento, pero con las obras necesarias puede ser una vía rápida distrital. De los 200.000 vehículos que usan Rutas de Lima, solo 60.000 pagan peaje en los extremos para entrar o salir de la ciudad. ¿Por qué pagamos? Para mantener la vía, lo que la hace más rápida y más segura.

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La empresa, temiendo un acto de violencia, ha suspendido el cobro en Puente Piedra, sin haber sido notificada ni pagada la contracautela de 700.000 soles. ¿Quién va a pagar el ahorro de los vecinos de Puente Piedra y de todo el tránsito que va al norte del país? Todos los peruanos. El ahorro de unos pocos es la carga de millones. ¿Por qué? Porque en el mundo civilizado solo los salvajes desconocen un contrato. La inversión extranjera tiene todas las cautelas para cobrar el daño. Pero esa no es la afectación más grande. Lo peor es que un país que no respeta contratos es un destino vetado para la inversión que con tanta desesperación necesita nuestro país para sacar de la miseria a millones de pobres.

Nicanor Boluarte niega ser el promotor del partido político Ciudadanos por el Perú. Toda la evidencia dice lo contrario. No tendría nada objetable su participación o la de su hermana, en la futura vida política del país. Ya hay 25 partidos inscritos y 12 en proceso de hacerlo. Sumar el número 38 es su derecho. Una vana ilusión, pero está en su derecho de hacerlo. Sin embargo, a lo que no tiene derecho es a satisfacer su ambición con recursos del Estado. Su intervención en el nombramiento de prefectos y subprefectos, remunerados por el sector público, para luego usarlos de reclutadores de militantes, es ilegal. ¿Por qué todos los peruanos tienen que costear las aventuras políticas de los hermanos Boluarte?

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¿Qué tienen en común estas cuatro historias, todas de esta semana? La ausencia del bien común. El Estado y la sociedad, orientados hacia el bien, deben buscar el mayor bien posible para la mayor cantidad de sus miembros. Por supuesto, no es solo una cuestión cuantitativa. Orientarse al bien implica también la protección de minorías vulnerables cuando estas pueden ser identificadas. Lo que vemos, sin embargo, son beneficios puntuales e individuales y los costos más grandes colocados sobre los hombros de la gran mayoría.

Cuando se gobierna buscando el bien común, teniéndolo como norma, es muy fácil identificar todas las conductas que deben ser repelidas y todas las que deben ser bienvenidas. Cuando eso no sucede, triunfa el lobby más fuerte y la corrupción prevalece. Solo hacer la lista de proyectos de ley aprobados y por aprobarse en el Congreso da cuenta de la profunda inmoralidad de autoridades que han perdido todo sentido del daño que causan a la inmensa mayoría de peruanos por obtener un beneficio particular. De esta crisis moral, se habla poco, pero está muy presente.