De jalarse los pelos, por Rosa María Palacios

Esta semana, el Gobierno ha descendido un peldaño más en la incompetencia. A todos los desaciertos en la gestión de la seguridad presidencial se añadieron los de la gestión del sector Interior. Urgido por resolver sus pleitos personales con el general Jorge Angulo, el ministro del Interior, Víctor Torres, lo cesó (y a todo el alto mando policial) con una resolución que es una oda al absurdo y a la ilegalidad. Si Angulo, conocido popularmente como el general semiótico, por una inolvidable conferencia de prensa donde deliraba con una fantástica teoría de la conspiración basada en los colores de un escudo artesanal de triplay, tenía que irse, se entendería con una causa legal. Lo que no se entiende es que justifiquen su humillante despido en actos que corresponden al Consejo de Ministros y a la propia presidenta.

¿Quién declara un estado de emergencia? ¿Acaso lo hace el comandante general de la Policía? ¿No es el presidente del Consejo de Ministros, el gabinete y la propia Boluarte? Si es así, ¿por qué despedir al policía si el responsable es el político? Los estados de emergencia, por sí solos, no resuelven un problema de criminalidad organizada, transnacional y extendida territorialmente. El Gobierno lo sabe y lo sabía. Sin embargo, reconocer en la resolución de cese de Angulo que no sirven para nada, dice mucho menos del cesado que del Gobierno. Hasta hace poco, era Otárola el que deba cifras fantásticas del éxito de la medida. ¿Cómo van a justificar ahora la contradicción?

Los estados de emergencia suspenden las garantías constitucionales de cuatro derechos. En materia de crimen pueden ser útiles para entrar a domicilios o efectuar detenciones sin orden judicial por unas horas. Eso, siempre y cuando ya sepas a dónde quieres entrar y a quién vas a detener. Pero primero es la inteligencia para saber dónde, cuándo y a quién, luego el plan y finalmente la excepcionalidad operativa que te da el estado de emergencia. Cuando haces las cosas exactamente al revés, ¿qué resultados puedes tener? Como medida de combate al crimen, el estado de emergencia tiene que ser una medida sorpresiva, adoptada luego de un proceso de planificación. En el Perú, primero va el anuncio, luego el decreto supremo, después el plan y casi nunca la inteligencia. Y eso no es culpa de Angulo, pero se le tendría que agradecer que el Gobierno, usándolo, ha hecho gala en blanco y negro, de su propia negligencia.

PUEDES VER: Jorge Angulo califica que su pase al retiro fue de “forma abrupta, irregular e ilegal”

A estas alturas, la gente no es idiota. El costo que estamos asumiendo como sociedad no es poco. La República reportó que solo el jueves siete personas, en diferentes lugares del país, fueron asesinadas por sicarios. Seis de cada diez bodegueros y dueños de minimarkets de todo el país son víctimas de extorsión según la Asociación de Bodegueros del Perú, gremio con 22.000 miembros. Esta semana un empresario minero fue asesinado y mutilado por no pagar a sus secuestradores diez millones de dólares en cinco días. Mientras escribo llegan las noticias de otro atentado en Pataz con voladura de torre de transmisión eléctrica, en todo el estilo de Sendero Luminoso. Y esto es el día a día del Perú.

Cierto es que los brazos del crimen organizado no están solo en las calles del país. Están también en los poderes del Estado. Ya para nadie es un secreto que el narcotráfico, la minería ilegal, la tala amazónica que depreda han logrado sacar leyes a su favor y planean seguir haciéndolo. No es una exageración ni una crítica sin sustento. Desde Reinfo hasta la ley forestal, pasando por la desnaturalización de la colaboración eficaz o el proyecto para traerse abajo la extinción de dominio, la incorporación de economías ilegales al Congreso del Perú es parte del mismo fenómeno de criminalidad. Toda actividad que mueva millones al margen de la ley, desde la universidad estafa hasta la combi asesina, ha encontrado un aliado en la representación parlamentaria. El tarifario es por ahora desconocido, pero tarde o temprano se conocerá.

Ejecutivo y Legislativo no sirven hoy a la promesa de combatir el delito y mantenerlo en la marginalidad. Solo queda el sistema de justicia que está bajo permanente amenaza de los dos anteriores y que tiene que enfrentar sus propias carencias económicas y de recursos humanos de bajo profesionalismo. Consideremos, además, que el Ministerio Público atraviesa uno de sus peores momentos de corrupción. La suspendida fiscal de la Nación tiene ocho imputaciones penales por asuntos gravísimos como canjear resoluciones de archivo con congresistas investigados por ella misma. Niños, “mochasueldos”, delitos anteriores, todo fue materia de negociación como quedó demostrado en las conversaciones y testimonio del exasesor Jaime Villanueva.

PUEDES VER: Gobierno releva al jefe de la Casa Militar tras agresión a Dina Boluarte en Ayacucho

¿Qué hacer? Un Estado no existe sin sus instituciones. Abolirlas para aceptar modelos autoritarios es la tentación fácil de nuestros días. Pero si algo ha probado la humanidad, en los últimos cien años, es que esos remedios de corto plazo acarrean enfermedades más largas y profundas. La sociedad peruana tiene que rescatar sus instituciones y salvarlas de ellas mismas. Es imposible que no existan 130 peruanos decentes, profesionales que crean en el bien común y que tengan el ánimo de servir alguna causa más noble que sus bolsillos. No los podemos cambiar hoy, pero en dos años sí. Es imperativo comenzar a mirar personas y partidos porque en este desmadre las elecciones están más cerca de lo que creemos. El Congreso no puede dejarse al azar, a pesar de la eliminación de las PASO.

El Ejecutivo es otra historia. La única que constitucionalmente no se va a ir (sería magnificó que lo hiciera, pero esa nobleza no la tiene) es Boluarte. Todo el gabinete puede partir y a estas alturas de manifiesta incapacidad podría prescindirse de todos. Pero siendo Alberto Otárola políticamente superior a la presidenta como autor de todas las negociaciones y pactos de facto, ¿quien lo podría sustituir?, ¿y podría ella moverlo siendo su coimputado en los 49 asesinatos que pesan sobre ambos? De Otárola, el hombre de izquierda del PSR, el candidato a la vicepresidencia de Ollanta Humala apenas el 2021 (curiosamente, compitiendo contra Boluarte), no queda nada. Este viernes, de besito con Keiko Fujimori, cantando alabanzas a la Constitución de 1993, que siempre despreció, ha demostrado que está para quedarse cama adentro y todo servicio. Su estilo de hacer política es el único estilo de una presidenta que carece de él.

Dina Boluarte fue agredida con una jalada de mechas que terminó en un perdón jurídicamente irrelevante y un terremoto policial. Pero en el Perú la situación es de jalarse los pelos. Algo nos une. Los pelos de la presidenta alborotados por una irrespetuosa madre, a cuyo hijo asesinado nadie le ha hecho justicia, y la desesperación de un país que enfrenta las peores pesadillas modernas: crimen extendido y la pobreza que trae la recesión.