No hay bloqueadores de celulares en las cárceles y bandas siguen operando

Grave denuncia. En tanto, representante de empresa Prisontec dice que equipos de bloqueo no pueden instalarse en los penales porque no aprueban sus estudios técnicos. En cárceles de Chiclayo y Trujillo todavía hay bloqueadores de la DINI.

28 Abr 2016 | 1:34 h

¿Falta de voluntad, exceso de burocracia o incapacidad? El motivo de las trabas que se han venido presentando durante el proceso de instalación de bloqueadores de celulares en 33 cárceles del país, es un verdadero misterio. Tito Fernández, representante de Prisontec, la empresa encargada de ejecutar este proyecto, señala como responsable al Ministerio de Justicia (Minjus).
 
 
"El problema principal es que el Estado nunca contrató a un supervisor independiente, por lo que el Minjus asumió esa función. Si ellos no aprueban los estudios técnicos que presentamos no podemos instalar nuestros equipos. A la fecha hemos presentado 19 estudios técnicos y solo han aprobado doce", refiere.
 
Fernández hizo esta denuncia ante los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, durante una reunión de emergencia convocada tras la difusión de imágenes en las que se aprecia a varios internos del penal de Lurigancho haciendo recargas para celulares. Pero la acusación no quedó ahí.

Intereses oscuros

El gerente general de Prisontec reveló que en las cárceles El Milagro, en Trujillo, y Picsi, en Chiclayo, no es posible realizar la instalación de bloqueadores porque aún se encuentran los equipos adquiridos por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) antes de que su empresa gane la licitación.
 
“Hemos enviado varias cartas preguntando cuándo podríamos ingresar, cuándo van a estar esos bloqueadores desmontados, pero las respuestas que nos dan no nos permiten hacer un cronograma de inicio. Ambos sistemas de bloqueo no pueden coexistir”, indicó.
 
Ante esto, la comisión que encabeza el congresista Renzo Reggiardo acordó citar al ex ministro del Interior Wilfredo Pedraza y al actual ministro de Justicia, Aldo Vásquez. "Habrían gastado en esos penales 10 millones de dólares. Hay algo que huele mal y vamos a llegar hasta las últimas instancias”, dijo Reggiardo.

Negó acusación

Por su parte, el ministro de Justicia, Aldo Vásquez Ríos, negó que su sector haya puesto trabas en la instalación de los bloqueadores y aseguró que al ejercer la supervisión del contrato solo se están cautelando los intereses del Estado.
 
"Por parte del Minjus hay cumplimiento pleno de nuestra obligación de supervisión en el contrato con Prisontec. La supervisión garantiza el respeto escrupuloso al contrato, para defender los intereses del Estado a cabalidad", manifestó. 
 
Asimismo, negó cualquier vínculo con los bloqueadores adquiridos por la DINI. "Nosotros encontramos esta situación y ahora se deben instalar los bloqueadores de Prisontec. No hay ningún impedimento para que la empresa inicie sus tareas ahí", señaló.

Claves

El representante de Prisontec aseguró que la instalación de bloqueadores en el penal de Lurigancho culminará este viernes. 
 
Denunció que la PNP, a cargo de la seguridad de este penal, no brindó la seguridad necesaria a sus técnicos y que hubo algunos hechos de violencia durante el proceso de instalación.

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