Patentes dadas por Indecopi a fármacos afectan a la salud pública

¿Quién manda en salud? El Minsa lucha en solitario contra una farmacéutica, el MEF y el Mincetur para declarar de interés público el Atazanavir, antirretroviral que Perú paga 25 veces más caro que Bolivia por una patente. Este caso, junto con una reciente medida cautelar que dejó sin fármaco a los pacientes de leucemia mieloide, evidencia las consecuencias de un sistema de patentes que actúa sin opinión técnica del sector Salud y cuyas víctimas son los pacientes. Pacientes de VIH y cáncer entre los afectados

9 Abr 2015 | 5:15 h

Beatriz Jiménez

Asociaciones de pacientes que viven con VIH/Sida denuncian desde hace semanas el racionamiento de antirretrovirales en el Ministerio de Salud (Minsa). Mientras el stock está afectado, un sector del gobierno parece dispuesto a volver a comprar al laboratorio estadounidense Brystol Myers Squibb (MBS) un solo antirretroviral(Atazanavir) a un precio 25 veces superior al que paga Bolivia, gastando más de un 54% del presupuesto para fármacos contra el VIH/Sida en una sola medicina. 

Desde hace dos meses, el decreto supremo para declarar de interés público el Atazanavir y permitir el ingreso de competencia está sobre la mesa del consejo de viceministros con la firma del ministro de Salud, Aníbal Velásquez.

Pero tanto el Ministerio de Economía (MEF) como el de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) se oponen a que por primera vez el Perú otorgue una licencia obligatoria a un fármaco, como sí ha hecho Brasil o Ecuador en el caso de los antirretrovirales. Y eso a pesar de que pagamos el Atazanavir más caro de Latinoamérica en virtud de una patente otorgada al Sulfato de Atazanavir, vigente hasta 2019, que fue rechazada por cuatro países de la región (Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela) al considerar que carecía de altura inventiva.

Mientras el ala fuerte del gobierno se niega a una licencia obligatoria argumentando que afectaría el TLC con EEUU, el Ministerio de Salud mantiene negociaciones con la multinacional farmacéutica. Sin embargo, según informó el ministro Velásquez a La República, tras un año de negociaciones el laboratorio solo estuvo dispuesto a bajar un 12% su precio en el primer año y hasta un 40% en el segundo, siempre y cuando nuestro país pase este medicamento al primer esquema de tratamiento. Es decir, la farmacéutica le dijo el 29 de enero al Minsa que solo rebajará su precio si aumentan sus ventas considerablemente, aunque esto pase por cambiar las políticas sanitarias.

"No seríamos el único país que otorga una licencia obligatoria y pensamos que es un mecanismo más que tiene el Estado para lograr una mejor negociación", argumenta Aníbal Velásquez, quien dice que no aceptará un precio mayor al que paga actualmente Brasil (2.90 soles por tableta frente a los 18,60 que pagamos aquí). 

Pero en este tira y afloja entre el Minsa por un lado y la multinacional, el MEF y el Mincetur por el otro, los 1800 peruanos que necesitan diariamente el Atazanavir temen que se retrase la compra para 2015 y que la escasez se convierta en un as bajo la manga para Bristol-Myers Squibb. 

"Nuestra posición es que se otorgue la licencia obligatoria para que se garantice la cobertura nacional a todos los pacientes", explica Giselli Flores, presidenta de la Red Peruana de Mujeres Viviendo con VIH. La Red evidencia que los antirretrovirales están siendo racionados. Mientras antes les eran entregados cada 3 o 6 meses, ahora les son prescritos cada 15 días (ver denuncia fiscal). Por ello, piden que paralelamente al proceso de licencia obligatoria se asegure el suministro en el país ya que un día sin tratamiento genera riesgo de desarrollar resistencias.

Al respecto, el ministro aseguró que el Minsa cuenta con un plan de contingencia y garantizó el abastecimiento durante todo el 2015. 

El PODER DE INDECOPI

El pedido de licencia obligatoria para el Atazanavir ha puesto en el escaparate los procedimientos que sigue el Indecopi para otorgar patentes a medicamentos esenciales para la salud pública, como antirretrovirales y medicinas para el cáncer. 

El Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) ha otorgado en nuestro país 1187 patentes a laboratorios farmacéuticos que siguen vigentes en la actualidad, según información brindada a este diario. 

Pero la gran mayoría no son a medicamentos, sino a procedimientos. Es decir, Indecopi patenta un proceso de laboratorio por el que se obtiene uno de los ingredientes de un fármaco. La ley por la que se rige la industria farmacéutica otorga un plazo de un año para que un laboratorio patente un medicamento en otro país después de que lo ha hecho en su país de origen.

Obviamente el Perú, un país pequeño en términos de mercado, no es prioridad para las grandes farmacéuticas. Sus equipos de patentadores extinguen el primer año patentando en países desarrollados. Recién varios años más tarde miran a mercados como el peruano. Por ese entonces, ya no pueden solicitar una patente por ese fármaco. Para lograr el monopolio comercial recurren, en países como el nuestro, a solicitar patentes de sales, como el caso del Sulfato de Atazanavir, de procedimientos que no serían novedosos e incluso de segundos usos de esas medicinas, que no se justificarían según la legislación andina que aplica Perú y tampoco según la OMS.  

El 65% de patentes solicitadas a Indecopi corresponden a productos farmacéuticos, según cifras de su página web. De ellas, son otorgadas un 45%.  Sin embargo, a pesar de que el Perú aplica la misma legislación (Decisión Andina 486) que Colombia, Bolivia y Ecuador, en nuestro país se han concedido patentes que los vecinos han rechazado.

PATENTES "BAMBA"

El otorgar una patente a un fármaco que no lo amerita provoca millonarios sobrecostos a nuestro sistema de salud, que se ve obligado a comprar a un único postor. 

La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifán) ha logrado revocar algunas patentes dadas por Indecopi al demostrar que los procedimientos patentados carecían de novedad y de altura inventiva. 

En 2012, Indecopi tuvo que declarar fundada la acción de nulidad contra la patente de la Olanzapina, indicada para la esquizofrenia, y las de sus procedimientos, patentes que favorecían al laboratorio Eli Lilly (EEUU). 

Farmaindustria SA y Adifán consiguieron revocar estas patentes, invocadas por el laboratorio estadounidense en 2008 y fruto de las cuales la Olanzapina pasó de costar 0,78 soles en diciembre de ese año a 14 soles en 2009. Desde esa fecha hasta 2012, el sobrecosto al sector Salud de la Olanzapina se elevó a 23,5 millones de soles. 

Años antes, en 2007, Adifán había logrado revocar por falta de novedad otra patente de procedimiento del mismo laboratorio, esta vez de un medicamento quimioterápico para determinados tipos de cáncer (con el nombre comercial de Gemzar). 

COLMA EL VASO

El último capítulo de la guerra de patentes fue denunciado por La República el 18 de marzo. De nuevo el laboratorio Brystol Myers Squibb (BMS) fue el protagonista al invocar una patente de procedimiento para impedir la comercialización del Dasatinib, indicado para la leucemia mieloide crónica. Esta patente de proceso, concedida por Indecopi en 2007, parecía estar olvidada por Brystol hasta que en los últimos procesos de compras de EsSalud una importadora peruana logró la buena pro al ofrecer el Dasatinib un 20% más barato.  Tras la denuncia de Brystol, Indecopi generó una medida cautelar e inmobilizó en aduanas un cargamento de este fármaco que iba a ser entregado a EsSalud. Como resultado, Indecopi dejó de un día para otro sin tratamiento a los enfermos de este tipo de leucemia. Tras la denuncia periodística, la farmacéutica escribió a esta entidad ofreciendo 10 frascos gratis hasta que EsSalud lograra el presupuesto adicional para comprarle el fármaco un 20% más caro (ver carta). Los 10 frascos no llegan ni para una semana de tratamiento para los cientos de enfermos de leucemia mieloide. 

CLAVES

Patentes bamba. En 2012, tras una denuncia de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifán), Indecopi tuvo que revocar las patentes otorgadas al laboratorio estadounidense Elly Lilly para la Olanzapina, usada en el tratamiento de esquizofrenia, ya que carecían de novedad y altura inventiva. 

Quimioterapia. En 2007, la industria nacional ya denunciaba como infundada la patente de proceso de la Gemcitabina (Gemzar), un quimioterápico para cáncer, que también tuvo que ser revocada por Indecopi.

INDECOPI NO CONSULTA AL MINISTERIO DE SALUD ANTES DE OTORGAR UNA PATENTEe

El Indecopi no pide opinión técnica al Ministerio de Salud antes de otorgar una patente a un medicamento. En otros países, como Colombia, existe un ente consultivo que opina antes de conceder una patente. Aquí, el Indecopi es dueño y señor de sus decisiones. 

Al respecto, Silvia Solís, directora de lnvenciones y Nuevas Tecnologías de Indecopi, explica a La República que la función de su institución no es verificar la efectividad del fármaco ni su interés público. "Lo que hacemos es reconocer el derecho de propiedad intelectual del investigador o pool de investigadores en base a la legislación (DA 486 y DL1075)". 

Es decir, el Indecopi, con los 10 quimicofarmacéuticos que tiene en planilla, analiza si un fármaco, componente o proceso es novedoso, tiene altura inventiva y aplicación industrial.

Según Indecopi, no se solicita opinión técnica a Digemid porque son dos instancias separadas que generan derechos separados, ya que la patente y la comercialización no van de la mano. 

Sin embargo, tras el recurso de amparo de Indecopi que ha dejado a EsSalud sin fármaco para la leucemia mieloide crónica, han saltado las alertas. En entrevista con La República el ministro de Salud, Aníbal Velásquez, informó que tras una reunión este lunes con Indecopi, ambas instituciones han acordado elaborar una directiva que establecerá la relación en el otorgamiento de patentes y medidas cautelares entre ambas instituciones para que de aquí en adelante no se repita una situación similar. Sin embargo, todavía no se atreve el titular de la cartera definir si tendrá el carácter de comité consultivo. 

"Las competencias de Indecopi están claras, pero no el relacionamiento con el Ministerio de Salud, por lo que hemos visto la necesidad de que esto se institucionalice y se clarifique", dice Velásquez. 

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