Más de 6 mil boticas no registradas expenden medicinas sin garantías

De los 8 mil establecimientos farmacéuticos no empadronados, más de 6 mil son boticas y un 40% no tiene ni RUC. Los fármacos que expenden los comercios informales, producto del contrabando, con fecha vencida o adulterados, amenazan la vida de la población y dejan ganancias de más de 120 millones de dólares anuales.Medicamentos que matan

22 Mar 2015 | 4:44 h

Beatriz Jiménez

Cajas de medicamentos apiladas y con el sello del laboratorio internacional Grunenthal esperan a ser descargadas en la puerta de Capón Center, en el Centro de Lima. "Consérvese en lugar fresco y seco", advierte el sello de las cajas, expuestas a los más de 30 grados que hoy sufre la capital.

En el primer y segundo nivel se venden productos de limpieza y belleza, pero el tercer nivel funciona como un centro mayorista de medicamentos de procedencia desconocida. Su clientela principal son boticarios, quienes luego revenden estos fármacos en sus establecimientos.

Vitaminas, leche maternizada y píldoras anticonceptivas a precios sensiblemente menores a los comercializados por las cadenas de farmacias se muestran en exhibidores junto a analgésicos, antiinflamatorios y todo tipo de antibióticos, muchos genéricos, pero también de laboratorios como el venezolano Nolver o el ecuatoriano Life. En los estantes más escondidos, están los antidepresivos y los opiáceos. 

La República adquirió 10 ampollas de Tramadol, un narcótico que causa una fuerte dependencia e incluso la muerte,  a tan sólo 17,50 soles.  El vendedor del puesto de Capón trajo las ampollas dentro de una bolsa plástica negra previo pago. El empaque de las ampollas adquiridas es del laboratorio Vitalis, registrado en la Dirección General de Medicamentos (Digemid), pero cuyo número de contacto es inexistente. 

A 10 minutos de Capón, en "El Hueco", está Unicachi, el segundo emporio de las medicinas ilegales. Durante nuestra visita el 14 de marzo había más empleados de seguridad –de una empresa llamada "Los Escorpiones"– que clientes. La mayoría de puestos están cerrados con candado y al preguntar por medicinas recibimos una invitación a marcharnos. Esa misma madrugada, la Policía había realizado un operativo inopinado sin presencia de la Dirección General de Medicamentos (Digemid).  Los custodios con chalecos antibalas demuestran que, a pesar del operativo, valiosa mercadería permanece tras las las persianas metálicas. 

Ni los puestos de Capón ni los de Unicachi cuentan con licencia municipal, pero reabren una y otra vez tras los operativos. Al no haber licencia, no existe propietario a quien procesar y estas mafias del tráfico de medicamentos continúan impunes, una situación que se replica a nivel nacional. 

10 % ES ILEGAL

La pena por elaborar, transportar, almacenar o comercializar medicamentos falsificados, sin registro sanitario, con fecha vencida, muestras médicas o de instituciones públicas es de 4 hasta 15 años de prisión. 

En 2006, la Organización Mundial de la Salud  (OMS) estimó que un 30% de los medicamentos comercializados en el Perú correspondían a alguno de estos grupos de fármacos ilegales, colocándonos en el primer lugar de Latinoamérica en el tráfico de medicinas. 

En 2014, la Digemid aseguró que la venta ilegal de fármacos en el Perú no superaba el 10% de las ventas. Sin embargo, reportes de la embajada de EEUU citados por la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan) señalan que este porcentaje llega al 17 %. 

Teniendo en cuenta que la venta de medicamentos en el Perú deja beneficios anuales de 1,200 millones de dólares, tan sólo un 10% de este negocio supone 120 millones para las mafias del tráfico de fármacos. Sus ganancias son tales que se han convertido en competencia de los grandes laboratorios farmacéuticos, quienes detectan su accionar por el bajón comercial que ocasionan.

La República solicitó información sobre medicinas incautadas a la Digemid (ver infografía) y también a Aduanas. 

En 2014, Digemid reportó que un 74% de las medicinas incautadas eran de procedencia desconocida. En este saco roto entra el contrabando de países como Ecuador o Bolivia, donde existe control de precios y los fármacos son más baratos que en el mercado nacional. 

Entre los datos más preocupantes, el hecho de que un 59,4% de las incautaciones de medicinas fueron realizadas en establecimientos farmacéuticos y un 52,98% de las muestras analizadas por el Intituto Nacional de Salud (INS) carecían del principio activo. Es decir, en el mejor de los casos, eran un placebo. 

Por su parte, la Sunat sólo informó a La República que los productos farmacéuticos e instrumental médico incautados en 2014 por la Dirección de Inteligencia y Operaciones Tácticas de Aduanas (DIOT) sumó un valor de 4.2 millones de dólares (3,4 mlls. en 2013). El resto de datos (número de operativos, regiones, tipo de medicamentos, etc) fueron considerados por la SUNAT confidenciales. 

La República recurrió, sin resultado hasta el momento, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para conocer estas cifras que permitirían dimensionar el  contrabando de fármacos. 

César Amaro, actual jefe de la Digemid, reconoce que Tumbes es el corredor del contrabando de medicamentos más fuerte del país, y también de la comercialización de medicinas vencidas, algo que es un considerado un delito. Pero no se atreve a dar porcentajes. 

Para Víctor Dongo, ex director de la Digemid y actual jefe de la Oficina de Coordinación Técnica de EsSalud, el 30% de los medicamentos ilegales proceden del contrabando, principalmente de Ecuador. Otro 30 %  son medicinas con fecha de caducidad vencida y el resto se reparte entre medicamentos robados a laboratorios, al Minsa o EsSalud (ver Claves), y fármacos falsificados y adulterados. 

Para el congresista Jaime Delgado, la comercialización de medicinas vencidas tiene su raíz en la actual Ley de Medicamentos (Ley 29459). Esta norma, a diferencia de la que regía anteriormente, no obliga a los laboratorios a recepcionar en los establecimientos farmacéuticos las medicinas próximas a vencer y sustituirlas. 

"No hay sistemas de control que aseguren que una medicina vencida sea destruida", declara. "Algunas farmacias y boticas, para no perder, rematan las medicinas vencidas y hay gente inescrupulosa que las compra y las vende en el mercado ilegal". 

En este laberinto de ilegalidad alimentado por el contrabando, el robo y la adulteración, la Digemid ha optado por iniciar un sistema de empadronamiento de establecimientos farmaceúticos a nivel nacional. Sus resultados son de terror. 

35 % DE INFORMALIDAD

Fruto del Decreto Supremo 033-2014, en noviembre de 2014 la Digemid inició el registro de farmacias a nivel nacional. La fecha límite fue este 6 de febrero y los resultados son descorazonadores: 8,382 establecimientos no se han empadronado, de los cuales 6,324 son boticas y 586 farmacias (ver Infografía).  Como resultado de este proceso de registro se evidencia que el 35% de establecimientos a nivel nacional son informales. 

Y por si fuera poco, de los más de 8,000 establecimientos no empadronados, un 40% no tiene ni siquiera RUC activo, y un  81 % carece de director técnico, tal y como exige la ley. 

César Amaro, director de la Digemid, da un dato más escalofriante: cientos de establecimientos farmacéuticos que sí se registraron consignaron como químico farmacéutico a una persona fallecida. 

O registraron a químicos farmacéuticos sin su autorización, como sucedió en Lambayeque. La denuncia de este fraude tuvo como consecuencia amenazas de muerte al Decano del Colegio Químico Farmacéutico de esta región. 

Este registro nacional por parte de la Digemid es el primer paso para comenzar la fiscalización a unas medicinas que literalmente matan y que amenazan a los enfermos más humildes del país, usuarios de microboticas y mercados callejeros.  

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