Detrás del populismo

Eduardo Ugarte y Chocano 

Periodista

12 Feb 2018 | 6:11 h

Ha vuelto el viejo sueño de los dictadores latinoamericanos (y fujimoristas) de librarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Fuerza Popular, Alan García y algunos miembros del Ejecutivo propician con la disculpa de hacer viable la aplicación de la pena de muerte, hoy pedido mayoritario como castigo para violadores y asesinos de menores.

Desde el más primario populismo –esa tendencia política que cree defender los intereses y aspiraciones del pueblo- que dice lo que la masa quiere escuchar, aprovechan una indignación legítima para el retiro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos–Pacto de San José de Costa Rica, trayendo como consecuencia la ausencia de protección de un organismo supranacional hacia otros derechos que van contra sus intereses de gobierno.

Así, uno de los derechos cuya garantía de cumplimiento se perdería, aparte del Derecho a la Vida (Art. 4) que dice que “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”,  sería el que señala el Art. 13 sobre la Libertad de Pensamiento y de Expresión: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”, que hemos visto tratan de “controlar” desde leyes del Congreso, o con malinterpretaciones o posturas de censura sostenidas en pensamientos retrógrados y ultraconservadores.

Y como prueba de la necesidad de permanecer en la CIDH, recordemos su fallo de enero pasado a favor de 28 trabajadores de Enapu despedidos por Fujimori y que obliga a indemnizarlos 20 años después, incluyendo daño inmaterial y lucro cesante; fallo extendido a 85 trabajadores de Petroperú, 39 del Minedu y 15 de MEF, en base al Art. 8 Garantías Judiciales, que dice: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

Alentando una reacción emocional y un sentimiento popular, se pretende distraer del conocimiento de causas del aumento de la criminalidad como la ineficiencia en la aplicación del castigo en delitos sexuales, la protección de la mujer y la niñez, así como la falta de políticas de prevención y educación, pues se sabe que la pena de muerte no es disuasiva para el delincuente, por lo que cada vez menos países la aplican. ß

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