Arequipa: Proyecto Laguna Azul entre conflicto e inversión

Con el rebose del agua de la laguna Mamacocha se quiere hacer funcionar una hidroeléctrica. En Ayo temen que el proyecto desaparezca la fuente.

13 Ene 2018 | 11:06 h

Ayo es uno de los distritos más remotos de Arequipa. A quince horas de viaje de la ciudad, esta jurisdicción alberga entre farallones a Mamacocha, una de las lagunas más preciosas de la región, dotada de un ecosistema natural con nutrias (mamíferos carnívoros), camarones, etc. 

Las aguas se movieron en este pueblo con la llegada de la empresa Laguna Azul, ahora llamada CH Mamacocha SRL, en el año 2013. Esta empresa presentó un proyecto para construir una central hidroeléctrica que funcionará -según la empresa- solo con el rebose de las aguas de la laguna Azul o Mamacocha (ver infografía).

Un grupo de pobladores teme que la hidroeléctrica no solo desaparezca este espejo azulino, sino también las especies naturales. “El daño que causarán será irreversible. No permitiremos acceso a Mamacocha”, señala Albino Vera, presidente del Frente de Defensa de Recursos Naturales del distrito de Ayo.

Vera añade que las explosiones y remoción de tierras para la construcción de la obra producirán impacto ambiental negativo. Por eso se oponen.

Otro grupo de pobladores respalda la obra, aunque Vera los descalifica. Dice que trabajan para el proyecto.

Recientemente la congresista fujimorista Alejandra Aramayo presentó un proyecto de ley para proteger la laguna.

Coincidencia o no, la iniciativa legislativa se dio después de que la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, abandonara un proceso contencioso administrativo que inició contra tres resoluciones emitidas por la Autoridad Regional Ambiental (ARMA). Estos documentos dan la certificación ambiental del proyecto. Es decir, la luz verde para que siga adelante.

Los pobladores de Ayo y el consejero provincial de Castilla, Eddy Medina Collado, tomaron el desestimiento de la gobernadora como una traición. Osorio, que inicialmente cuestionaba las resoluciones, tomó la decisión por temor a un arbitraje. La empresa Mamacocha SRL la amenazó con demandar por 15 millones de dólares si le anulaban los permisos del ARMA.

LAS RESOLUCIONES

Las resoluciones subgerenciales del ARMA son la 124-2013, 110-2014 y 158-2014. Todas las firmó el abogado Dante Pinto Otazú, en ese entonces subgerente de ARMA.

En 2015, el Consejo Regional de Arequipa creó una comisión para investigar la legalidad de las mismas. El Frente de Defensa de Ayo advertía irregularidades. Por ejemplo, cuestionaban a Pinto como firmante de las mismas, pues su cargo no figuraba en la estructura orgánica de ARMA. 

El consejero Eddy Medina Collado, a cargo de la investigación, sostiene que la subgerencia era inexistente. Recién en 2015 se aprobó su creación.  Esos documentos se emitieron entre el 2013 y 2014. 

Con la resolución subgerencial 124–2013, emitida el 26 de noviembre de 2013, se declara fundado el recurso de reconsideración de la empresa para no presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La presentación del EIA nivel III había sido considerado por el ARMA en el informe 056-2013 y el auto Nº 280-2013. 

Luego el abogado Dante Pinto firma la resolución 110-2014. Mediante esta se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. Este  instrumento establece los daños ambientales y medidas para mitigarlo, sin embargo, no es tan detallado como un EIA. Con esa certificación, la empresa podía seguir sus trámites ante el Ministerio de Energía y Minas. Para los pobladores de Ayo y el consejero Medina, era vital que se elabore un EIA. 

LA LEGALIDAD

Dante Pinto, el exfuncionario que firmó las resoluciones, sostuvo que las conclusiones de la comisión presidida por Medina son erróneas. 

Explicó un engorroso procedimiento que se siguió en la creación del ARMA. Las funciones ambientales de cada gerencia del gobierno regional fueron sustraídas y delegadas a esa entidad. Pinto sostiene que el Reglamento de Organización y Funciones del ARMA sí contemplaba dos instancias: gerencia y subgerencia, aunque no tenían esos nombres. “La gente quiere que diga textualmente 'subgerencia', en realidad existía pero desde la Gerencia de Recursos Naturales”, señala. En la escala un subgerente es un funcionario F4 y Pinto sostiene que siempre ganó su sueldo bajo esa denominación. “Nunca firmé algo ilegal (…) Que después de ocho años de trabajo, de cobrar sueldo, marcar tarjeta, de firmar casi 400 resoluciones por año, me digan que una de esas resoluciones es ilegal porque no existía mi cargo, no sé qué pensar”, sostiene Pinto.

SOLO SE REQUERÍA UN DÍA

La cuestionada decisión de requerir solo una Declaración de Impacto Ambiental y no un EIA fue contestada por Pinto. El exfuncionario afirmó que el informe 056-2013 y el auto 280-2013 solo constituían una opinión de un técnico. En ambas se planteaba un EIA. El proyecto de la central hidroeléctrica Mamacocha es considerado de menor envergadura, pues producirá 20 megavatios (MW) de energía eléctrica. Para que se requiera de un EIA debería superar los 25 MW.

“No porque lo diga la gente yo voy a ir contra un aspecto técnico”, sostuvo Pinto. 

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