Fiscalía investiga a marinos de Capitanía de Puerto acusados de pedir coima

En aprietos.  Fiscalía investiga a teniente Christian Paredes y técnico Israel Jayo Valdez por cohecho. Según empresario pesquero, le quisieron cobrar US$ 10 mil para evadir las leyes.

7 Jun 2017 | 1:00 h

La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, a cargo del magistrado Emilio Salas Apaza, formalizó la investigación preliminar  por sesenta días en contra de dos agentes de la Dirección de la Capitanía del Puerto de Ilo (Dicapi) por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Se trata del jefe de Operaciones, teniente primero Christian Paredes; y el encargado de movimiento de naves, técnico 3° Israel Zeus Jayo Valdez. La situación de ambos se complica más.

Todo empezó cuando el empresario pesquero Josep Loayza los denunció sobre un presunto acto ilícito. Acudió ante la sede central de la Marina de Guerra del Perú, donde se quejó que venía siendo víctima de un abuso de autoridad del personal de la Capitanía y Guardacostas que labora en el puerto moqueguano.

Las autoridades navales coordinaron con el Ministerio Público y la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de Lima para hacer una indagación. 

El caso fue derivado al despacho del fiscal anticorrupción Salas Apaza. En este se detalla todos los entretelones del hecho. 

Salas refiere que el denunciante narra que Jayo Valdez es quien previa coordinación con el otro oficial habría venido exigiéndole una "coima".

En un primer momento le pidieron US$ 10 mil. El empresario no aceptó porque el monto era muy elevado. Después quedaron en US$ 8 mil y debido a que no cumplió con entregar pactaron finalmente en US$ 6 mil.

A cambio del soborno le otorgarían permiso para el cambio de un casco de su embarcación pesquera "Flavia" y pueda continuar laborando. La Capitanía se encarga de otorgar todos los permisos de zarpe, inspeccionar y realizar el control a las embarcaciones pesqueras que trabajan en la zona. 

 La dádiva además serviría para reducir o anular las tres infracciones que le habían aplicado antes a la nave.

Ante esto, agentes de contrainteligencia y de la Dircocor de la capital de la República encubiertos hicieron un seguimiento por cerca de una semana.

Después de tener indicios y en coordinación con el fiscal prepararon una operación para atraparlos infraganti, pero esta se frustró porque alguien los alertó. El fiscal Emilio Salas optó ya  no esperar e intervino las oficinas de Operaciones de la Capitanía de Ilo, el lunes último. 

Para el fiscal, sorprende que a la lancha se  dé permiso de salida con casco modificado cuando la norma es clara y no lo permite. Los marinos habrían ofrecido al empresario no inspeccionar. Por lo pronto se recibe las declaraciones de los implicados y se ejecutan otras diligencias.

Mientras la institución armada emitió un comunicado. En este se precisa que fueron las autoridades de esta entidad quienes denunciaron sobre el supuesto acto ilícito cometido por personal naval. 

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